“Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales”.
Ley de enjuiciamiento criminal (Lecri) artículo 297
«El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior».
Código Penal, artículo 428
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencia 480/2004, de 7 de abril) dice que la utilización conjunta de los términos influir y prevalimiento indica (1) no basta la mera sugerencia sino que éste ha de ser realizada por quien ostenta una determinada situación de ascendencia y (2) el influjo tenga entidad suficiente para asegurar su eficiencia por la situación prevalente que ocupa quien influye.
Tribunal Supremo, sentencia, 7 de abril de 2004
Las tres citas que lectoras y lectores han podido leer tienen el propósito de ilustrar que, en las diligencias que se siguen sobre la existencia de la “trama Zapatero”, los policías, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de instrucción se han guiado, como veremos, por un adagio periodístico asociado a la prensa amarilla o sensacionalista desde una película de Hollywood de 1964. Se trata de ‘La pícara soltera’, protagonizada por Tony Curtis, Natalie Wood, Henry Fonda, Lauren Bacall y Mel Ferrer, donde se acuñó la frase original que más tarde quedó resumida en: «No dejes que la realidad te estropee una buena noticia».
LA PICARA SOLTERA / EPC
La ley de enjuiciamiento criminal establece que los informes de la policía judicial tienen el carácter de denuncia. Pero, como ya dijo Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, “en España las causas más complejas no las instruye el juez de instrucción, que es independiente, ni el Ministerio Fiscal, sino que, por lo general, nos vienen precocinadas por la labor de la policía, que cumple sus funciones, pero que no tiene el estatuto de los países anglosajones y de la Agencia Tributaria, con lo cual después la capacidad de filtraje crítico de lo que nos viene resulta siempre muy limitada”.
El salto no es difícil de apreciar: pasamos de una policía cuyos informes tienen el carácter de denuncia —’Lecrim dixit’— a una situación en la que los policías, según Torres-Dulce en 2014, “precocinan” la instrucción judicial. Esta realidad se observa en el auto del juez Calama, cuya principal fuente de inspiración, por así decirlo, son los informes elevados por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera). La conclusión aparece al final de uno de los dos informes, concretamente en la página 155:
“En este sentido, lo analizado corrobora que la red organizada dispone de una estructura definida y jerarquizada, con un reparto de funciones entre sus integrantes. La ‘Finance Boutique’ —término que los propios investigados emplean— utilizaría la estructura formal identificada para canalizar los cobros ilícitos a cambio de las influencias ejercidas. Como así indica Rodolfo Reyes: ‘Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique’… ‘Así que por vendrá la mordida’. En la cúspide de la red de influencia se ubicaría José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejercería un liderazgo no visible en la estructura formal, realizando una supervisión estratégica del proceso de concesión de la ayuda que se sigue respecto de la sociedad Plus Ultra desde el contacto inicial, según indica Rodolfo Reyes: ‘Julio habló con ZP 11 min’. ‘Le explicó todo’, como a medida que se suceden los avances ‘se notaba que nos han recibido por “altas” recomendaciones’ —‘Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás’— (reuniones celebradas con el secretario de Estado de Transportes) o en las indicaciones de Rodolfo Reyes a Julio Martínez Roca: ‘Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero, y saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100 % de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente». (Los destacados son del informe).
Pero lo que aquí se presenta como conclusión es, en realidad, una afirmación —más bien una acusación— sostenida desde el comienzo. En rigor, se trata de buscar y exponer indicios que ilustren de forma inequívoca una conclusión predeterminada. No existe ninguna alusión a otras conclusiones posibles ni, sencillamente, un contraste crítico de la acusación. Porque, en esencia, se trata de un escrito acusatorio.
Y eso es lo que asume el juez Calama, aunque elimine parte del sesgo que impregna los informes. ¿Puede considerarse esta la conducta de un juez de garantías? Lo cierto es que en España no existe la figura del juez de garantías.
Durante años se ha trabajado en la idea de reformar la Lecrim para importar de otros países, especialmente de Francia, la figura del juez de garantías frente al vigente —al menos sobre el papel— juez instructor o juez investigador. Pero, como se aprecia en la relación entre el auto de imputación y los informes de la UDEF, quien realmente dirige la investigación es la Policía. Eso sí: existe un proyecto de reforma de la Lecrim aprobado por el Gobierno en noviembre de 2025 que, de momento, duerme el sueño de los justos.
En los informes tampoco aparece acreditado un elemento esencial del delito de tráfico de influencias: la capacidad efectiva de prevalimiento de Zapatero y la identificación concreta de las personas o funcionarios sobre los que habría ejercido esa influencia en el caso Plus Ultra.
“No es el clásico ‘alguien ha matado a alguien’. Es ‘Zapatero ha matado a alguien’ y no sabemos a quién, ni cómo, ni cuándo, ni por qué”, explica a este periódico la doctora en Derecho María José Landaburu.
Es evidente que el dinero cobrado por Zapatero y sus hijas —unos 1,9 millones de euros entre 2020 y 2025— es lo que ha excitado a los policías, extremo que el expresidente tendrá que aclarar escrupulosamente, aunque con su presunción de inocencia ya seriamente erosionada, para construir la llamada “trama Zapatero”.
“La acusación contenida en el informe de la UDEF, según la cual formarían parte de un completo entramado societario, aparece sin que se aporten indicios sobre control societario, dirección operativa o percepción de ingresos ilícitos”, señala Landaburu.
Los policías, pues, no han permitido que la realidad —esto es, ponderar todos los argumentos que podrían neutralizar los indicios— les estropee la buena noticia de consagrar la existencia de la “trama Zapatero”.
Este monstruo ya tiene vida propia.
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