Antonio Garamendi se las prometía muy felices de cara a las próximas elecciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Después de eliminar la limitación de dos mandatos, que fijaba en ocho el máximo temporal al frente de la patronal española, el empresario vasco partía como claro favorito; sin embargo, las últimas acusaciones internas podrían comprometer las aspiraciones del mandamás.
Las elecciones están previstas para el próximo mes de noviembre y el plácido camino que se le preveía a Garamendi podría endurecerse. Son precisamente otras elecciones, las celebradas en CEPYME el pasado año, las que podrían salir caras al actual líder de los empresarios. En aquella cita, su candidata, Ángela de Miguel, se impuso por la mínima (52,7%) a Gerardo Cuerva, quien ocupaba en ese momento la presidencia de la organización.
Una denuncia de José Manuel de Riva Zorilla, destapada por El Confidencial, ha agitado todo el tablero. El que fuera vicepresidente de CEOE denunció ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), en septiembre de 2025, una serie de hechos que podrían constituir varios de delitos de corrupción entre particulares y relacionados con subvenciones, apropiación indebida o contra los trabajadores. Por estos supuestos hechos, calificados por la institución como “un eventual delito o infracción grave o muy grave”, se le otorgó la categoría de informante protegido a Riva Zorrilla.
Los hechos no han sido denunciados ante los tribunales, pero la apertura del proceso en la AIPI podría frustrar las aspiraciones de Garamendi. Podría ser el propio Cuerva quien diese el paso de presentar la competencia, después de ser aplacado por el actual líder para evitar el intento de salto desde CEPYME. Este movimiento ya se airea de puertas para adentro, pero aún no existe nada oficial y las diferentes partes lo niegan.
Proceso abierto en la AIPI
La AIPI, dirigida por el catedrático Manuel Villoria, tomó la decisión de proteger como informante a Riva Zorrilla después de estudiar la documentación entregada, el pasado 28 de septiembre, que apunta a la comisión de posibles delitos recogidos en el Código Penal. “Nos encontramos ante un eventual delito o infracción grave o muy grave”, expone la resolución, también revelada por El Confidencial. La calificación de Riva Zorrilla como “informante protegido” no establece culpabilidad, pero busca defender el buen desarrollo de las investigaciones presentes y futuras.
“El presente certificado tiene naturaleza declarativa y permite acreditar ante otras autoridades u órganos jurisdiccionales que la persona que lo ha solicitado ha comunicado una infracción en los términos previstos en la ley. Estas personas tienen derecho a la protección y a solicitar las medidas de apoyo”, relata la autoridad. “No prejuzga la veracidad de los hechos comunicados ni el resultado de las investigaciones futuras”, aclara.
La AIPI concluye, tras analizar la documentación aportada, que la denuncia presentada por De la Riva encaja plenamente en el ámbito de competencias del organismo. Además, considera acreditado que los hechos denunciados fueron puestos en conocimiento tanto a través de los canales internos de la CEOE y de su Junta Directiva como mediante su difusión en distintos medios de comunicación.
En su resolución, la Autoridad señala que, a la vista de las circunstancias y de la información de la que disponía el denunciante en el momento de realizar las comunicaciones, resulta razonable considerar que actuó con la convicción de que los hechos eran ciertos. La AIPI destaca, en este sentido, su condición de miembro del Comité Directivo de la CEOE y de Cepyme, que le otorgaba acceso directo a información relevante. No obstante, precisa que esta valoración se realiza con independencia del resultado que puedan arrojar las investigaciones que eventualmente se lleven a cabo sobre los hechos denunciados.
