Más de 80.000 zaragozanos y zaragozanas tienen activo algún tipo de abono que les permite, en base a distintas bonificaciones, viajar gratis tanto en el autobús urbano como en el tranvía. Los dos grupos más nutridos son los menores de 15 años, que lo pueden hacer desde el 1 de julio del pasado 2025 (hasta esa fecha, la ayuda cubría hasta los 8 años y era sufragada por el consistorio), y los pensionistas.
En el caso de los niños y adolescentes, el consistorio sigue sufragando la parte correspondiente hasta los 8 años y el ministerio desde los 9 hasta los 15. Además, también existe la opción de conseguir ese bonus a través del abono infantil de Avanza. En este grupo, hay casi 48.000 jóvenes que se benefician de esta medida y tienen cualquiera de estas tarjetas activas.
Por un lado, se puede hacer a través de la Tarjeta Ciudadana, que abarca otras cuestiones más allá de la movilidad y que, eso sí, hay que validarla igualmente en cada viaje, siendo personal e intransferible. El derecho permanece hasta que el menor cumple los 15 años, aunque hasta los cuatro años no hace falta tener ningún título, que es por tanto opcional. La diferencia entre la tarjeta ciudadana y el abono infantil de Avanza es que para la primera hay que estar empadronado en Zaragoza.
Por otro lado, hay cerca de 30.000 pensionistas que también viajan gratis en el transporte público de Zaragoza. Lo hacen con la Tarjeta Gratuita de Transporte Urbano para Pensionistas, que pueden solicitar aquellas personas empadronadas en la ciudad y que o bien estén jubilados o bien tengan más de 60 años y no cuenten con ingresos.
Si tienen menos de 60 años, también pueden acceder a ella si tienen declarada la invalidez absoluta para el trabajo o cuentan con una discapacidad igual o superior al 65%. Aunque, eso sí, para acceder a esta tarjeta los usuarios deben cumplir también con una serie de requisitos económicos. En el caso de personas solteras, viudas o separadas, los ingresos brutos anuales deben ser inferiores a 15.543,90 euros; para casadas o parejas de hecho, inferiores a 30.970,80 euros. Esta bonificación social es asumida íntegramente por el consistorio.
