Muchos especialistas llevan tiempo advirtiendo del escenario al que se enfrentarán quienes nacieron entre 1960 y 1970 cuando llegue el momento de pedir la pensión de jubilación. En este contexto, las personas que quieran acceder al 100% de la base reguladora tendrán que cumplir determinadas condiciones relacionadas, sobre todo, con la edad ordinaria de retiro y los años cotizados a la Seguridad Social.
Cuando termine el actual sistema progresivo de tramos en 2027, los trabajadores nacidos desde 1960 tendrán como referencia general la jubilación a los 67 años, aunque también podrán optar por prolongar su vida laboral. Para cobrar el total de la pensión antes de esa edad ordinaria, será imprescindible haber acumulado al menos 38 años y 6 meses de cotización.
Esto significa que quienes no lleguen a ese periodo mínimo cotizado deberán esperar hasta los 67 años si desean percibir el 100% de la prestación que les corresponda. A esta situación se suma el cambio en la forma de calcular la cuantía de la pensión, ya que la Seguridad Social contempla dos vías de cómputo. Por un lado, se mantiene el sistema tradicional, que toma como referencia los últimos 25 años cotizados. Por otro, aparece una fórmula alternativa que permite considerar los últimos 29 años de cotización, eliminando del cálculo los dos ejercicios menos favorables para el trabajador.
Conviene tener en cuenta que alcanzar el 100% de la base reguladora no significa necesariamente recibir la pensión máxima fijada cada año. La cuantía final depende de otros elementos y de los límites establecidos por el sistema. En este punto también entra en juego el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, conocido como MEI, una medida diseñada para reforzar la sostenibilidad de las pensiones ante la llegada a la jubilación de generaciones especialmente numerosas.
Las personas pertenecientes a estos grupos de edad también deberán prestar especial atención a las jubilaciones anticipadas, sobre todo cuando se soliciten de manera voluntaria. Retirarse antes de la edad legal puede tener consecuencias directas sobre el importe mensual que se cobrará, ya que los coeficientes reductores se aplican sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora, lo que puede rebajar de forma notable la prestación final.
En España existen actualmente varias modalidades de jubilación, pensadas para adaptarse a situaciones laborales y personales diferentes. La jubilación anticipada permite abandonar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria, aunque implica asumir una reducción en la pensión mediante la aplicación de penalizaciones. Dentro de esta opción se distingue entre la jubilación anticipada voluntaria y la forzosa. Además, determinados colectivos profesionales, como policías, bomberos, mineros, ferroviarios o trabajadores del mar, cuentan con condiciones específicas por la naturaleza de su actividad.
Otra fórmula distinta
Otra posibilidad es la jubilación parcial, una fórmula que permite compatibilizar el cobro de una parte de la pensión con un trabajo a tiempo parcial. En este caso, el empleado reduce su jornada y su salario, mientras empieza a recibir una parte de la prestación. Para muchos trabajadores, esta modalidad funciona como una transición progresiva entre la vida laboral activa y el retiro definitivo.
La jubilación activa también permite seguir trabajando mientras se cobra una parte de la pensión. Esta opción suele resultar especialmente interesante para autónomos y profesionales que desean mantener su actividad una vez alcanzada la edad de jubilación. Con carácter general, quienes continúan trabajando pueden percibir el 50% de la pensión, aunque los autónomos pueden llegar a cobrar el 100% si cumplen ciertos requisitos, entre ellos tener al menos un trabajador contratado.
La jubilación flexible se aplica cuando una persona que ya está jubilada decide regresar al mercado laboral. Esta modalidad permite compatibilizar la pensión con una actividad profesional, ajustando la cuantía que se percibe mientras se generan nuevos ingresos y, en algunos casos, nuevas cotizaciones. Está pensada para pensionistas que no quieren abandonar por completo su actividad o que desean complementar sus recursos económicos.
Por último, la jubilación demorada está dirigida a quienes deciden seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de retiro. Esta alternativa puede resultar atractiva por los incentivos económicos que ofrece, ya que retrasar la salida del mercado laboral permite mejorar la pensión futura. Para muchos trabajadores, se convierte en una vía para aumentar la prestación y, al mismo tiempo, continuar vinculados a su actividad profesional durante más tiempo.
¿Por qué se retrasa la jubilación en 2027?
El retraso definitivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 no es una decisión puntual, sino el resultado de un ajuste progresivo diseñado durante más de una década para sostener el sistema público de pensiones. La medida tiene su origen en la reforma aprobada en 2011, que ya anticipaba un cambio en la estructura de estas pagas, ante el envejecimiento de la población y los desequilibrios demográficos.
El principal motivo es el aumento de la esperanza de vida. En España se vive cada vez más años, lo que implica que la Seguridad Social debe pagar más pensiones durante más tiempo. Este factor, que refleja una mejora social evidente, tiene un impacto directo en las cuentas públicas, ya que multiplica el gasto sostenido en prestaciones.
A este fenómeno se suma la caída de la natalidad. Cada vez nacen menos personas, lo que reduce el número de trabajadores que cotizan al sistema. Al tratarse de un modelo de reparto, donde los trabajadores actuales financian las pensiones de los jubilados, este desequilibrio genera una presión creciente sobre la sostenibilidad financiera.
Otro elemento clave es la jubilación masiva de la generación del baby boom. Este grupo es el más numeroso de la historia reciente, y está alcanzando la edad de retiro, lo que provoca un aumento del gasto en pensiones que el sistema necesita absorber sin colapsar.
Ante este escenario, el retraso de la jubilación persigue un doble objetivo: que los trabajadores coticen durante más años y que el periodo de cobro de la pensión sea más corto. Todo ello se ha aplicado de forma gradual desde 2013 para evitar un impacto brusco en quienes estaban próximos a retirarse y permitir una adaptación progresiva tanto de los ciudadanos como del mercado laboral.
