El Tribunal Constitucional ya pone plazos a la amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont. El tribunal de garantías resolverá en septiembre u octubre el recurso que presentó el expresident contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. La decisión del órgano presidido por Cándido Conde Pumpido llegará de esta forma en octubre, cuando el Gobierno aspira a llevar los Presupuestos Generales al Congreso. Hasta ahora, Junts había rechazado cualquier negociación exigiendo que se aplicara la amnistía al expresident catalán.
Los plazos de resolucución vienen marcados por la justicia europea, y es que el TC sólo se prounciará cuando haya podido estudiar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE), que el próximo 16 de julio resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la responsabilidad contable de los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, entre otros; y la acusación de terrorismo a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), respectivamente.
Fuentes jurídicas descartan a EFE que el Constitucional aborde esta cuestión en el pleno del día 20 de julio, que es el último del año judicial y su orden del día ya estará cerrado antes del 16 de julio. Por tanto, no cabe esperar resolución alguna hasta septiembre u octubre, añaden las fuentes, que entienden que la sentencia del TJUE marcará el camino para resolver el recurso del expresidente, en un fallo que se antoja fundamental para su regreso a España.
Las fuentes explican que cuando se publique la sentencia de la corte europea, el Constitucional deberá estudiarla y, según su fundamentación y fallo, acordará la tramitación subsiguiente, lo que «llevará su tiempo» además de que «los trámites sucesivos dependerán del contenido de la sentencia» del TJUE, de ahí el horizonte de septiembre u octubre para resolver el recurso de Puigdemont.
El pronunciamiento del TJUE vendrá precedido de la opinión que el abogado general Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre cuando avaló la ley en un informe en el que dijo que la norma se dio «en un contexto real de reconciliación política y social» y que «no existe un vínculo» directo entre los gastos del procés y un perjuicio a las finanzas europeas, como sí entiende el Supremo. Sus conclusiones no son vinculantes, aunque estadísticamente suelen coincidir con las sentencias que acaba dictando el TJUE.
A la espera del fallo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado abogan por amparar a Puigdemont al considerar que el alto tribunal debió de aplicarle la amnistía y critican la manera que empleó el Supremo al interpretar la norma y esquivar su aplicación a la malversación con una forma de actuar que tachan de «irrazonable y arbitraria».Eso sí, incluso en caso de que la sentencia del Constitucional fuera favorable al expresidente, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.
Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España una vez que el pasado enero el Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra él, en tanto en cuanto resuelve el recurso de amparo.
Fuente: El Periódico
