En la puerta principal del Parlamento montaron ayer un inusitado dispositivo de control que incluyó, sorprendentemente, la puesta en funcionamiento de ese arco de seguridad que lleva tanto tiempo ahí, fané y descangallado, que muchos lo toman como una escultura posvanguardista de un artista palmero protegido en su día por don Antonio Castro Cordobez. Por supuesto nadie informaba de nada: una vieja tradición parlamentaria que en el recinto de Teobaldo Power se cumple rigurosamente. Más tarde aparecieron por ahí, con motivo de la aprobación de la ley de Municipios Turísticos, un montón de alcaldes y concejales, encabezados simbólicamente por José Miguel Rodríguez Fraga, cuyos primeros votantes debieron ser trilobites. Pero ni siquiera la presencia patriarcal del alcalde de Adeje explicaba tan refuerzo en el control de entrada.
Todas las curiosidades y jocicos estaban concentrados, obviamente, en el debate y votación final del dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material médico durante la pandemia del covid. Pero antes hubo mucho más, como la mencionada votación de la ley de Municipios Turísticos, que la portavoz de NC, Carmen Hernández, despachó como un ejercicio de marketing, probablemente porque Nueva Canarias se ha quedado sin alcaldes y no le han podido contar de lo que va la cosa. El portavoz del PP, David Morales, siempre impecable en sus ternos azul oscuro, empleó una expresión con resonancias un poco preocupantes: «Canarias es una unidad de destino turístico», aunque sospecho que hasta a Vox se le escapó el involuntario perfume joseantoniano. También fue debatida y aprobada la novísima ley de la Ciencia, cuyo principal defecto, según la oposición, consiste en no reconocer el papel central de las universidades públicas canarias – los espacios donde se practica el 95% de la investigación científica en Canarias – y sistematizar las relaciones del Gobierno autonómico con las mismas. La nota oligofrénica la puso – no es de extrañar – el portavoz ultra, Nicasio Galván, quien afirmó con prepotente estolidez que lo mejor, sin duda, es que la política y la ciencia estén radicalmente separadas, una afirmación que exige una dosis de ignorancia histórica sonrojante: el desarrollo de la ciencia básica y de una parte sustancial de la ciencia aplicada desde finales del siglo XIX se basó en el apoyo inversor y organizativo del Estado y en programas de investigación y excelencia académica sufragados por fondos públicos. Lo peor, sin embargo, es que un indigente intelectual como el portavoz de Vox difamara la memoria del doctor Blas Cabrera presentándolo como un perseguido por la II República, cuando su compromiso con los principios republicanos, liberales y progresistas fue público y notorio, y por eso mismo debió exiliarse de España al triunfar el golpe de Estado de Franco y ser expulsado de su cátedra. Y nadie le avergonzó a este individuo su cháchara ruin siquiera durante unos minutos. Para compensar la vergüenza ajena también se aprobaron dos proposiciones no de ley, una solicitando la Medalla de Canarias para el artista Pepe Dámaso, a quienes sus señorías dedicaron glosas ditirámbicas – y en casi todos los casos disparatadas – y otra exaltando a la paloma mensajera canaria. «La paloma mensajera canaria», proclamó Oswaldo Betancort, autor de la PNL, diputado y presidente del Cabildo de Lanzarote, «es un animal que asombra al mundo». Para otros diputados el ave «es un prodigio», «un milagro», «algo único y excepcional», «el asombro de científicos». Elogiaron más a la paloma mensajera que a Pepe Dámaso, que ya es decir.
El debate y votación sobre el dictamen de la comisión no ofreció, en rigor, mayores sorpresas sobre las posiciones de cada uno. Pero los socialistas se reservaban una pequeña pirotecnia parlamentaria: su decisión de abandonar el salón de plenos sin escuchar los argumentos de la mayoría, seguidos de NC y la ASG. Y es que el bloque de la mayoría se rompió. La Agrupación Socialista Gomera rechazó el dictamen que presentó el presidente de la comisión, Raúl Acosta, porque su portavoz, Jesús Ramón Ramos, argumentó – es un decir – que se basaba en un «relato político que no querían aclarar hechos, sino enjuiciar a personas». Ramos es un hombre pacífico y bienhumorado pero no, una comisión de investigación no está para «aclarar los hechos» simplemente: se dilucidan, precisamente, para dirimir si existen responsabilidades políticas. Casimiro Curbelo estaba en una posición incómoda. Perteneció a un Gobierno cuyo presidente no cometió ninguna ilegalidad, pero ayudó activamente a que una trama delictiva urdida desde el Ministerio de Transportes vendiera material sanitario al Ejecutivo regional. Curbelo no podía ni quería acusarse a sí mismo de sancionar moralmente la responsabilidad del jefe de un gobierno del que ASG formó parte. Esa fue la misma razón que llevó a los gomeros a ausentarse del pleno. No estaban, en rigor, compartiendo idéntica actitud que el PSOE y NC. Lo que hicieron es evitar votar porque si votaban a favor del dictamen se descalificaban a sí mismos, si votaban en contra disgustaban a sus actuales socios y si se abstenían, irritaban a todos. Mejor salir a tomar un cortadito.
Entonces llegó el gran momento rescatador de Nira Fierro, que se trajo un discurso inquisitorial, jeremiaco y tremebundo, porque quien se merecía una sanción moral no era el Gobierno de Torres, por supuesto, es decir, el actor político implicado en el objeto de la comisión. Quienes merecía la descalificación más brutal e inmisericorde son los que promovieron la comisión de investigación y apoyan ese infame dictamen porque Ángel Víctor Torres es un hombre íntegro e intachable y la evidencia de su integridad sin tacha estriba en que Nira Fierro dice que es un hombre intachable e íntegro y así puede seguir la broma como la cobaya corre en su rueda mecánica dentro de la jaula. CC y PP son mezquinos, ruines, tramposos, compran a los medios de comunicación, mienten agotadoramente, son, para que negarlos, unos fascistas. La portavoz socialista, una Medusa que agitó una melena de acusaciones como serpientes, insistió en la comparación circense – Esther González ya se le había adelantado – y sobre todo subrayó que el dictamen era un relato para justificar una premisa que nació al convocar la comisión: «Torres era culpable». El PSOE, en cambio, ha deformado y roto el concepto de responsabilidad política para salvar al expresidente. Porque para ser responsable político de algo no deviene requisito indispensable haber cometido una ilegalidad. Basta con actuar incorrectamente y por acción u omisión causar o tolerar que se cause un daño a los intereses públicos. Y desde ayer Torres es responsable. Políticamente. Con los diputados socialistas dentro o fuera del salón de plenos.
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