Desde el pasado 2 de enero España cuenta con una nueva organización judicial que ha hecho desaparecer los juzgados tal y como los conocíamos — órganos con un juez, su letrado y un grupo de funcionarios a su servicio– y dio lugar a la agrupación de varios magistrados que comparten unos servicios comunes. Se trata de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que según el ministro del ramo, Félix Bolaños registra un impacto positivo cuando se cumplen tan solo seis meses de su implantación.
Bolaños ha sacado pecho de los resultados obtenidos en una comparecencia celebrada este miércoles ante los medios de comunicación en la que ha destacado, entre otros datos, que con el nuevo modelo ya totalmente implantado -la fase que comenzó en enero era la tercera fase, que implicó a la gran mayoría de órganos en toda España– se han logrado señalar un 7,3% más de juicios y se han celebrado un 5,4% más de vistas.
Además, el ministro se vanagloria de que la entrada de nuevos litigios ha caído un 10% en términos generales. Frente a ello, desde el Consejo General del Poder Judicial le afean que deniegue el dinero necesario para pagar el refuerzo en 62 órganos judiciales que lo necesitan. Advierten de que, de no hacerlo, se producirán suspensiones.
En el caso de la jurisdicción civil, esta caída se del 21 por ciento gracias a la obligatoriedad de recurrir a medios adecuados de solución de controversias (MASC) antes de acudir a los tribunales. Los datos, en todo caso, proceden del territorio gestionado directamente por su Ministerio, es decir de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida: Castilla y León;Castilla Laa Mancha; Extremadura; Murcia; Baleares; Ceuta y Melilla) + Asturias y La Rioja.
Cartel informativo en nuevos juzgados de Instancia / Subido a la red social X por @ArditaTqm
Primer descenso en 10 años
Para el ministro, estos datos han permitido que, por primera vez en los últimos 10 años (excepto durante la pandemia), los asuntos pendientes en civil empiecen a «bajar tímidamente» en lugar de subir.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la pendencia y la litigiosidad crecían de forma continuada en los últimos años: los asuntos pendientes subieron un 13,7% en 2024 y un 3,4 en 2025 y el ingreso de nuevos asuntos también creció en 2023 (+4,8%) y 2024 (+11,4%). Solo empezó a descender en 2025 coincidiendo con la obligatoriedad de los MASC. También cabe destacar que los últimos datos del CGPJ, referidos al primer trimestre de 2026, coinciden con los del ministerio y confirman una clara caída de la litigiosidad del 35,8% en el orden jurisdiccional civil y una leve reducción de la pendencia interanual del 0,7%.
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros – Europa Press
Reclamación del Consejo
Frente a estos datos, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial reunida este miércoles con carácter extraordinario, ha acordado por unanimidad solicitar al Ministro que reconsidere su decisión de denegar la autorización económica previa de medidas de refuerzo para 62 judiciales de toda España.
«Esta circunstancia ha impedido al Consejo General del Poder Judicial proponer la reconsideración de estas medidas o alternativas, dentro del margen de sus competencias, a fin de tratar de paliar los perjuicios que provocará esta decisión, que obligará a paralizar y suspender actuaciones jurisdiccionales que se consideran necesarias e imprescindibles para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de ciudadanos y consumidores”, advierte el órgano de Gobierno de los jueces
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