La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, defiende la aplicación de un indulto parcial al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que su condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados «ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas».
«No puede desconocerse, que ausente todo motivo de lucro, la actuación del penado tuvo como finalidad preservar el buen nombre de la institución por él presidida ante los ataques que cuestionaban el quehacer profesional de los fiscales en un asunto de enorme interés mediático e incluso su propia actuación al imputársele falsamente, y así está reconocido, un comportamiento no acomodado al ordenamiento jurídico, lo que permite apuntar la dimensión institucional y constitucional del asunto», señala el informe sobre la condena por revelar datos de un procedimiento por fraude en el que está incurso el empresario Alberto González-Amador, pareja de la presidenta madrileña.
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