Cada imputación, señalamiento o condena por corrupción que afecta a los hombres y mujeres que acompañaron a Pedro Sánchez en su singladura hacia la Moncloa estrecha cada vez más el cerco judicial sobre el presidente del Gobierno.
Sin ir más lejos, este miércoles, la UCO ha implicado a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez y expresidente de Correos, en la trama de las cloacas de Ferraz.
Según los investigadores, Serrano, quien formó parte del círculo cercano de Sánchez desde 2014, habría enchufado a Leire Díez en Correos por intermediación de Vicente Fernández, expresidente de la Sepi imputado y miembro del grupo ‘Hirurok‘ junto a la fontanera y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar.
Este es tan solo el último caso que se suma a la larga lista de implicados, investigados o, directamente, condenados, como José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, que orbitan o han orbitado en torno a Sánchez.
El líder del PSOE tiene cada vez más difícil desligarse de su relación con ellos, especialmente cuando existe una colección de fotografías que engrosa un incómodo álbum de recuerdos.
Ábalos, José Luis
Pedro Sánchez (i) tomando un café con Ximo Puig (d) y José Luis Ábalos (c) en un acto en Valencia en julio de 2014
José Luis Ábalos fue uno de los hombres clave del sanchismo. Diputado valenciano, secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021 y ministro de Fomento (después Transportes) entre 2018 y 2021, fue el número tres del partido y una pieza central en el regreso de Sánchez al poder tras las primarias socialistas y la moción de censura contra Rajoy.
Su salida del Gobierno y de Ferraz llegó en julio de 2021, cuando Sánchez lo apartó en la remodelación del Ejecutivo.
Su caída quedó ligada al caso Koldo. Cuando estalló la trama, en febrero de 2024, Sánchez evitó citarlo por su nombre, pero lanzó el mensaje de que «el que la hace, la paga» y el PSOE acabó pidiéndole el acta por «responsabilidad política«.
Ábalos se negó, pasó al Grupo Mixto y fue expulsado del partido 16 meses después.
José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, en una imagen de junio de 2019 durante el viaje inaugural del AVE Madrid-Antequera-Granada.
El Tribunal Supremo lo ha condenado a 24 años y tres meses de prisión por pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Su fotografía con Sánchez es una de las más comprometidas del álbum: la del exministro, ex número tres del PSOE y antiguo hombre fuerte del presidente entre rejas.
Aldama, Víctor
Pedro Sánchez junto a Víctor de Aldama en febrero de 2019 en un acto en Madrid.
El empresario Víctor de Aldama también fue condenado por el Tribunal Supremo en el caso Koldo, esta vez a cuatro años y medio.
Sin embargo, debido a su colaboración con la Justicia, no pasará por prisión y tendrá que hacer un año de trabajo comunitario. Durante el juicio, Aldama llegó a señalar que el «número 1» de la trama era el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Su llegada al entorno socialista se produjo a través de José Luis Ábalos y Koldo García, con quienes estableció relación en el Ministerio de Transportes.
En paralelo, el empresario entregó a la Audiencia Nacional un sobre con el logotipo de PDVSA que, según su versión, contendría información sobre una presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista mediante cupos de crudo venezolano.
La causa permanece bajo secreto y Delcy Rodríguez ha negado esa versión hasta el punto de iniciar acciones legales contra él.
Aldama fue fotografiado junto a Pedro Sánchez en febrero de 2019, en un acto de presentación de Pepu Hernández como candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. El presidente negó después cualquier relación y sostuvo que «uno no elige con quién se hace una foto«.
Antolín, Ion
Pedro Sánchez junto al periodista y ex director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la exministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Periodista vallisoletano especializado en comunicación política. Ejerció como director de comunicación del PSOE desde 2022 hasta que, en diciembre de 2024, fue nombrado directamente por Pedro Sánchez secretario de Estado de Comunicación, cargo en el que duró 20 días hasta que renunció por motivos de salud.
La UCO señala que Antolín estuvo presente en la reunión del 26 de abril de 2024 en la sede de Ferraz, punto de inflexión de la trama de las cloacas impulsada, presuntamente, por Santos Cerdán y Leire Díez para buscar munición contra jueces, agentes y políticos para desestabilizar las causas judiciales que afectaran al PSOE.
El auto del juez Pedraz reproduce un mensaje suyo sobre un pago cercano a 20.000 euros dirigido a la periodista Patricia López a través de una campaña de publicidad: «La orden está dentro ya del plan de medios».
