Los juzgados de la provincia de Alicante sufren un atasco desde hace años ante el ingente número de causas y la falta de medios suficientes para sacarlas adelante. Esta situación se traduce en retrasos tanto para la celebración de juicios como para las sentencias.
Pero cuando de las cifras se pasa a los casos reales, que afectan a las personas, nos encontramos con escenarios alarmantes. Es lo que le ocurre a una vecina de San Vicente del Raspeig, que lleva un año aguardando una sentencia por presuntos abusos sexuales de su expareja.
Cristina Romero ha querido dar su nombre y poner cara a una realidad que sufren miles de personas, pero que en su caso se agrava todavía más porque es víctima de violencia machista. La mujer está incluida en el sistema VioGén, la herramienta del Ministerio del Interior de seguimiento integral en los casos de violencia de género.
Según los niveles de riesgo que hay -no apreciado, bajo, medio, alto o extremo-, se establecen distintas medidas de protección y vigilancia policial. Romero, en el informe realizado de valoración policial de riesgo, está en riesgo medio, que incluye la vigilancia ocasional y aleatoria en domicilio y lugar de trabajo de la víctima y en los centros escolares de los hijos.
Juicio en marzo de 2025
El juicio contra su expareja por presuntos abusos, para el que pide 14 años de cárcel, se celebró el 12 de marzo de 2025 en la sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante. Desde entonces, está esperando la sentencia. Más de un año.
Este retraso está minando a la mujer, que no entiende el «injustificable retraso» que hay en un caso como el suyo. «No puedo más, no hay derecho a que esté pasando esto», lamenta.
Romero no está sola en este proceso, ya que está recibiendo asesoramiento de la Plataforma por la Igualdad Raspeig, una asociación feminista que lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
La mujer ha decidido enviar un escrito al Defensor del Pueblo en el que pide ayuda por «un procedimiento por dilaciones indebidas y vulneración del estatuto de la víctima». En el texto, asegura que el retraso en la sentencia le está causando «un perjuicio psicológico grave y una vulneración al derecho a una justicia pronta», según el artículo 24 de la Constitución.
El fallo, pronto
Por su parte, fuentes judiciales reconocen el retraso en dictar sentencia, pero añaden que «en breve» estará. Además, remarcan que al no ser una causa con un preso, no tenía la calificación de urgente.
El juez que lleva el caso, Eugenio Alarcón, es el mismo que hace siete años fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los retrasos en su departamento, cuando estaba al frente del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante.
La comisión disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces dio por finalizada la investigación calificando como «falta muy grave» una acumulación de asuntos pendientes de resolver que en los meses previos al comienzo de las pesquisas superaba el millar.
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