La jueza dio tres días de plazo para que la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana enviara el profesor de apoyo que un niño con discapacidad lleva esperando casi dos años. Y ni aun así. Casi un mes después, el profesor de Pedagogía Terapéutica (PT) sigue sin llegar. La familia se desespera y sigue sin entender por qué la Administración se niega a dotar a su hijo del apoyo escolar que necesita para que la que inclusión «sea real» y no «una mentira» que «está perjudicando y dañando a nuestro hijo».
El niño se llama Noah y tiene reconocido un grado de discapacidad del 61% por varios diagnósticos: el Síndrome Burnside-Butler, retraso del desarrollo del lenguaje, TDAH, Trastorno de Conducta Grave, Capacidad intelectual Límite, Trastorno del aprendizaje y Dislexia. Así consta en el último informe de la Unidad de Salud Mental Infantil (USMI) de la Conselleria de Sanidad.
La determinación de apoyos en el sistema educativo valenciano se articula mediante una evaluación psicopedagógica. Y en el informe de Noah se recoge «la modalidad de escolarización ordinaria con necesidades específicas de soporte educativo y apoyo especializado», entre otros, «de maestro de Pedagogía Terapéutica intensidad alta y grado 3 de apoyo». Por ello, la familia optó por la escolarización en un colegio público de Villarreal que ha hecho «todo lo posible» por la inclusión educativa de Noah. Sin embargo, sin recursos no es posible.
El año pasado el centro educativo pidió el apoyo para el menor, que no llegó. Este curso escolar fue la familia la que lo solicitó. Ante la ausencia del apoyo, en febrero presentaron una denuncia en el juzgado por «vulneración de derechos fundamentales». Los juzgados acumulan retrasos y por eso, la jueza dicta un auto para que, como medida cautelar, la Conselleria de Educación preste a Noah «el apoyo personal docente especializado en pedagogía terapéutica con intervención personalizada y de forma continuada durante la jornada lectiva hasta que recaiga sentencia firme o se dicte cualquier otra resolución que declare el archivo». De hecho, la jueza señala en el auto que no hacerlo «de forma inmediata» le puede conllevar «perjuicios insalvables» para su «atención y desarrollo» y afectaría de forma directa «a su condición imposibilitando el derecho a la educación y asistencia al centro escolar, así como a su salud mental e integridad moral».
Desde el 4 de marzo
El auto de medidas cautelares data del 4 de marzo. Sin embargo, y ante la inactividad de la Conselleria de Educación, la abogada de la familia, Sandra Casas, presenta un recurso y la jueza da tres días para que la Administración «remueva los obstáculos que impiden la efectividad del auto de la medida cautelar». La fecha es del 13 de marzo y casi un mes después la familia asegura que Noah volverá a clase después de las vacaciones de Pascua igual que ha estado hasta ahora, es decir, sin el apoyo al que tiene derecho y que lleva dos años esperando.
«Estamos hablando de un niño y de su derecho a la educación inclusiva. Necesita el profesor de PT y la última vez que llamamos a la Dirección General de Inclusión Educativa nos dijeron que ya no llamáramos más. Llevan dos años negando el profesor que a mi hijo le corresponde por ley y encima les molestamos por llamar», explica Néstor, el padre de Noah.
Tres días para la solución
La abogada de la familia y titular de Acción para la Justicia Social, Sandra Casas, explica que, en tres días, llega un PT al aula. «El lunes crean la plaza, el martes ‘sacan’ al profesional de la bolsa de empleo y el miércoles ya está con el menor en la clase. La impunidad con la que el personal de la conselleria opera ante la justicia y ante el ciudadano, principalmente ante las personas más vulnerables, es algo que hay que denunciar porque las medidas cautelares están para cumplirlas. ¿Por qué ellos no? ¿Por qué le niegan a un niño el apoyo educativo al que tiene derecho?», pregunta Casas.
La medida cautelar llegó a petición de la abogada especializada que sabe el «daño irreparable» que implica para un menor con discapacidad la espera de un juicio. «Hay un informe psicopedagógico que recoge la necesidad de este recurso para el menor y cada día que pasa y no lo tiene el niño sufre. Los centros educativos hacen lo que está en su mano para atender la diversidad pero la realidad es que la conselleria los deja a los pies de los caballos. Al Consell se le llena la boca con la inclusión educativa pero luego no ponen los especialistas en estos centros para que esa inclusión sea real», concluye la abogada Sandra Casas.
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