Canarias cuenta con más de 578.000 hectáreas de superficie forestal, cerca del 78% del territorio, de las cuales más del 30% presenta un riesgo significativo de incendio. Factores como el abandono agrícola, la continuidad de la masa forestal y el cambio climático han ampliado la ventana de peligro. Ni siquiera el hecho de que este invierno haya sido húmedo rebaja el riesgo, pese a lo que se podría pensar.
El aumento de las temperaturas propiciado por el cambio climático y la sequía que azotó al Archipiélago en los últimos años alteró el equilibrio natural de la masa forestal. «Se están secando esas capas que impiden que la humedad se mantenga en el suelo», explica el viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, quien advierte de que, pese a que «en algunas islas ha llovido lo equivalente a tres inviernos en apenas dos semanas», los niveles de humedad no logran recuperarse. La consecuencia es un estrés hídrico persistente que convierte el territorio en un polvorín.
Tras esas lluvias concentradas en poco tiempo –borrascas ‘Emilia’ o ‘Therese’– hay más vegetación, pero también más combustible. «Hay más cantidad de yesca», subraya el viceconsejero, incidiendo en que el suelo «no es tan húmedo como parece» y que el cambio en el patrón de precipitaciones obliga a mantener la alerta.
Arranca ya oficialmente la temporada de alto riesgo de incendios forestales en el Archipiélago, una campaña a nivel autonómico que se activa bajo una idea que las administraciones repiten como principio irrenunciable: la mejor forma de combatir el fuego sigue siendo evitar que aparezca. La campaña autonómica de extinción para 2026 echa a andar con un dispositivo de gran dimensión, diseñado para responder con rapidez en un territorio fragmentado, con zonas de complicada orografía y con masas forestales especialmente sensibles en varias islas. En total, el operativo contará con 1.929 efectivos humanos, 208 vehículos terrestres y 18 medios aéreos, una movilización que confirma que la lucha contra los incendios forestales se ha convertido en una de las grandes prioridades de la planificación de emergencias en Canarias.
«Sin bajar la guardia»
El peso principal de la respuesta recae en los cabildos insulares, que son la primera administración en activar la alerta y desplegar sobre el terreno los medios humanos y materiales. Tenerife concentra el mayor volumen de recursos de extinción que aporta a Gobierno regional –88 efectivos, 54 medios materiales y dos medios aéreos–, en una isla donde la extensión de la masa forestal y la complejidad del relieve obligan a una vigilancia especialmente intensa. Es más, el pasado 14 de abril el Cabildo tinerfeño suscribió un acuerdo con Defensa por el cual unos 2.500 miembros del Ejército se desplegarán solo en la Isla. Gran Canaria –que pondrá a disposición del Gobierno 178 efectivos, 25 medios materiales y dos aéreos– destinará exclusivamente a la prevención de incendios los cinco millones que prevé recaudar con el ‘céntimo verde’ a los combustibles.
La Palma suma al operativo autonómico, de ser necesario, 237 efectivos y 37 medios. Completan ese mapa El Hierro, con 115 efectivos y 33 medios, y La Gomera, con 112 efectivos y seis medios terrestres.
Cuando el incendio supera la capacidad de respuesta inicial y exige un refuerzo extraordinario, entra en juego el dispositivo autonómico. En ese segundo escalón operativo se sitúan los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif) con 140 efectivos, 15 medios materiales y tres aéreos. A ello se añade el papel del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias (GES), que aportará 43 profesionales y seis medios aéreos. También forman parte del entramado de vigilancia y respuesta los equipos ligados a espacios naturales especialmente protegidos, como la Caldera de Taburiente, en La Palma, con 36 efectivos, o el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, con 65.
El sistema se completa con el respaldo estatal. La Unidad Militar de Emergencias (UME) aportará 150 efectivos y 24 medios materiales desde sus bases de Gando y El Rosario, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica reforzará el dispositivo con 65 efectivos, cinco medios materiales y otros cinco aéreos. La coordinación entre todas esas administraciones vuelve a ser una de las claves de una campaña que no solo exige recursos, sino también rapidez en la toma de decisiones y capacidad para actuar de forma sincronizada cuando cada minuto cuenta.
