En el año 1993 se creó el Consell Consultiu de Baleares, que es el máximo órgano de consulta jurídica de la comunidad autónoma, que se encarga del asesoramiento de las instituciones de las islas. Desde entonces y hasta la fecha se han elaborado 4.375 dictámenes, que han servido para fortalecer la estructura administrativa de la comunidad autónoma, vistiéndola de seguridad jurídica en todo su entramado legal.
El Consultiu ha presentado esta mañana en el Consolat de la Mar los resultados de la memoria del pasado año. Ha sido el presidente de esta institución, el catedrático Felio Bauzá, el que ha entregado el resultado del trabajo de los diez juristas de reconocido prestigio a la presidenta Prohens. En el informe se detallan los 122 informes que se han elaborado durante el último ejercicio.
La memoria se estructura en tres partes y en dos anexos. La primera parte se refiere a aspectos de organización institucional y administrativa, así como una breve descripción de las actividades realizadas y la labor de difusión que se está realizando. La segunda parte presenta un estudio más detallado de su labor de consulta, mientras que la tercera detalla los informes más significativos que se realizaron el año pasado.
Así, el pasado ejercicio se presentaron ante esta institución 133 consultas, que generaron 132 expedientes. La administración autonómica acapara prácticamente la mitad de estas consultas, con un total de 77. Le siguen los ayuntamientos con 44, mientras que los consells insulares tramitaron 12 consultas.
El motivo por el que se solicita la intervención de este órgano independiente es muy variado, pero los casos más habituales son los de responsabilidad patrimonial, que el año pasado se presentaron 68 peticiones. Son actuaciones de los ciudadanos que demandan a la administración por un hecho concreto, como puede ser una negligencia médica en la sanidad pública o una caída en la calle por el mal estado de las estructuras públicas. Estos dictámenes son necesarios para la resolución de la demanda, pero no son de obligado cumplimiento por parte de los jueces, sino que se convierten en valoraciones orientativas. En cualquier caso, a través de estas 68 reclamaciones contra la administración se reclamaban unos 16 millones de euros. El Consultiu emitió 65 dictámenes sobre dichas demandas, en las que 44 se proponía la desestimación, en 13 una estimación parcial y en una se proponía la aceptación íntegra de la demanda. La mayor parte de estas reclamaciones se refieren a denuncias por una mala atención a un paciente atendido en la sanidad pública, como por ejemplo un error grave en un diagnóstico. Se proponía que de todo el dinero que se reclamaba, la administración abonara un total de 688.374 euros.
Otro aspecto importante de la labor del Consultiu ha sido el estudio que se ha realizado frente a reclamaciones de responsabilidad contractual. Se emitieron tres dictámenes y solo en uno de ellos se le reconoció la razón absoluta a la empresa que demandaba a la administración por el incumplimiento de un contrato.
Felio Bauzá entregó la memoria a Prohens y a Le Senne / J.F.M.
En el acto de presentación de la memoria del pasado ejercicio la presidenta Prohens ha señalado que el documento “refleja el rigor, profesionalidad y compromiso de los integrantes del Consultiu”. Ha querido destacar el papel importante que juega esta institución de asesoramiento jurídico en la construcción administrativa de Baleares. “El Consultiu garantiza que la administración siempre debe acogerse a la legalidad. Se necesita iniciativa política, pero siempre acompañada de una garantía jurídica”, señaló la presidenta. “Es una institución que no busca protagonismo, pero que juega un papel fundamental en la administración”,insistió Prohens, que se refirió también a los informes que se han elaborado, que calificó de “una herramienta muy útil para reforzar las normas autonómicas”.
Por su parte, el presidente del Consultiu, el jurista Felio Bauzá, ha señalado el reto que ha supuesto marcar unos criterios jurídicos para establecer la caducidad de los expedientes administrativos, sobre todo en materia de contratación pública. También ha incidido que estos principios jurídicos se establecen, sobre todo, para las futuras generaciones que tendrán que cumplir las normas administrativas que apruebe el Parlament. Asimismo, el catedrático se quejó de que muchas de las reclamaciones patrimoniales que se presentan, para que el Consultiu se pronuncie sobre ellas, se elaboran sin apenas pruebas o peritajes, lo que dificulta la labor de análisis de los juristas. Y no quiso se olvidara que la reclamación patrimonial fue una institución “que costó mucho crearla, pero que gracias a ella el ciudadano se sitúa en una posición igualitaria frente a la administración”.
