La histórica sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor, Koldo García, a 19 años por el caso mascarillas ha sacudido la actualidad política. Para analizar las claves del fallo, ‘Herrera en COPE‘ ha contado con la intervención de Carlos Carrizosa, abogado de Ciudadanos en la acusación particular.
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Las penas máximas no son desproporcionadas
En conversación con Jorge Bustos, Carrizosa ha afirmado que la contundencia de las penas no es «ejemplarizante o desproporcionada», como apuntan sectores afines al Gobierno. Según el letrado, las condenas son el resultado de aplicar estrictamente el Código Penal a la «pluralidad de delitos que han cometido estas personas».
Aunque la suma de años es abultada, el letrado ha aclarado que el cumplimiento máximo efectivo será menor. Para Ábalos, el límite se fija en 16 años y medio, el triple de la pena más alta por uno de los delitos (5 años y 6 meses). En el caso de Koldo García, el máximo a cumplir será de 15 años, al ser su mayor condena de 5 años.
José Luis Ábalos (c) en el banquillo de los acusado en el primer día del juicio en el Tribunal Supremo
Aldama, el colaborador que evita la prisión
El punto más comentado de la sentencia es el atenuante para el comisionista Víctor de Aldama, que no ingresará en prisión pese a su condena de 4 años y medio. Carrizosa ha explicado que esto se debe a una «atenuante muy cualificada» por su colaboración con la justicia, que ha rebajado sus penas en dos grados, dejándolas por debajo de los dos años y librándole así de la cárcel.
Carrizosa ha mostrado su «asombro y pasmo» por la falta de asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno. Ha recordado que el propio Supremo destaca en su fallo que «socava la democracia el hecho de que quien debe controlar la administración sea precisamente quien la corrompe», ya que la limpieza del sistema exige «una ejemplaridad en estos dirigentes».
El abogado ha defendido la decisión del tribunal de premiar al delator, una figura que el Supremo considera clave cuando fallan los controles internos. «Como quien debía controlar no controlaba, pues hemos acudido a quien puede hacerlo», ha señalado Carrizosa, citando la lógica de la sentencia, que se alinea con la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción y directivas europeas, porque «es muy difícil llegar a descubrir estas redes de corrupción insertas en el poder».
Aldama, Ábalos y Koldo sentados en el banquillo del Tribunal Supremo
Un incentivo para destapar la corrupción
El letrado también ha criticado la «vergonzosa» reacción de miembros del Ejecutivo como Óscar Puente, que se muestran sorprendidos por el beneficio a Aldama, mientras otros como Félix Bolaños lo defendieron en el pasado para el delator del ‘caso Gürtel‘. «Parece que todo el mundo asume que estos son como actores y que dicen lo que conviene en cada momento», ha lamentado.
Finalmente, Carrizosa cree que este caso sentará un precedente. El «incentivo» de una condena corta podría hacer que otros implicados en tramas de corrupción decidan colaborar. «¿Qué estarán pensando? ¿Que han de aguantar ellos e irse con sus jefes 20 años?», se ha preguntado. En su opinión, «hay que ser muy tonto para aguantar el pabellón por una especie de lealtad de sicario», y ha concluido que España necesita una «higienización profunda del gobierno».
