El Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en el Club Diario de Mallorca, también reunió a técnicos, navieras, académicos y colectivos sociales para analizar el futuro de la movilidad en Balears desde perspectivas complementarias a la institucional. El diagnóstico compartido fue claro: el problema ya no es únicamente turístico, o de temporada, sino estructural.
La moderadora, Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, abrió la mesa con una pregunta directa: si existen datos objetivos que justifiquen una regulación de entrada de vehículos. La respuesta de Joana Maria Seguí, catedrática de Geografía Humana de la UIB, fue categórica. «Sí, los datos son absolutamente claros», afirmó. Seguí desgranó una batería de cifras contundentes: el turismo prácticamente se ha triplicado desde los años noventa, el transporte aéreo ha pasado de 15 a más de 47 millones de pasajeros anuales, la población residente supera ya el millón doscientos mil habitantes y la presión humana real durante el verano alcanza cifras muy superiores. El Plan Director Sectorial de Carreteras cifra en más de 3,2 millones los desplazamientos diarios en Mallorca, la mayoría en vehículo privado. En Mallorca entran actualmente alrededor de 400.000 vehículos anuales procedentes del exterior, más del doble que hace apenas unos años. En Ibiza y Formentera el crecimiento del parque automovilístico ha sido especialmente intenso, muy por encima de la media estatal. «Todo esto se traduce en incrementos continuos de tráfico y en niveles de saturación muy elevados en determinados puntos de la red viaria», subrayó Seguí. «Los datos muestran claramente una carga territorial que obliga a actuar sin más demora.»
Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation, trasladó esos datos a la experiencia cotidiana de los residentes. «Existe una percepción creciente de saturación» señaló, «y no hablamos únicamente del número total de coches, sino de cuándo, dónde y cómo se concentran». En Ibiza y Formentera, los picos estacionales generan problemas muy concretos: más tiempo para ir al trabajo, dificultades para aparcar, congestión en determinadas carreteras y una sensación creciente de pérdida de calidad de vida. Quienes más sufren esa situación, apuntó Saranova, son los trabajadores, «que muchas veces viven lejos de sus empleos y no disponen de alternativas reales de transporte público». Por eso insistió en que «la responsabilidad no puede recaer únicamente en el ciudadano que utiliza el coche porque no tiene otra opción», sino también en décadas de planificación insuficiente y un modelo territorial que no ha desarrollado al mismo ritmo el transporte público ni las alternativas de movilidad.
Saranova destacó además que «por primera vez se empieza a hablar abiertamente de límites y de decrecimiento de la presión sobre el territorio», algo que hasta hace poco era prácticamente impensable en el debate político balear, y subrayó que ese cambio de discurso es en sí mismo un avance significativo.
Joan Serra, delegado en Balears de Baleària, aportó la visión de las navieras. Desde Baleària, afirmó, «no queremos formar parte del problema, sino de la solución», colaborando activamente con las administraciones y compartiendo datos sobre movilidad de residentes, trabajadores, turistas y mercancías. Serra subrayó que las islas necesitan mantener su conectividad y garantizar el abastecimiento y la actividad económica, y que por eso «las regulaciones deben ser dinámicas, flexibles y construidas desde el diálogo y los datos». Llamó a encontrar soluciones equilibradas que permitan «proteger el territorio sin perjudicar gravemente la economía ni la vida cotidiana de los residentes», y recordó que gran parte de los pasajeros del transporte marítimo son residentes y trabajadores de temporada fundamentales para la actividad productiva. Los consells de Mallorca y Menorca, añadió, mantienen reuniones constantes con las navieras para analizar los distintos escenarios que plantea la regulación, y la disposición de Baleària para colaborar en ese proceso es absoluta.
Lorena del Valle, directora general de Movilidad del Govern balear, insistió en que la regulación de entrada de vehículos es importante «pero no puede ser la única medida». La mejora del transporte público es, a su juicio, absolutamente imprescindible. En Mallorca el uso del transporte público ha superado ya los cien millones de usuarios anuales, un crecimiento muy significativo que, sin embargo, no ha impedido que la intensidad del tráfico siga aumentando. «Eso demuestra que estamos ante cambios mucho más profundos en los patrones de movilidad», señaló. Por eso las medidas deben ser integrales: regulación, transporte público, movilidad laboral, nuevas infraestructuras ferroviarias y gestión inteligente de los flujos mediante tecnología. Del Valle valoró positivamente las primeras experiencias regulatorias de los consells, destacó que el Govern está impulsando nuevas líneas ferroviarias y reforzando la movilidad sostenible a escala territorial, y subrayó que Balears «ya ha asumido que existen límites», situándola en una posición pionera dentro del Mediterráneo.
Antonio Deudero, regidor de Movilidad del Ajuntament de Palma, aportó uno de los datos más reveladores del debate: “En Palma detectamos más tráfico en invierno que en verano”. Una afirmación que rompe con la idea de que la saturación responde únicamente al turismo y que apunta también al crecimiento poblacional y a unas infraestructuras diseñadas para una ciudad mucho más pequeña que la actual. Palma ha duplicado prácticamente su población en pocas décadas, mientras muchas infraestructuras siguen pensadas para otra realidad demográfica. La EMT ha pasado de 40 a más de 65 millones de pasajeros anuales, con más del 80 % de usuarios utilizando tarjeta ciudadana o títulos bonificados, lo que demuestra que el servicio está orientado principalmente a la movilidad cotidiana de la población residente. Aun así, el número de vehículos no ha descendido proporcionalmente, lo que obliga, según Deudero, «a una reflexión profunda sobre el modelo de crecimiento y la capacidad real de las infraestructuras de la ciudad».
En la recta final del debate, Saranova lanzó la reflexión que condensó el espíritu de toda la jornada: «El verdadero debate ya no es cuánto cuesta invertir en movilidad sostenible, sino cuánto cuesta no hacer nada». La congestión genera pérdida de productividad, incremento de costes, contaminación y deterioro territorial, con un impacto económico enorme para Balears que pocas veces se cuantifica con claridad y que, según Saranova, debería ocupar el centro de cualquier análisis serio sobre la movilidad de las islas.
Las propuestas estratégicas cerraron el debate. Del Valle apostó por combinar regulación, inversión e incentivos de forma gradual y realista para transformar el modelo de movilidad. Serra pidió decisiones valientes basadas en datos que garanticen la conectividad marítima y la cohesión territorial entre las islas.
Deudero centró la prioridad en electrificar la flota de la EMT, crear aparcamientos disuasorios y consolidar la zona de bajas emisiones ya implantada en Palma. Y Seguí cerró con la certeza académica que ninguno de los presentes discutió: los datos no dejan margen para la inacción y Balears tiene la oportunidad de convertirse en un referente mediterráneo de gestión sostenible del territorio y la movilidad.