Aunque la UCO lo sitúa en un momento clave de la trama de las cloacas, no está formalmente imputado.
Barrabés, Juan Carlos
Instantánea de una reunión de Sánchez (en el círculo de espaldas con sudadera azul) con empresarios de Benasque en 2015, entre los que se encontraba Carlos Barrabés.
Empresario aragonés, fundador del Grupo Barrabés, Juan Carlos Barrabés llevaba años moviéndose en el ecosistema de la innovación, la formación y los proyectos público-privados antes de quedar atrapado en el caso Begoña.
Su primer contacto documentado con Sánchez se sitúa el 4 de abril de 2015 en Benasque, cuando el entonces secretario general del PSOE visitó el valle invitado por Félix Jordán de Urriés, candidato socialista. En aquella reunión con representantes económicos, sociales y culturales de la zona estaba Barrabés.
Su papel en la trama de Begoña Gómez pivota sobre su colaboración con los proyectos académicos de la esposa del presidente en la Universidad Complutense y sobre las adjudicaciones de Red.es a empresas de su entorno.
Barrabés participó en el diseño del proyecto socioeducativo de Gómez, impartió clases en uno de sus másteres y recibió cartas de apoyo firmadas por ella para concurrir a contratos públicos.
Está acusado en la causa principal por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y Peinado ha abierto además una pieza separada sólo contra él por posible prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en contratos de Red.es. La Fiscalía, sin embargo, ha pedido su absolución al considerar que no hay delito.
Cerdán, Santos
Santos Cerdán con Pedro Sánchez en 2015, dos años antes de que le ayudara a conseguir los votos de los socialistas navarros para ganar las primarias a Susana Díaz.
Político navarro originario de Milagro, Santos Cerdán fue uno de los colaboradores más estrechos de Pedro Sánchez en el PSOE. El propio presidente ha situado su relación en torno a 2014 y ha reconocido que Cerdán fue una de las personas que le ayudó a ganar las primarias socialistas de 2017.
Tras la victoria de Sánchez, lo nombró responsable de Coordinación Territorial de la Ejecutiva Federal y, en 2021, después de la salida de Ábalos, lo eligió como secretario de Organización del PSOE. Desde ese puesto se convirtió en número tres del partido, negociador clave de la investidura con Junts y uno de los guardianes del sanchismo.
Su caída comenzó con el informe de la UCO conocido en junio de 2025, que le vinculó con el presunto cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública a través de la empresa Servinabar. Ese mismo día dimitió de todos sus cargos y entregó el acta de diputado.
El Tribunal Supremo lo investiga por posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y llegó a ingresar en prisión provisional el 30 de junio de 2025, aunque quedó en libertad meses después con medidas cautelares.
Pedro Sánchez junto a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar, la noche en la que ganaron las primarias en 2017.
Cerdán aparece también imputado en el caso Leire Díez.
El juez Pedraz lo sitúa al frente de una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno, con Leire Díez como ejecutora y con reuniones en Ferraz como la del 26 de abril de 2024, considerada por la investigación un punto de inflexión de la trama de las cloacas.
Díez, Leire
Pedro Sánchez junto a Adriana Lastra (d) y Leire Díez (c) en una imagen de archivo.
Periodista y exmilitante socialista, Leire Díez, la fontanera de la ‘Operación PSOE’, pasó por cargos de confianza en empresas públicas antes de convertirse en la figura central del llamado caso Leire. Fue responsable de Comunicación de ENUSA y después ocupó puestos en Correos, donde llegó a dirigir Filatelia y Relaciones Institucionales.
La UCO sostiene que Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez en Ferraz, maniobró para colocarla en la empresa pública en una decisión «estratégica» para la presunta organización.
Su nombre aparece en el epicentro de la investigación que instruye el juez Pedraz en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Díez está imputada y la investigación le atribuye un papel operativo: buscar información sobre mandos de la UCO, fiscales y jueces, y coordinar movimientos destinados a torpedear investigaciones sensibles para el entorno socialista.
Leire Díez junto a Pedro Sánchez en una imagen de archivo.
Fuentes, Ana María
Pedro Sánchez, con la plantilla de Ferraz, en noviembre de 2023. A la derecha, aplaudiendo, la gerente del PSOE, Ana Fuentes.
Ana María Fuentes Pacheco es, desde 2021, gerente del PSOE, el puesto que controla la maquinaria económica y administrativa de Ferraz.
