Confirmado. El educador que violó a una joven tutelada por la Generalitat Valenciana tendrá que cumplir la condena de nueve años de prisión impuesta por el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Así lo ha confirmado la Sección de Apelación Penal de la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) al ratificar la condena impuesta por la Audiencia de Valencia después de que la defensa del acusado interpusiera un recurso de apelación. La sentencia revoca únicamente el pronunciamiento del órgano judicial provincial en cuanto a la condena al penado de las costas procesales generadas por la acusación particular, ya que ésta no lo solicitó expresamente en su momento.
La víctima, que estaba diagnosticada de un trastorno límite de personalidad y no tenía familiares, fue declarada en situación de desamparo por un juzgado de forma cautelar en agosto de 2017, cuando tenía 20 años, y su tutela provisional fue asumida por la Administración autonómica. En 2018 comenzó a residir en un piso tutelado en Valencia, donde conoció al acusado, que era el educador al cargo de esa vivienda y con el que inició al año siguiente una relación de amistad y afectiva en la que ambos mantuvieron relaciones sexuales.
Se encerró en el baño
A la vista de su evolución favorable, en abril de 2021 la chica se fue a vivir al domicilio del propio educador, ubicado en una localidad del cinturón urbano de la capital, aunque seguía bajo la supervisión y control del servicio de tutelas de personas adultas. Fue ese mismo mes, en una fecha cercana al día 24, cuando el acusado agredió sexualmente a la joven, después de que ella se hubiera encerrado en el cuarto de baño y comenzara a autolesionarse con una cuchilla, tal y como declaró probado la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia.
Este tribunal condenó en octubre del pasado año al educador a nueve años de prisión como autor de un delito de agresión sexual, así como a una inhabilitación especial para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante cuatro años.También le impuso la inhabilitación para ejercer cualquier oficio o actividad que conlleve contacto regular o directo con menores de edad durante 14 años, el mismo tiempo de prohibición de comunicación y de aproximación respecto a la víctima, siete años de libertad vigilada y la obligación de indemnizar a la chica con 8.000 euros en concepto de daños morales.
Actividad probatoria suficiente
La Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV ha confirmado ahora, en una sentencia emitida el pasado mes de febrero, todas esas penas y medidas. Según consta en esta resolución, la condena del apelante y la convicción de su culpabilidad por parte del tribunal sentenciador “resultó de una actividad probatoria suficiente, revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, legalmente obtenida, y con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación”. La Sala considera igualmente correcta la aplicación del subtipo agravado del delito de agresión sexual en este caso, por prevalimiento, ante la situación de vulnerabilidad de la víctima y la posición y estatus de cuidador que tenía el acusado respecto de ella.
El Tribunal Superior únicamente ha estimado en parte el recurso de apelación interpuesto por la defensa del penado en cuanto a la inclusión en la condena en costas de las generadas por la acusación particular, pues conforme a la jurisprudencia es preciso que así se haya pedido expresamente por esa parte, lo que no ocurrió en este caso. La sentencia de apelación del TSJCV puede ser recurrida a su vez en casación ante el Tribunal Supremo.
