- Auditoría sobre la mili en 2026
- Objetivos de la proposición no de ley
- Detalle de la investigación propuesta
- Medidas reclamadas por los partidos impulsores
- Justificación y contexto de la iniciativa
- Resultado de la votación en el Congreso
- Interpretación del voto del PSOE
Auditoría sobre la mili en 2026
Los grupos parlamentarios de Sumar, Junts per Catalunya, Esquerra Republica de Catalunya, Partido Nacional Vasco y diputados de Podemos, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego pretendían abrir, en 2026, una verdadera auditoría sobre la mili.
Más de veinte años después de que desapareciera el servicio militar obligatorio, esos partidos, que integran o dan apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez, pretendían impulsar una investigación.
Presentaron una proposición no de ley que se votó en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Objetivos de la proposición no de ley
Buscaban instar, en primer lugar, al Defensor del Pueblo “a iniciar actuaciones de oficio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, en relación con los casos documentados de vejaciones, maltratos, acosos y muertes ocurridos durante el servicio militar obligatorio”.
También querían presionar para que se abriera -sin dar detalles de por parte de quién- “una investigación exhaustiva e independiente a escala estatal sobre estos hechos”.
Detalle de la investigación propuesta
En esa investigación consideraron que se debía incluir, como mínimo:
- La recopilación sistemática de datos sobre suicidios, muertes en circunstancias no aclaradas y denuncias de abusos vinculadas al servicio militar obligatorio.
- El análisis de posibles responsabilidades institucionales, políticas y militares.
- La avaluación de mecanismos de control existentes en el periodo afectado y de sus carencias.
Medidas reclamadas por los partidos impulsores
Por último, intentaron que el Congreso reclamara “al Estado español que, una vez acreditados los hechos”, impulsara:
- El reconocimiento público de las víctimas.
- El establecimiento de mecanismos de reparación moral, simbólica y económica.
- El acceso a asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico para las personas afectadas y a sus familiares.
- Recomendaciones a los efectos de evitar que se repitan estos hechos.
Justificación y contexto de la iniciativa
Los partidos impulsores justificaron su proposición no de ley: “Durante las décadas de 1980 y 1990 miles de jóvenes realizaron el servicio militar obligatorio en cuarteles del Estado español. En los últimos meses han emergido numerosos testigos que relatan situaciones sistemáticas de vejaciones, maltratos, acosos y agresiones físicas y psicológicas sufridas por reclutas, así como muertes producidas en circunstancias no suficientemente aclaradas”.
No lo citaron, pero laSexta emitió en septiembre un reportaje de «Salvados» sobre reclutas que se fugaron del cuartel donde hacían la mili en 1994.
“Los datos oficiales del Ministerio de Defensa sitúan en más de 300 los suicidios documentados en las fuerzas armadas entre 1983 y 2001”, reflejaron en la proposición los diputados, “si bien diversas investigaciones periodísticas y testigos de los familiares apuntan que la cifra podría ser superior, especialmente si se tienen en cuenta las defunciones calificadas en su momento como accidentales”.
Además, “diversas familias han conocido años después que la muerte de sus hijos había sido un suicidio vinculado a los abusos y vejaciones sufridos durante la estada en los cuarteles”.
Según Sumar, ERC, Junts, PNV… “estos hechos no responden a episodios aislados, sino que apuntan a una dinámica estructural de impunidad y negligencia institucional, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus entornos. La falta de investigaciones exhaustivas, el silencio institucional durante décadas y la ausencia de mecanismos de reconocimiento y reparación han agravado el sufrimiento de las personas afectadas”.
Propusieron que se activaran formalmente mecanismos institucionales como el Defensor del Pueblo “para contribuir al esclarecimiento de los hechos, al reconocimiento de las víctimas y al impulso de medidas de reparación,
promoviendo que el alcance estatal de la cuestión sea asumido por los órganos competentes”.
Resultado de la votación en el Congreso
Pese a estar impulsada por los aliados del Gobierno de Pedro Sánchez, la iniciativa no ha prosperado.
En la última sesión de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se sometió a debate y votación esta proposición no de ley para investigar los “abusos, vejaciones y muertes” producidos durante el servicio militar obligatorio, al menos después del franquismo, en los años 80 y 90.
“Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 37; votos a favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 12”, recoge el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.
Votaron en contra los diputados del Partido Popular y de Vox: 18 votos. A favor sólo hubo siete votos.
Interpretación del voto del PSOE
Inclinaron la balanza los doce diputados del PSOE.
Si hubieran votado a favor, la proposición hubiera ganado, con 19 votos.
Pero se abstuvieron, ya que sólo apoyaban una investigación del Defensor del Pueblo: quizás el modelo que se ha seguido con los casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica.