Antes había sido parlamentaria andaluza, concejal en Ronda, diputada en el Congreso entre 2004 y 2011 y directora de la Oficina de Cumplimiento Normativo del PSOE.
Su papel en el caso Leire se centra en la presunta financiación de la operación de las cloacas desde la estructura del PSOE, por la cual está imputada.
Fuentes emitió, presuntamente, facturas falsas para extraer fondos del partido y transferirlos de manera encubierta a Leire Díez. Pese a su imputación, Sánchez la defendió públicamente y aseguró que había llevado las cuentas del PSOE «de manera escrupulosa«.
Fuentes Curbelo, Juan (Tito Berni)
Pedro Sánchez con Tito Berni.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, fue diputado del PSOE y causó baja del partido el 14 de febrero de 2023, tras estallar el caso Mediador. Antes había sido director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, cargo que después ocupó su sobrino Taishet Fuentes.
Sus fotos con Pedro Sánchez proceden de su etapa orgánica socialista: imágenes de familia en un mitin del PSOE en Las Palmas en 2016 lo situaban junto al entonces líder socialista.
La jueza del caso Mediador lo sitúa entre los principales investigados de una presunta trama político-empresarial que operó en Canarias entre 2020 y 2021 y que ofrecía negocios, contratos, subvenciones o favores administrativos a empresarios a cambio de pagos, regalos, comidas y servicios sexuales.
Tito Berni no está condenado, pero la causa está camino de juicio oral y la Fiscalía pide para él ocho años de cárcel: seis por cohecho continuado y dos por pertenencia a grupo criminal.
Gallardo, Miguel Ángel
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, este miércoles durante un acto de partido en Mérida.
Europa Press
Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, está imputado por la juez Biedma por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el marco del caso Hermanísimo.
La acusación le atribuye un papel destacado en la creación y adjudicación a medida del puesto de coordinador de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La UCO apunta a Gallardo como implicado en la creación del puesto, y las acusaciones populares piden para él hasta cuatro años de prisión por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
El juicio está visto para sentencia. La Fiscalía y las defensas han pedido la absolución de todos los acusados.
García, Koldo
Pedro Sánchez y Koldo García, abrazados en el cumpleaños de Ábalos en 2019.
Koldo García Izaguirre fue militante socialista navarro, concejal del PSN en Huarte y hombre de confianza de José Luis Ábalos, primero como chófer y escolta en Ferraz y después como asesor en el Ministerio de Transportes.
Su vínculo con Sánchez no era sólo fotográfico: el presidente, que se refirió a él con cariño como «el último aizkolari socialista» en una publicación de Facebook de 2014, relató en su Manual de resistencia que Koldo custodió durante dos noches los avales de las primarias de 2017 que le permitieron recuperar la Secretaría General del PSOE.
Sus fotos con Sánchez proceden de aquella etapa de cercanía orgánica y también de actos privados, como el 60 cumpleaños de Ábalos en diciembre de 2019, donde ambos aparecen abrazados.
Sánchez, sin embargo, definió después su relación con él como «absolutamente anecdótica».
El Tribunal Supremo lo ha condenado en el caso Koldo a 19 años, ocho meses y un día de prisión por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
La sentencia considera probado que Koldo actuó como pieza esencial de la trama junto a Ábalos y Víctor de Aldama: medió en adjudicaciones públicas de mascarillas durante la pandemia, participó en el circuito de pagos y favores y gestionó beneficios personales vinculados al entorno del exministro.
García Ortiz, Álvaro
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entrega a Pedro Sánchez la memoria anual de la Fiscalía, en septiembre de 2025, en Moncloa.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado entre 2022 y 2025, fue condenado en noviembre de 2025 por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de datos reservados.
La sentencia, que le impuso una inhabilitación de dos años, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros, castigó la filtración de información fiscal y tributaria de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.
Su relación con la trama de Ferraz radica en que las cloacas del partido lograron cruzar las puertas de la propia Fiscalía General del Estado.
Su mano derecha y exteniente fiscal, Diego Villafañe, mantuvo encuentros secretos en la sede de la institución con Leire Díez mientras el Supremo investigaba la causa de la filtración.
Aunque la Fiscalía alegó ante el juez que García Ortiz sólo fue informado de estas reuniones «a posteriori», los chats intervenidos por la UCO demuestran que la red liderada por Leire presumía ante terceros de tener acceso directo al fiscal general para garantizar tratos de favor a sus investigados.
Gómez, Begoña
Pedro Sánchez y Begoña Gómez en un mitin en 2016.
Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, desarrolló su actividad profesional en el ámbito de la consultoría, la captación de fondos, la sostenibilidad y la formación antes y durante la etapa de su marido en la Moncloa.
Estuvo vinculada al IE Africa Center y a la Universidad Complutense de Madrid, donde codirigió el máster de Transformación Social Competitiva y dirigió la cátedra extraordinaria del mismo nombre.
Su caso es uno de los frentes judiciales más sensibles para Sánchez, ya que afecta directamente a su entorno familiar. Además, el propio presidente llegó a atribuir la investigación a una operación política y mediática contra él.
Gómez ha sido enviada a juicio por el juez Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida vinculados a su actividad en la Complutense, el uso de su asesora en Moncloa y las cartas de apoyo a empresas como las del entorno de Juan Carlos Barrabés.
Peinado, ante el riesgo de fuga, le ha retirado sus pasaportes y le ha prohibido salir de España, con la excepción de que podrá ir a la graduación de su hija en Londres.
González, Mercedes
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Mercedes González en FITUR en 2023.
EFE
Mercedes González fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2023, diputada nacional y directora general de la Guardia Civil en dos etapas: primero entre marzo y junio de 2023 y, de nuevo, desde septiembre de 2024.
Su relación con Pedro Sánchez viene de lejos: ambos coincidieron en Juventudes Socialistas y en la etapa municipal del PSOE en Madrid, cuando Sánchez fue concejal y ella asesora del grupo socialista.
González está imputada en el caso Leire por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
El juez Pedraz investiga si, desde la Dirección General de la Guardia Civil, se instrumentalizaron informaciones reservadas o expedientes internos contra mandos de la UCO que investigaban causas sensibles para el Gobierno, como el caso Koldo o el caso David Sánchez.
González ha reconocido reuniones con Leire, pero niega haber participado en ninguna trama contra la UCO. Sánchez y Marlaska, por el momento, mantienen su confianza en ella pese a su imputación.
Gualda, Belén
Visita de Pedro Sánchez a las instalaciones del astillero de Navantia junto a Belén Gualda (d), hoy presidenta de la Sepi imputada, y María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda.
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Belén Gualda llegó a la presidencia de la SEPI en marzo de 2021, después de una breve etapa al frente de Navantia y de una carrera desarrollada en buena parte en el sector público andaluz.
Gualda está citada como investigada en el caso Leire. El juez Pedraz la ha imputado junto a otra veintena de personas por su intervención en el expediente del rescate de Tubos Reunidos, concedido en 2021 por unos 115 millones de euros.
La Fiscalía la relaciona con esa operación y la UCO sostiene que el grupo vinculado a Leire cobró 114.950 euros en comisiones por el rescate.
Sin embargo, el Gobierno mantiene su confianza en ella.
Narbona, Cristina
Pedro Sánchez junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona (i), durante una reunión de la ejecutiva federal del partido en junio de 2017.
Economista, ministra de Medio Ambiente con José Luis Rodríguez Zapatero y presidenta del PSOE desde 2017, Cristina Narbona forma parte del núcleo orgánico que acompañó a Pedro Sánchez tras su regreso a la Secretaría General.
Narbona no está imputada, pero su nombre aparece en el caso Leire.
El juez Pedraz la ha citado como testigo para declarar, el 15 de julio, a petición de la Fiscalía, después de que la UCO localizara una conversación de WhatsApp con Leire Díez sobre cómo «reconducir» los ataques judiciales y mediáticos contra Sánchez y su entorno.
Narbona niega haber recibido información sobre ninguna operación de fontanería y sostiene que se limitó a remitir a Díez a Santos Cerdán por ser entonces secretario de Organización del PSOE.
Pardo de Vera, Isabel
Pedro Sánchez junto a José Luis Ábalos e Isabel Pardo de Vera
Isabel Pardo de Vera fue nombrada presidenta de Adif por el Gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018, a propuesta de Ábalos, y en julio de 2021 pasó a ser secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Salió del cargo en febrero de 2023, pero sus problemas con la Justicia llegaron después, en el marco del caso Koldo. Pardo de Vera está imputada por cinco delitos: malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.
La investigación la vincula con dos frentes: la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas del entorno de Transportes, y los contratos de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia.
La UCO sostiene, además, que Koldo García intentó utilizar su interlocución con ella para favorecer reclamaciones de empresas vinculadas a la trama en obras de Adif.
