El Ministerio de Trabajo pretende obligar a las empresas de 50 o más empleados a definir unos criterios objetivos en función de los cuales concede los ascensos. El Ejecutivo ha iniciado este miércoles las negociaciones con patronal y sindicatos para aumentar la información disponible de las empresas hacia los trabajadores en materia de salarios. Y una de las materias en las que pretende introducir novedades es detallar cómo funciona la escala retributiva, con el fin de evitar discriminciones de género, según figura en el borrador remitido este miércoles a los agentes sociales y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El Ejecutivo va tarde en la transposición de la directiva europea de transparencia salarial, que debiere estar en vigor desde el 7 de junio, y que pretende desde Europa obligar a las corporaciones a informar en sus ofertas laborales del salario asociado a ese puesto, así como a reducir la brecha de género entre las plantillas. La primera propuesta de Trabajo pasa permitir que los empleados le pidan a su empresa que les manden una carta en la que se les especifique su salario y si este está por encima, por debajo o en la media de lo que cobran, de media, sus compañeros de la misma categoría profesional.
Parte de las obligaciones que incorpora la directiva ya figuran en la normativa española. Una de las motivaciones de la Unión Europea es acotar la brecha salarial y obligar a las empresas a realizar auditorías internas para saber qué diferencia existe entre el salario que perciben hombres y mujeres. Dicha obligación ya impera actualmente en España, si bien la brecha justificable actualmente contemplada es de hasta el 25%, mientras que Europa obliga a reducir dicho porcentaje a un 5%. Otras obligaciones, no obstante, serán nuevas. «Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras incluirán también información sobre los criterios de progresión retributiva», según recoge el borrador.
Las compañías deberán también realizar y poner a disposición de los trabajadores un registro retributivo. En el mismo deberán recopilar todos los salarios que se perciben en la empresa, tanto de directivos como de trabajadores, establecer medias por categorías y desagregar qué parte del salario es salario base y qué parte del salario son complementos. Dicha información deberá ser puesta a disposición de los empleados, ya sea a través del comité de empresa y, si no existe, directamente al empleado que lo solicita.
Los sindicatos reclaman el registro horario
Los sindicatos han valorado positivamente el inicio de las negociaciones, pero también han aprovechado la mesa de diálogo social para urgir al Gobierno a aprobar el nuevo registro de jornada, que tiene pendiente desde hace meses. Bajo la premisa de que reclaman transparencia de salarios, pero también de horas trabajadas.
«Es imprescindible que el registro horario, que hoy no está funcionando en nuestro país, se convierta en una norma fiable. Para hacer un diagnóstico real necesitamos saber cuántas horas trabajan las mujeres y cuál es su retribución por hora», ha coincidido la secretaria de salud laboral de UGT, Patricia Ruiz. Las centrales han lanzado un ultimátum al Gobierno: o aprueba el registro de jornada antes del próximo 31 de julio o no seguirá negociando ninguna materia, ni la transposición de la directiva ni ninguna otra.
«Hemos dejado de manifiesto la importancia que tiene para garantizar a transparencia retributiva el control y el registro horario para que el salario sea fundamental en la reducción de la brecha de género», ha declarado el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco, tras la reunión. La patronal CEOE, por su parte, ha declinado realizar valoraciones y está a expensas de analizar la propuesta remitida por el Ministerio.
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