La falta de actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014 y sin reforma a la vista, acumula 1.252 millones de euros de agujero en las arcas autonómicas para financiar los servicios públicos, según los cálculos de la Consejería de Hacienda. Este escenario negativo de infrafinanciación se ha agudizado en los últimos tres años por la ausencia de presupuestos del Estado, con prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023, sin senda de estabilidad ni objetivo de déficit actualizados y a la espera ahora de la nueva incertidumbre que se cierne sobre la economía debido a los efectos de la guerra de Irán y su impacto real en los distintos sectores, entre ellos en el turismo y en el transporte, ámbitos clave en la actividad económica de Canarias.
La Consejería de Hacienda ha calculado los 1.252 millones de euros que faltan de las entregas a cuenta en base a las transferencias que se han realizado sin que se hayan actualizado los indicadores del sistema de financiación, entre ellos el incremento de la población, el aumento de los costes de los servicios públicos esenciales -sobre todo el ámbito de la sanidad y las prestaciones sociales- y los desequilibrios acumulados en relación a otras comunidades autónomas.
Las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica son transferencias de fondos que el Estado realiza mensualmente a las comunidades autónomas, excepto Navarra y País Vasco, en forma de anticipo. Estos pagos se basan en una estimación de la recaudación tributaria (IRPF, IVA e impuestos especiales) para financiar los servicios públicos, ajustándose definitivamente hasta 20 meses después de los traspasos. En el caso de Canarias los fondos que recibe del sistema de financiación por anticipado y por liquidación dos años después suponen más del 70% de su presupuesto y estos fondos van para los servicios públicos que gestiona la Comunidad Autónoma, es decir, la sanidad, la educación y las políticas sociales.
Habitualmente la actualización de las entregas ha ido siempre ligada a los presupuestos, ya que es en las cuentas estatales donde se revisan las previsiones de ingresos y se recalculan los importes que deben recibir las comunidades. Sin embargo el problema ha surgido cuando las cuentas se prorrogan porque las entregas quedan congeladas con datos antiguos, aunque la economía siga evolucionando y la recaudación real aumente. En los últimos años, a raíz de las prórrogas presupuestarias, Hacienda ha hecho lo posible para desbloquear la actualización los anticipos, aunque con poco éxito ante las quejas de las regiones.
La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Matilde Asián, ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que el Gobierno central aclare a las comunidades tanto la senda de estabilidad como los números reales de las entregas a cuenta actualizadas, separando estos conceptos de las medidas económicas y fiscales destinadas a aminorar el impacto de la guerra de Irán. La ausencia de presupuestos generales impide poner al día estos indicadores, lo que, según la consejera, tiene un impacto directo ya que suponen una pérdida de financiación de unos 120 millones mensuales de media.
El Ejecutivo central ha intentado aprobar estas transferencias mediante decretos ley, pero las iniciativas no han prosperado debido a la inestabilidad política del Gobierno en el Congreso, por ello desde Canarias se reclama una norma específica en la que únicamente se refleje la actualización de las entregas a cuenta para financiar los servicios públicos esenciales y evitar así más bloqueos.
Partidas del superávit
Junto a esta financiación que se resta a Canarias hay partidas del superávit de la Comunidad Autónoma que se han utilizado como adelanto y que el Estado todavía no ha restituido. Es el caso de los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción de La Palma, que el Ejecutivo regional adelantó con cargo al superávit de 2024. La Comunidad Autónoma también se queja de que el Plan Estatal de Vivienda en Canarias se ha reducido de seis millones a 612.000 euros y que la compensación de los 15 millones de euros para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán no se ha formalizado aún.
El último Consejo de Gobierno aprobó el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios plurianuales para el periodo 2027-2029, un trámite impuesto por ley pero que en el actual contexto de incertidumbre supone cifras sujetas a variaciones y cambios en función de las decisiones del Ministerio de Hacienda y el cambiante escenario geopolítico internacional. En este sentido, la Consejería de Hacienda reitera la necesidad de conocer los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como el límite de gasto no financiero del presupuesto estatal. Pero después de tres años, el reiterado rechazo en el Congreso a la senda de estabilidad y la ausencia de presupuestos del Estado por tercer año consecutivo vuelven a dibujar un escenario de incertidumbre similar al de años anteriores.
A tenor de las últimas declaraciones del vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la prioridad del Gobierno es ahora analizar los efectos de las medidas anticrisis en la economía española y la evolución del PIB, que puede ir a la baja en función de la previsiones de los organismos internacionales. Cuerpo calculó que en junio es cuando se podrá realizar una previsión más certera para fijar la senda de estabilidad y la posibilidad de encaminar la ley de presupuestos.
Mientras se mantienen en el aires las grandes cifras financieras del Estado, la Comunidad Autónoma ha optado por el equilibrio presupuestario, es decir, 0% del PIB regional para los próximos tres años. Sin embargo, la regla de gasto se mantiene inalterable y, pese a que la recaudación fiscal logra incrementos superiores al 7%, las reglas fiscales establecen como tope el 3,4%.
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