La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha reafirmado su intención de reformar la ley del registro de jornada para suprimir el control horario a papel y boli, digitalizarlo y acotar las horas extra ilegales. Una reforma que la ministra de Trabajo anunció el septiembre pasado y, nueve meses después, todavía no tiene fecha de entrada en vigor.
Díaz no ha desvelado este jueves, en el acto del sindicalismo internacional organizado en el pabellón Vistalegre de Madrid, cuando desencallará esta norma, que genera un contundente rechazo entre las empresas y que ha generado divisones dentro del propio Gobierno.
«Queremos un registro horario, hay muchos en contra, pero lo vamos a conseguir», les ha prometido Díaz a CCOO y UGT este jueves. Entre las cúpulas de las centrales se ha instalado un ánimo de hartazgo e impaciencia con esta cuestión, que no ha estado exenta de polémica y ha resucitado las históricas pugnas entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo.
Díaz anunció justo tras el fracaso de la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales una reforma de la ley de registro de jornada. La idea era ya que no había podido reducir formalmente las horas de trabajo, eliminar por lo menos los excesos horarios y que se cumpla en el máximo de casos la jornada legal de 40 horas. Trabajo planteó dichos cambios vía reglamento, lo que le permitía fintar el Parlamento, donde la ley para reducir la jornada laboral evidenció que no tenía mayoría.
El problema, a ojos de los partidarios de la reforma, es que desde ese septiembre han pasado ya nueve meses y no existen visos de cuándo Trabajo aplicará los cambios en el reglamento ni un motivo claro que justifique el retraso. La pretensión públicamente expresada por el Ministerio es que estos estén en marcha antes del verano.
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