El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha asegurado en el juicio de Kitchen que se desarrolla en la Audiencia Nacional que la denuncia que presentó contra el comisario José Manuel Villarejo no fue «personal», sino que lo hizo porque sintió la necesidad de reaccionar ante «mentiras tan crueles sobre mis subordinados».
Al ser interpelado por el fiscal del juicio, César de Rivas Verdes-Montenegro, sobre si el CNI participó en la operación parapolicial que pretendía impedir que el extesorero del PP Luis Bárcenas implicara a los excargos del partido en el caso Gürtel, el exjefe de los espías españoles ha sido categórico en su negativa: «El CNI no tuvo actividad alguna sobre el caso, ninguna, cero absoluto. El CNI actúa con absoluto respeto a la ley y hace lo que le pide su Gobierno, y ningún Gobierno de ningún color de los cuatro me pidieron que hiciera algo ilegal, y esto lo hubiera sido». Previsamente, el representante del Ministerio Público ha alertado a las partes de su deber de respetar la Ley de Secretos Oficiales.
El segundo en comparecer como testigo ha sido el coronel que dirigió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí y ha negado que el cuerpo que dirigía tratara de captar al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos: «Nunca fue objeto de investigación», ha completado este oficial del Instituto armado.
Este lunes ha comenzado la quinta semana del juicio sobre la Operación Kitchen y en ella declararán, además de Sanz Roldán, el empresario Javier Pérez Dolset, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Agustín Linares.
El ex jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares / FERNANDO VILLAR / EFE
Esta semana arranca el segundo mes de este proceso que juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer información al extesorero del partido Luis Bárcenas sobre dirigentes del PP, en los tiempos en los que se investigaba la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Pérez Dolset
Este lunes está previsto que declare el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el ‘caso Leire Díez’, quien aportó a la causa tres audios de conversaciones que habrían mantenido el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ambos acusados en la causa.
El empresario Javier Pérez Dolset a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, / FERNANDO VILLAR / EFE
Ese mismo día también está citado Agustín Linares, quien fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional cuando Villarejo se incorporó al cuerpo en 1993 tras una excedencia en la que constituyó su grupo empresarial.
El jueves se espera la testifical de Miguel Serrano, el fiscal anticorrupción que acusó de un presunto delito de malversación a siete de los acusados, entre ellos al exministro del interior Jorge Fernández Díaz.
Una veintena de agentes
Asimismo, desde el lunes y hasta el jueves se espera que declaren una veintena de agentes ante la Audiencia Nacional, que se sumarán a las decenas de declaraciones de otros compañeros que ya han confirmado seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuando su marido entró en prisión en el año 2013, mientras se investigaba la ‘caja B’ del Partido Popular.
Así arranca el segundo mes del juicio, en el que está previsto que declaren los acusados a partir del 14 de mayo, tras las testificales de más de 150 testigos, según informa Europa Press.
El comisario José Luis Olivera a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid / FERNANDO VILLAR / EFE
Entre los acusados se encuentra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.
Villarejo, acusado
Además, también está acusado el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide 19 años de prisión, y Sergio Ríos, que fue chófer de Bárcenas y para el que reclama una pena de 12 años y cinco meses.
Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.
También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez y el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.
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