A Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de 25 años, el derecho a una muerte digna le costó casi dos años de batalla legal adicional a su padecimiento. Su caso, que terminó en marzo de 2026 en el centro sociosanitario de Sant Pere de Ribes tras recorrer el Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la férrea oposición de su padre, se ha convertido en el símbolo de las «grietas» que aún presenta la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) a cinco años de su aprobación.
Noelia, que quedó tetrapléjica en 2022 y padecía un cuadro de dolor neuropático sin margen de mejora, tuvo que ver cómo su deseo, avalado por unanimidad por la Comisión de Garantía y Evaluación, quedaba suspendido cautelarmente en la víspera de su realización. Su fallecimiento no fue solo el final de un sufrimiento, sino el detonante de una reforma para que la justicia no sea una herramienta de dilatación innecesaria.
Desde la entrada en vigor de la ley en junio de 2021, 1.668 personas han ejercido este derecho en España. En 2025 se registraron 565 prestaciones, un 33% más que el año anterior, según el balance provisional del Ministerio de Sanidad.
Balance de un lustro
A pesar de este crecimiento, la eutanasia en España sigue siendo una opción minoritaria que representa apenas el 0,13% de los fallecimientos totales, lejos de las cifras de Países Bajos (5,96%) o Canadá (5,10%). En este periodo se han registrado 3.716 solicitudes, de las cuales casi la mitad han concluido con la prestación efectiva.
El perfil clínico ha dado un vuelco relevante: aunque el cáncer motiva el 37% de las peticiones iniciales, son las enfermedades neurológicas (como las secuelas de ictus) las que lideran las intervenciones finales con un 46%.
Canarias se situó en 2025 por encima de la media nacional en la aplicación de la ayuda a morir: 2,66 prestaciones por cada 100.000 habitantes, frente a 2,6 en el conjunto del país.
La cifra confirma el avance del Archipiélago en un mapa aún desigual entre comunidades y refuerza la necesidad de consolidar equipos, formación y procedimientos ágiles para evitar demoras administrativas o judiciales.
Demoras en el proceso
Sin embargo, la gestión del Servicio Canario de la Salud (SCS) enfrenta un problema crítico de tiempos: el proceso demora una media de 81 días. Esta tardanza administrativa tiene un coste humano altísimo en las Islas: uno de cada cuatro solicitantes fallece antes de completar los trámites.
Esta circunstancia implica que el paciente muere durante la tramitación del proceso, lo que le impide acceder a la prestación de forma efectiva aun cumpliendo los requisitos legales de mayoría de edad, nacionalidad o residencia legal, y el padecimiento de una enfermedad grave e incurable o crónica e imposibilitante certificada por su médico.
En 2024, Canarias registró 52 solicitudes, de las cuales solo 25 llegaron a término. Blindaje contra la judicialización: El criterio del Supremo Casos como el de Noelia o el de Francesc —un hombre de 55 años con movilidad reducida tras varios ictus cuya eutanasia también fue recurrida por su padre— han obligado a los tribunales a fijar límites.
El Tribunal Supremo, por una mayoría de 23 a 9, ha dictaminado que solo podrán recurrir terceros que acrediten una «vinculación particularmente estrecha» y afectiva con el solicitante, además de aportar indicios razonables de que no se han observado las garantías legales.
Agilizar el sistema como objetivo principal
Esta decisión busca evitar que asociaciones externas o familiares sin relación real bloqueen el ejercicio de un derecho personalísimo. El Alto Tribunal ha pedido incluso un cambio legislativo para diseñar un procedimiento judicial especial con plazos más breves, evitando que el paso por sucesivas instancias judiciales sea un factor añadido de dolor.
Una reforma en marcha para «perfeccionar» el derecho Para subsanar estas carencias, el Congreso tramita una reforma que pretende limitar a un máximo de 25 días la resolución de recursos judiciales y acotar el proceso a una sola instancia.
Diputados que defienden la propuesta subrayan que el objetivo es «agilizar» el sistema sin alterar las garantías que ya contempla la ley, como las dos solicitudes obligatorias con 15 días de separación y la doble valoración médica independiente.
Más allá de los números, el enfoque en Canarias busca la profesionalización del acompañamiento. El SCS, en jornadas dirigidas a más de un centenar de especialistas, ha subrayado que el final de la vida exige una «escucha y atención personal» que integre dimensiones clínicas y emocionales.
Los profesionales defienden que la ley no es solo un mecanismo sanitario, sino una conquista de la libertad individual que permite, como recordaron los impulsores de la reforma citando a Séneca, que lo importante no sea «vivir mucho, sino vivir bien».
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