Es una de las pocas ocasiones en que distintas plataformas policiales hacen un comunicado conjunto. Esta vez es la estructura de mandos de la Guardia Civil, que se ha unido para pedir de forma conjunta que la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, dejen sus respectivos cargos.
Ha sido después de que el Ministerio del Interior reafirmara su apoyo a los dos altos cargos señalados como investigados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En una nota emitida este jueves, la Unión de Oficiales, la Asociación de Suboficiales y la plataforma Asociación Profesional de Cabos del instituto armado manifiestan su «consternación por la situación en la que se está viendo inmersa la imagen de la Guardia Civil y la pérdida de prestigio y confianza que esto puede generar en la ciudadanía». Estas asociaciones creen «incompatible la imputación judicial por cualquier delito con la permanencia en el cargo» de la directora y del teniente general.
El comunicado conjunto recuerda que, por el artículo 92 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, «puede derivar en una suspensión» el procesamiento, la inculpación o la investigación de un guardia por un delito. La misma ley, en su artículo 66, permite apartar de los turnos de ascenso a los miembros del instituto armado que se encuentren «incursos en una causa penal o expediente disciplinario».
Siendo no pocos los guardias «que han sido apartados de sus funciones, o son suspendidos sus procesos de ascenso, condecoraciones, etc. por estas autoridades», por estar implicados en procesos penales o disciplinarios, «no podemos entender que quieres aplican esos criterios sean inmunes a ellos cuando les afectan», dice el comunicado.
La nota concluye afirmando que el DAO y la directora general «deberían presentar su dimisión o ser apartados».
Situación grave
El comunicado de las asociaciones de mandos ha venido precedido de otro de la plataforma más veterana en el asociacionismo laboral de la Guardia Civil, la AUGC. Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, acrecienta la gravedad de la imputación de González y Llamas el hecho de que no sea solo una acusación particular, sino la fiscalía, la que ha pedido al juez la citación de los dos máximos jefes de la institución.
«Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera -dice la AUGC en su comunicado-. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO es incompatible con el ejercicio del mando».
La asociación ha recordado que en junio de 2025 denunció ya maniobras contra la UCO, y pide a Mercedes González que dimita, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «el cese inmediato del DAO».
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