El pulso entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central por la crisis migratoria alcanza un nuevo pico de tensión institucional.
El Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso va a reclamar este miércoles a la Delegación del Gobierno en Madrid la activación inmediata del retorno de 110 menores extranjeros no acompañados a sus países de origen o a su entorno familiar.
Según un informe presentado por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, la inacción del Ejecutivo central en la tramitación de estos expedientes ha provocado que 40 de estos 110 jóvenes ya hayan alcanzado la mayoría de edad en España. Todo ello sin que el Estado haya iniciado ningún trámite para su devolución.
Ante esta parálisis, la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, va a remitir un escrito urgente al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En dicho documento, le exigirá que cumpla con sus obligaciones legales, recordando que el órgano técnico autonómico considera que el retorno con sus familias es «lo más adecuado para el interés superior de los niños».
Tal y como ha podido saber este diario por fuentes cercanas a la Consejería, en esta nueva carta el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vuelve a advertir -esta vez de manera oficial-, su derecho a emprender las acciones legales oportunas en el caso de que «persista la inactividad o una negativa injustificada» por parte de la Delegación del Gobierno.
¿Esto qué quiere decir? Que Madrid responsabilizará al Gobierno de España de toda obligación derivada de las acciones futuras de estos menores no acompañados.
Desde la Consejería insisten en que la mayoría de estos jóvenes son conflictivos. Algo que repercute directamente en la seguridad de la región.
A esta ofensiva administrativa se suma que Madrid ha detectado fraudes dentro del sistema de acogida.
La Consejería de Asuntos Sociales ha interpuesto un total de 16 denuncias contra «falsos menores» por un presunto delito de estafa agravada, acusándolos de haberse beneficiado de manera indebida de recursos públicos de protección infantil que no les correspondían. Estas actuaciones judiciales ya se han saldado con las primeras detenciones en la región.
Consumo de drogas
El volumen de repatriaciones que ahora exige el Gobierno madrileño muestra la evolución de un conflicto que lleva gestándose meses y en el que la Comunidad ha ido elevando el tono gradualmente.
Hace justo un año, en junio de 2025, el equipo de Ana Dávila solicitaba formalmente la repatriación de 19 menores migrantes.
En aquel momento, la Comunidad justificó la decisión apelando a la «seguridad y protección» de los propios jóvenes, alegando que no habían conseguido integrarse y que sus vidas en Madrid estaban gravemente mediadas por «el trabajo que hacen las mafias y por unos graves consumos de drogas».
Ya el verano pasado, Madrid denunciaba una sobresaturación en sus centros de acogida, los cuales llegaron a estar ocupados al 150% tras recibir a más de 937 jóvenes en apenas seis meses, criticando además que no obtenían respuesta alguna por parte de la Delegación del Gobierno.
Las cifras han ido aumentando desde entonces. El último dato facilitado por la Comunidad de Madrid era de 88 menores migrantes no acompañados y se facilitó en marzo.
Con todo ello, el enfrentamiento se endureció en abril de 2026. La Comunidad pasó a la acción directa mediante una dura carta remitida al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En ella, el Gobierno autonómico anunciaba que cerraba la puerta a nuevos traslados sin cobertura jurídica, tras descubrir casos flagrantes de desorganización nacional: menores reubicados en Madrid en contra de su voluntad y pese a tener familiares, trabajo y un entorno estable en otras comunidades autónomas.
En pleno choque, Madrid llegó a rechazar a 30 de los 124 jóvenes que el Estado le envió desde Canarias tras confirmar que, en realidad, eran adultos y contaban con arraigo en España.
La estrategia adoptada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en la exigencia de devoluciones va en sintonía con las políticas defendidas por el Partido Popular a nivel nacional.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, propuso en 2025 reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal para poder repatriar «de forma inmediata» a aquellos migrantes que cometan delitos, abogando por una política de tolerancia cero ante la irregularidad.
