La sesión matutina del segundo día del juicio del ‘caso mascarillas’ se ha centrado en la presunta contratación irregular de Claudia Montes en Logirail, supuestamente facilitada por la intermediación de José Luis Ábalos y su entonces asesor Koldo García. Han declarado como testigos el exdirector gerente de Logirail José Ángel Menéndez, que ocupaba el cargo en el momento de la contratación, y su sucesor, Óscar Gómez, al frente de la empresa pública entre 2019 y 2022.
Menéndez ha relatado que la incorporación de Montes incluyó un periodo formativo de cuatro semanas sobre los procesos de venta de Renfe Viajeros y la promoción de trenes turísticos de lujo. Tras completar esa fase y una vez incorporada a su puesto, la trabajadora dejó de acudir a su lugar de trabajo a los pocos días, lo que motivó la apertura de un expediente disciplinario. Según ha precisado, ausencias superiores a ocho días constituyen una falta muy grave susceptible de despido, si bien ese procedimiento no llegó a materializarse porque fue cesado el 31 de octubre de 2020, justo cuando se iba a tramitar: «Cuando se iba a tramitar, me cesaron«.
Menéndez ha añadido que, tras su salida, la nueva dirección optó por una vía distinta a la que él había planteado, manteniendo a Montes en el puesto y modificando sus condiciones laborales. También ha indicado que el currículum de la trabajadora llegó a la empresa a través de la gerencia de Recursos Humanos de Renfe, remitido el 18 de octubre de 2019 por Santiago Galindo. Durante la fase de instrucción, la propia Montes explicó que recurrió al exministro en busca de trabajo y que finalmente lo obtuvo gracias a la mediación de su colaborador en el Ministerio de Transportes.
Por su parte, Óscar Gómez ha señalado a preguntas de la acusación popular que no participó en la contratación de Montes, ya que se incorporó al cargo un mes después. El exdirectivo ha justificado además la ausencia de la trabajadora en su puesto al considerar que las condiciones no eran las adecuadas, al estar asignada a uno de los proyectos más relevantes de la compañía pública.
Según ha explicado, la empresa trató de corregir ese desajuste inicial elevando la categoría profesional de Montes apenas un mes después de su incorporación. En este sentido, ha reconocido que trasladó a la trabajadora que «la situación que habíamos creado nosotros mismos, asignando un puesto de trabajo en un sitio inadecuado, había quedado resuelta», tras adecuar el contrato a las funciones reales del servicio.
El exdirectivo también ha detallado que Montes contaba inicialmente con un contrato de menor nivel, de perfil comercial, y que la modificación respondió a la necesidad de evitar retrasos en la prestación del servicio. «Me pareció que era lo más adecuado y así no tener que seleccionar a otra persona, para no incurrir en una penalización por el cumplimiento del servicio», ha explicado, precisando que el cambio consistió en una mejora de categoría. En la misma línea, ha insistido en que la trabajadora no llegó a desempeñar su puesto porque este no era adecuado, llegando a cuestionar si el entorno asignado era idóneo «para vender un producto de lujo».
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