El primer proceso penal en el que se ha juzgado a un alto cargo político relacionado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concluido con un contundente fallo condenatorio. Por unanimidad, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha decidido condenar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE por siete delitos por constituir una organización criminal que cometió siete delitos de cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de fondos públicos.
El Tribunal establece que Ábalos podrá cumplir el triple de la pena más grave, es decir, no más de 15 años de cárcel.
Ábalos fue entre 2017 y 2021 la mano derecha de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura defendida por el ahora condenado, que clamó contra la corrupción del PP tras la sentencia del ‘caso Gürtel’.
Ábalos está en prisión desde el 27 de noviembre junto a su ayudante, Koldo García Izaguirre. Éste ha sido condenado a 19 años de prisión en una sentencia contra la que solo cabe acudir al Tribunal Constitucional.
El fallo de la Sala Penal, con ponencia de su presidente, Andrés Martínez Arrieta, supone un espaldarazo a la actitud colaboradora con la Justicia del empresario Víctor de Aldama, que en noviembre de 2024 decidió confesar los delitos de la trama y ayudar en las investigaciones.
Aunque también ha sido condenado como miembro de la organización criminal, la Sala ha aplicado a Aldama la circunstancia atenuante muy cualificada de confesión..
Lo determinante es que, además, ninguna de las penas impuestas supera los dos años de prisión. Al ser su primera condena, el empresario podrá eludir su ingreso en prisión.
Esa relevante rebaja de la pena fue propuesta por la acusación popular que lideró el abogado del PP Alberto Durán y fue respaldada en su último informe durante el juicio por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón.
No obstante, la fiscal general, Teresa Peramato, no compartió el planteamiento de Luzón de modificar la petición final de penas y pedir para Aldama la aplicación muy cualificada de la atenuante de confesión.
El mensaje del Supremo
La decisión de la Sala, que respalda a Luzón y no a la fiscal general, envía un potente mensaje para los implicados en otros procesos penales actualmente en fase de instrucción _como los que afectan al expresidente Zapatero o a la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez_ al dejar claro que los tribunales premian la ayuda a los jueces de quienes confiesan sus propios delitos y dan datos sobre los de otros.
El Supremo no ha acogido todas las pretensiones condenatorias de las acusaciones pública y popular. Ha absuelto por algunos de los delitos de cohecho que se atribuían a los acusados.
En cambio, el Supremo ha tenido claro que los acusados constituyeron una organización criminal con ánimo de enriquecerse.
Ábalos y García favorecieron en todo lo que pudieron los negocios de Aldama a cambio de pagos mensuales de 10.000 euros y otras contraprestaciones como el abono del piso de lujo que el empresario alquiló para Jésica Rodríguez, en aquella época amante del ministro.
Lucro en pandemia
Entre esos negocios destacan dos contratos de mascarillas que Puertos del Estado y Adif (ambos, dependientes del Ministerio de Transportes) adjudicaron a la empresa indicada por Aldama, Soluciones de Gestión.
Ello ocurrió en marzo de 2020, con toda España confinada en sus casas por la pandemia del coronavirus y cientos de personas muriendo cada día.
Los contratos de Transportes, por un importe total de 36,5 millones, reportaron un beneficio a Aldama de 3,7 millones. Y facilitaron posteriores adjudicaciones de material anti-Covid a la misma empresa por el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres y el Ejecutivo balear de Francina Armengol.
La Sala ha considerado acreditados delitos de tráfico de influencias por las contrataciones de Jésica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas relacionadas con Transportes, además de la influencia desplegada para adjudicar a Soluciones de Gestión los contratos de mascarillas.
Y también la malversación de fondos públicos cometida por Ábalos y su asistente por el pago de una retribución total de 34.477 euros a Jésica Rodríguez por Ineco y Tragsatec sin haber trabajado ni un solo día, lo que arregló Koldo con el conocimiento del exministro.