Salazar, Paco
Pedro Sánchez (izquierda) y Paco Salazar (derecha), en un mitin en Dos Hermanas en 2017.
Francisco José Salazar Rodríguez, conocido como Paco Salazar, fue uno de los colaboradores de confianza de Pedro Sánchez desde las primarias socialistas de 2017.
Exalcalde de Montellano, diputado nacional por Sevilla y alto cargo en Moncloa, llegó a ser secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y estaba llamado en julio de 2025 a incorporarse a la nueva dirección del PSOE como adjunto a la Secretaría de Organización.
Su caída no procede de una condena por corrupción, sino de las denuncias internas de varias mujeres socialistas por presuntos comportamientos machistas y de acoso cuando trabajaban bajo su supervisión.
Salazar dejó sus cargos en Moncloa y en el PSOE, negó las acusaciones y el partido le abrió expediente.
Sánchez, David
David Sánchez junto a Begoña Gómez en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.
Músico y director de orquesta, David Sánchez Pérez-Castejón –conocido artísticamente como David Azagra– es el hermano del presidente del Gobierno.
En 2017 fue contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios y después pasó a figurar como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, cargo al que renunció en febrero de 2025 en plena investigación judicial.
El caso gira sobre si aquella plaza fue creada o adaptada para favorecerle, extremo que él y la Diputación niegan.
Sánchez no está condenado, pero sí juzgado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias junto a Miguel Ángel Gallardo y otros acusados.
El juicio quedó visto para sentencia el 9 de junio de 2026.
Las acusaciones populares sostienen que hubo una contratación amañada y llegaron a pedir hasta seis años de prisión para él, mientras que la Fiscalía pidió su absolución al afirmar que “no hay ninguna prueba” de irregularidades ni en su acceso al puesto ni en su desempeño posterior.
Serrano, Juan Francisco
Pedro Sánchez saluda a Juanfran Serrano a su entrada a la Ejecutiva, en junio de 2026.
Juan Francisco Serrano Martínez, conocido como Juanfran Serrano, es diputado del PSOE por Jaén y uno de los cuadros orgánicos que crecieron bajo la dirección de Santos Cerdán, de quien fue mano derecha.
Tras la caída de Cerdán, Sánchez lo mantuvo en la Ejecutiva Federal como secretario de Política Municipal.
No consta formalmente imputado, pero el juez Pedraz lo ha señalado en el caso Leire. El magistrado sostiene que aparecen indicios de colaboración.
En su caso, el señalamiento pesa por su cercanía orgánica a Cerdán y por su papel en la estructura de Organización del PSOE durante la etapa en la que la presunta trama habría actuado desde Ferraz para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno.
Serrano, Juan Manuel
Pedro Sánchez y Juan Manuel Serrano en julio de 2014.
Juan Manuel Serrano Quintana fue durante años uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez en el PSOE.
Ejerció como jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal socialista antes de la llegada de Sánchez a la Moncloa –al menos desde 2014– y, en julio de 2018, fue nombrado presidente de Correos.
Este cargo lo ocupó hasta su relevo por Pedro Saura a finales de diciembre de 2023.
Serrano no consta formalmente imputado, pero la UCO lo sitúa en el centro del caso Leire.
Los investigadores sostienen que, desde la presidencia de Correos, participó «activamente» en la contratación de Leire Díez, pactada supuestamente con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y considerada «estratégica» para el grupo Hirurok.
Zapatero, José Luis (Rodríguez)
Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en un mitin en 2016.
Líder moral de Pedro Sánchez, por lo que su imputación ha supuesto un auténtico revulsivo en las filas socialistas.
Zapatero acabó convertido en uno de los principales apoyos públicos de Sánchez, especialmente en la campaña de 2023 y en la defensa del Gobierno de coalición.
Pedro Sánchez junto a José Luis Rodríguez Zapatero.
Cuando fue imputado en el caso Plus Ultra, Sánchez salió en su respaldo con una fórmula medida:
«Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero«.
Zapatero está imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.
El juez Calama le atribuye el presunto liderazgo de una estructura organizada de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos mediante intermediaciones ante instancias públicas.
Además, mantiene abierta una pieza separada sobre el origen de las joyas halladas en su despacho, valoradas en 1,3 millones, por posible delito fiscal y contrabando.
Zapatero niega cualquier irregularidad, sostiene que nunca influyó en ningún rescate y fuentes de su entorno afirman que las joyas fueron un regalo –no declarado– del antiguo rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz.
