Los médicos contratados para cubrir las vacaciones de verano del personal sanitario de la Comunitat Valenciana deberán disfrutar de los días de libranza generados antes de la finalización de su contrato temporal, es decir, entre los meses de julio y septiembre. Lo habitual hasta este verano era cobrarlos para no complicar aun más la asistencia en los centros de salud y hospitales, como así se estipula en el decreto de jornada 38/2016, en su artículo 20. Pero este año, la prioridad es que el personal sanitario disfrute a este derecho y, por ende, ahorrarse la compensación. Así lo denuncia al menos CESM que asegura que Conselleria «obliga» a los médicos a disfrutar sus vacaciones con lo que se pone «en riesgo la cobertura sanitaria».
«¿Quién atenderá a estos pacientes?», se preguntan en un comunicado, en el que ponen en duda la capacidad de Sanidad «para garantizar la asistencia sanitaria durante los meses de verano». Por cada mes trabajado, el personal genera 2,5 días de libranza, lo que supone que si tiene un contrato durante todo el verano debería librar entre seis y siete días. Es decir que si, en el caso de los facultativos, el titular está de vacaciones y su sustituto -contratado para cubrir su ausencia- tampoco está, este profesional no está cubierto. «Hasta ahora, esos días se compensaban económicamente al finalizar el contrato temporal», esgrimen desde CESM.
Sin embargo, fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad niegan un «cambio de criterio» al respecto porque «cada departamento planifica las vacaciones teniendo en cuenta que los nuevos profesionales que se incorporan para las sustituciones gozan también de derecho a días de vacaciones según el tiempo contratado». En este sentido, añaden que «excepcionalmente, atendiendo a circunstancias y casos concretos», estos días «pueden ser compensados económicamente». Estas fuentes lo califican de una fórmula excepcional y no ordinaria.
No opinan lo mismo desde CESM, ni tampoco desde UGT y CCOO, quienes ratifican que, hasta este año, lo habitual era abonarlos a la finalización del contrato ante la imposibilidad de organizar las libranzas. Yolanda Ferrández de CCOO explica que las vacaciones en «un derecho irrenunciable» de los trabajadores y, por tanto, si alguien pide esos días «la Administración está obligada a dárselos».
Así consta, de hecho, en el decreto de jornada: «Las vacaciones tienen carácter irrenunciable, no pudiendo compensarse en metálico y se disfrutarán dentro del año natural a que correspondan». La única excepción, estipulada en el artículo 23.2, es que se produzca una «situación de incapacidad temporal sobrevenida una vez iniciado el disfrute de las vacaciones. La misma norma sí establece como se ha comentado antes la excepcionalidad en el artículo 20.2: «Aunque en todo caso se deberá procurar su disfrute efectivo, excepcionalmente, […] se podrá liquidar la parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas» al finalizar el contrato en una serie de supuestos. Entre ellos, están los «nombramientos temporales de tres meses, o menos, de duración». Es una coletilla introducida en la modificación realizada en 2016 del decreto original 137/2003.
9.000 contratos de verano
El plan de verano de la Conselleria de Sanidad tiene previsto ofertar 9.000 contratos temporales para sustituir al personal de vacaciones; este año se desconoce la proporción entre tipos de trabajadores. Estos profesionales se destinarán a abrir los 25 consultorios auxiliares en las playas y reforzar otros 74 centros de salud en zonas turísticas. En total, el departamento de Marciano Gómez prevé un presupuesto de 85 millones de euros, tres más que el año anterior. Eso no impedirá, no obstante, que el sistema sanitario sufra este verano con el cierre de más de 600 camas hospitalarias durante el mes de agosto y con el cierre parcial de muchos quirófanos. En el hospital de la Malva-rosa, por ejemplo, sus seis salas de cirugías estarán inactivas en agosto.
El conseller de Sanidad y la alcaldesa de Puçol visitando el consultorio de playa a finales de junio. / GVA
«La continuidad asistencial constituye una obligación de la Administración y debe garantizarse durante todo el periodo estival mediante una planificación suficiente y una dotación adecuada de profesionales -, aseveran desde CESM-. La falta de planificación no puede seguir convirtiéndose en una sobrecarga permanente para los profesionales ni en un deterioro progresivo de la asistencia sanitaria».
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