El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Zapatero, José Luis Calama, revela en su auto de 18 de mayo, en el que cita el 2 de junio como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que la aerolínea habría maquillado sus cuentas para cumplir los requisitos que le exigía el Gobierno del PSOE para acceder al rescate de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
«Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp -que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica-, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo ello permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo», completa la resolución judicial que basa sus conclusiones en un informe independiente elaborado por el perito Pedro Martín Molina por encargo de la anterior instructora de la causa, la titular de la Plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid (TIM), María Esperanza Collazos.
José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. / José Luis Roca
En este informe pericial independiente, a modo de conclusión final, «se expresa que la compañía «Plus Ultra no cumpliría con la condición establecida […], referida a si la sociedad se encontraba, o no, en situación de crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019″, dice el juez Calama, que recuerda que esta era una de las exigencias para optar a la ayuda pública.
«Problemas graves de caja»
«Aunque la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y que no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis pericial determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar», prosigue la resolución judicial, que después señala supuestas irregularidades en el seno de la empresa pública: «Los informes presentados por los asesores de SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, pese a que Deloitte señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertían de problemas graves de caja».
El auto destaca que la consultora Deloitte «en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública, y que figura fechado el 26 de febrero de 2021, se indicaba que Plus Ultra les había facilitado una resolución estimatoria, de fecha 5 de octubre de 2020, del aplazamiento de una deuda preexistente contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social«. Esta decisión se habría producido, explica el juez, tras una supuesta reunión entre Zapatero y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Fuentes cercanas al actual gobernador del Banco de España han negado haberse entrevistado con el expresidente para el rescate.
José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca
Calama destaca, finalmente, que en el citado informe pericial «también se detectaron pagos cuantiosos tras el rescate a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea, con transferencias relevantes a empresas que no figuraban en ejercicios anteriores y que no tenían relación directa con la actividad de Plus Ultra».
En este sentido, este periódico informó de que la Fiscalía Anticorrupción denunció en la Audiencia Nacional que el rescate de Plus Ultra habría servido para blanquear el dinero de «funcionarios públicos» venezolanos en Suiza. Estas personas habrían concedido diferentes préstamos a la aerolínea, que utilizó estos fondos para el pago de las nóminas de los empleados. Este préstamo habría sido devuelto con los fondos públicos concedidos por el Gobierno español.
30 millones en oro
El Ministerio Fiscal español hace referencia a que la empresa que concedió los préstamos a Plus Ultra también vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, transfirió importantes cantidades de dinero a Panamá. Las fuentes consultadas apuntan a que los préstamos bajo sospecha los habría negociado uno de los antiguos accionistas de Plus Ultra, en concreto el expresidente Rodolfo Reyes, ante la falta de liquidez de la compañía tras la pandemia.
José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado, en la comisión sobre el rescate de Plus Ultra. / José Luis Roca
Dos de los investigados en la causa, en concreto los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu, se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor. Esta mercantil amplió el 10 de mayo de 2021 su capital social en 970.000 euros. Dos meses antes, en concreto el 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros había autorizó la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones. El resto de la ayuda pública, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones.
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