Nuevo pleno al quince de PP y Vox en las Corts que reafirma el idilio de ambas formaciones en la Comunitat Valenciana, que parecen inmunizadas ante el enfrentamiento abierto entre los dos partidos a nivel nacional tras el carrusel de elecciones autonómicas. Populares y voxistas han vuelto a combinar sus votos en el parlamento valenciano para convertirlos en un rodillo con el que han ido aprobando las iniciativas propias y tumbando las de la izquierda, sin excepción. Desde apoyar la prolongación de la central nuclear de Cofrentes a bloquear investigaciones sobre el caso Carlos Baño en la Cámara de Alicante o sobre posibles irregularidades en la gestión de Ribera Salud, como pedían PSPV y Compromís respectivamente.
Han sido diez las votaciones y otras tantas las ocasiones en las que la pantalla que muestra los resultados ha reflejado el mismo color en el bloque de la derecha, donde se sientan los diputados de PP y Vox. Acuerdo total en todo. Uno de los puntos de encuentro más relevantes se ha dado en materia de inmigración, un asunto central del discurso de Vox y al que el PP ha terminado por ceder.
Como adelantó este diario el día previo, las Corts ha aprobado este miércoles, con el voto imprescindible del PP, una Proposición No de Ley de Vox que recoge las grandes –y más radicales– propuestas de los de Abascal en inmigración. Son, punto por punto, las exigencias que impusieron al PP a cambio de dar sus votos para investir a Juanfran Pérez Llorca y evitar una convocatoria electoral. Y aunque se trate de una PNL y por tanto, de una medida sin efecto práctico, es relevante en tanto que supone que el PP asume como propia estas peticiones, que ahora formalmente se reclaman al Consell de Pérez Llorca, tal como reza la iniciativa.
Entre otras cosas, instan al Consell a «promover la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados en las afueras de los centros urbanos, con la finalidad de que los ‘mena’ –acrónimo de menor extranjero no acompañado– no generen problemas de convivencia ni seguridad«. Una medida que ya está de alguna forma en vigor, ya que parte de las personas acogidas por la crisis de Canarias han sido ubicadas en dos centros (Muro d’Alcoi y Villena) que ya están en el extraradio.
Exigen además a la Generalitat de Llorca «reforzar el nivel de seguridad» en los centros así como los «protocolos de intervención y disciplina» de los trabajadores, para que «en ningún caso» los menores reciban una «atención privilegiada». Y también reclaman impulsar «programas de retorno» y la publicación de estadísticas segregadas por origen, un extremo que el PP ya asumió con Mazón al frente.
Cambios en la Renta Valenciana de Inclusión
El pacto, además de demostrar la influencia de Vox en el Consell, supone el establecimiento de un marco autonómico de actuación ante las migraciones que los aliados han ido complementando por otras vías. Por ejemplo, este miércoles se aprobaron, también con sus votos, los cambios en la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) pactados previamente por PP y Vox en comisión.
Estos, en líneas generales, añaden trabas para el mantenimiento y acceso a esta ayuda, especialmente a las personas migrantes, a quienes se eleva a 15 meses el requisito mínimo de empadronamiento. También abre la puerta a excluir de la percepción de la RVI a las mujeres que porten velo islámico. Un extremo del que alardea Vox pero que niega el PP, y que no queda del todo claro por la redacción final de la norma.
Desde Sorolla a Cofrentes
En cualquier caso, el entendimiento entre PP y Vox en el parlamento valenciano trasciende el tema migratorio. Ambos partidos se han puesto de acuerdo también a la hora de convalidar el decreto ley del Consell por el que se modifica la ley de patrimonio cultural. Unos cambios normativos que buscan, según el Consell, «facilitar» la llegada de los cuadros de Sorolla a València a través de la creación de una sede de la Hispanic Society of America.
Durante el debate, que tuvo lugar el martes, el PSPV y Compromís criticaron la «urgencia» del Consell con este decreto, pensado a su juicio «desde el negocio», mientras el PP y Vox lo consideraron una apuesta por la cultura.
También ha habido ‘entente’ para aprobar la iniciativa con la que se pedía a las Corts reclamar al Gobierno la prórroga de la central nuclear de Cofrentes. La izquierda ha votado en contra, pero de nuevo populares y voxistas han impuesto su mayoría, al entender qu favorece «la seguridad energética, la estabilidad de precios para familias y empresas, el mantenimiento del empleo y la competitividad de nuestro tejido productivo».
Portazo a las investigaciones de la izquierda
Además, PP y Vox han tumbado toda las iniciativas presentadas por la oposición, entre ellas, una de Compromís que pedía fiscalizar a la Cámara de Comercio de Alicante, cuyo presidente Carlos Baño está investigado por un supuesto fraude en la gestión de unos bonos consumo de los años 2022 y 2023, cuando Carlos Mazón presidía la institución.
En concreto, se pedía que la Sindicatura de Comptes investigara los bonos otorgados de 2022 a 2025, tras la reciente detención de su presidente por supuesto fraude en su gestión, y que el Consell de Transparencia hiciera un informe del cumplimiento de las obligaciones de publicidad de la entidad cameral.
Tampoco ha salido adelante la propuesta del PSPV para crear una comisión de investigación sobre «las irregularidades detectadas en la prestación de los servicios privatizados dentro del sistema público de sanidad que pongan en riesgo la salud de los valencianos y valencianas».
Los socialistas también habían propuesto y una serie de medidas en materia de vivienda, como impulsar la declaración de zonas tensionadas en los municipios o áreas que cumplan los requisitos legales, que han sido rechazadas, como también lo han sido las medidas de Compromís para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. Tampoco han aceptado la proposición de ley planteada por Compromís para el reconocimiento de la pesca artesanal profesional en l’Albufera.
El Gobierno acusa a PP y Vox de pretender «un apartheid» en la Comunitat Valenciana al pactar alejar los centros de menores de ciudades
Europa Press/Madrid
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a PP y Vox de pretender «un apartheid» en la Comunitat Valenciana con su proposición de alejar los centros de menores extranjeros de las ciudades. «Pactar para que los centros de menores de niños y niñas no acompañados se lleven lo más lejos posibles de nuestra realidad tiene un nombre, se llama apartheid», ha asegurado Saiz en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en relación a la propuesta de Vox que tiene previsto apoyar el PP este miércoles en Les Corts Valencianes.
La titular de Migraciones ha acusado al PP de «claudicar como principal partido de la oposición» ante Vox y lo ha enmarcado en las negociaciones de ambos partidos para formar gobiernos autonómicos. «Tienen pendientes llegar a acuerdos y son condiciones que les están poniendo», ha lamentado Saiz. Ha incidido, en este sentido, en la «absoluta incoherencia» del PP en política migratoria y ha mencionado el acuerdo entre ambas formaciones para constituir una ponencia de diputados y senadores que estudie los efectos que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes pueda tener en la seguridad nacional.
«Es un giro absoluto», ha recriminado la ministra a los de Alberto Núñez Feijóo a quienes ha recordado su apoyo «hace un año a la iniciativa legislativa popular que es la antesala para que el Gobierno coja el testigo y haga esta respuesta desde la perspectiva social (la regularización)». En su opinión, el PP «está supeditado a los acuerdos que le está marcando la ultraderecha» y le ha recriminado que vincule «regularización extraordinaria con terrorismo». Ha acusado, además, a los populares de «desconocimiento» por pedir que la regularización se haga «caso por caso» y plantear, a la vez, la derogación de la «figura del arraigo cuando es precisamente lo que este gobierno hace caso por caso».
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