La Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) ha hecho efectivo este lunes el despido de los 30 trabajadores que formaban parte de la plantilla de la antigua circunvalación de pago de Alicante. Unos profesionales que permanecían en una especie de limbo laboral desde que el Gobierno decidió, primero, levantar temporalmente los peajes de esta vía y, posteriormente, suprimirlos definitivamente.
El despido se ha producido a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que, según denuncia el sindicato CC OO, apenas ha habido margen para la negociación, lo que ha dado como resultado unas condiciones «que no compensan el perjuicio sufrido por la plantilla».
En concreto, al tratarse de una sociedad pública, ha sido el Ministerio de Hacienda el que ha tenido la última palabra en la negociación, lo que ha provocado que los trabajadores se marchen con una indemnización del mínimo legal -20 días por año trabajado– a la que se suma una compensación adicional de unos 7.500 euros de media, según el sindicato.
Una cantidad que consideran demasiado baja, si se tiene en cuenta que la mayoría de estos trabajadores llevan en ERTE desde que se levantaron las barreras, lo que significa que ya han consumido la mayor parte de la prestación por desempleo a la que tendrían derecho y se enfrentan ahora a una situación más que complicada.
Interés general
Desde CC OO argumentaban que SEITT no podía argumentar en este caso causas «organizativas y productivas» para justificar un ERE con la indemnización mínima legal, puesto que el motivo real era una decisión política -la de suprimir los peajes- que se adoptó por el «interés general». Por tanto, reclamaba que esa misma excepcionalidad que permite el interés general se aplicara también a los despidos. Sin embargo, no ha sido así.
Una imagen de las antiguas casetas de peaje, cuando se suprimió el pago. / Álex Domínguez
Según denuncia el sindicato, la empresa no ha admitido tampoco ni la posibilidad de recolocación en otras empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, ni en otros centros si conllevaba aumento de categoría. Tampoco ha permitido la contratación de los servicios de una empresa de recolocación, ni compensaciones por cambio de residencia ante los traslados voluntarios que ofrecía en otras comunidades autónomas.
Por otro lado, las personas afectadas se van a la calle sin haberse solucionado la discriminación salarial por cuestión de género. Los salarios de las personas afectadas siguen afectados por la brecha salarial detectada en el diagnóstico del plan de igualdad, que sigue pendiente de negociación, con discriminación salarial por cuestión de género en las categorías de peaje afectadas por el despido colectivo.
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