El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha heredado un proyecto de financiación autonómica de su predecesora, María Jesús Montero, que ahora quiere impulsar abriéndose a consensuar modificaciones para rebajar el rechazo en las filas del Partido Popular o, incluso, el escepticismo entre presidentes autonómicos socialistas. Las reuniones bilaterales para retomar las negociaciones con las comunidades, el paso previo a discutirlo de forma multilateral en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), todavía no han sido agendadas, según trasladaban tanto fuentes del ministerio como de las consejerías autonómicas consultadas. Con todo, desde los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid y Andalucía ya han avanzado su rechazo a sentarse. Para evitar que se extienda un plantón, fuentes del entorno del ministro muestran su voluntad a liderar las reuniones, en lugar de su número dos, el secretario de Estado Jesús Gascón, como estaba previsto.
El presidente de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, así lo ha pedido ya y Arcadi España le ha respondido afirmativamente. El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los más críticos en el partido con el proyecto por surgir de un acuerdo con ERC, tiene la misma intención. En Hacienda se muestran dispuestos, pero varios días después de plantearse por escrito las reuniones todavía no hay una petición formal.
Las comunidades y Hacienda parecen mirarse de reojo. En el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, dicen estar a la espera de que sea el departamento liderado por Arcadi España quien mueva ficha. En Hacienda, que se deben cuadrar agendas. Desde el gobierno del Principado de Asturias que preside el socialista Adrián Barbón, también aseguran que por el momento no hay nada cerrado y por ello, evitan anticipar si pedirán reunirse directamente con Arcadi España.
La pretensión de Hacienda es negociar con “normalidad” y tratar de llegar a acuerdos, aunque son conscientes de las dificultades, máxime a un año de las elecciones autonómicas. La financiación es históricamente un arma arrojadiza y el hecho de que las bases para el nuevo modelo fuesen ratificadas en primera instancia por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en Moncloa alientan el argumento del agravio territorial, como se ha visto en el reciente ciclo electoral autonómico.
“No voy a polemizar con las respuestas que ya hemos ido conociendo y recibiendo”, apuntaba este jueves el ministro durante una comparecencia en la comisión del ramo del Congreso para reiterar “una llamada al diálogo de todos los territorios del conjunto de nuestro país a hablar del modelo”. A nivel parlamentario, el Gobierno tampoco tiene asegurados los apoyos. Junts se ha desmarcado, pero en el Ejecutivo abonan el escenario de una posible abstención para no responsabilizarse de un bloqueo a un modelo que, como los republicanos, consideran un salto cualitativo que el actual sistema y, por tanto, económica más beneficioso.
Al igual que para el resto de comunidades, defienden en el Ejecutivo, recordando que por ejemplo Andalucía, una de las más reticentes, recibirá 4.846 millones de euros adicionales. En total, Hacienda inyectará cerca de 21.000 millones más.
Unanimidad en público, diferencias en privado
Dentro del PSOE, García-Page ha reclamado contar con toda la documentación y la letra pequeña del nuevo modelo para sentarse a negociar. Asimismo ha elevado la presión para que la prevista ronda de contactos bilaterales no sea un debate “placebo” sin garantías para condicionar la redacción del proyecto. “A nosotros que no nos entretengan”, avisaba en un desayuno informativo el pasado miércoles en Madrid.
Si otra de las pretensiones de Hacienda es erosionar la unanimidad que el PP mantiene en público contra el modelo de financiación, al entender que en privado son menos duros, desde la Comunidad de Madrid argumentaban su negativa a reunirse para legitimar solo el diálogo multilateral. «Cambian el método porque en la mesa común no tienen los votos. Madrid no negocia a solas lo que afecta a todos: esto se debate donde toca, con todas las comunidades y a la luz», contestaba a la propuesta de reunión la consejera de Economía, Hacienda y Empleo madrileña, Rocío Albert. En Hacienda, sin embargo, retan a algunas comunidades a que “lo que dicen privado también lo digan en público”.
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