La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra este domingo una reunión extraordinaria para estudiar el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.
La reunión, que se celebra de manera telemática desde las 10 de la mañana, llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladase ayer la «más enérgica queja» al CGPJ y solicitase la adopción de «las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones».
Una de las pocas imágenes del juez Juan Carlos Peinado
Ayer, Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado apunta que «no cabe duda» de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».
A raíz de este auto, Marlaska elevó una queja ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera «un hecho de máxima gravedad».
Está previsto que el CGPJ informe del resultado de la reunión al término de la misma, así como de las eventuales acciones que se puedan tomar en relación al juez Peinado.
Para el Ministerio del Interior, las «sospechas injustificadas» de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».
