En el año 2011, en plena crisis económica y con el euro en serias dificultades, el Gobierno central —todavía entonces con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa— firmó con Autopistas del Atlántico (Audasa) una hipoteca que, si nada lo remedia, rebasará ampliamente los mil millones de euros en 2048, fecha en que expira la concesión prorrogada, a su vez, por el Ejecutivo de José María Aznar.
Esa cuenta pendiente, que se denomina saldo de compensación, supera ya los 369 millones de euros, según consta en las cuentas remitidas este miércoles por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): la factura está medrando a razón de casi 1 millón de euros mensuales, frente a una Audasa que opera en régimen de monopolio —la autopista AP-9 no tiene opción alternativa por carretera— y que el pasado ejercicio anotó récord histórico de facturación y beneficios.
¿Qué es este crédito, exactamente? Como quiera que fue la propia Audasa la que sufragó los trabajos de ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago, el Ejecutivo central accedió a la creación de una especie de hucha que tendría que quedar a cero al final de la concesión, que, de momento —si no lo remedia Bruselas— continúa fijada para dentro de más de veinte años. Esa cuenta nacía con el importe conjunto de los costes de las obras, pero está sujeta a una revalorización del 8%, nunca explicada, así como a una partida extra de costes de mantenimiento.
De modo que, por más que el erario público haga inyecciones extraordinarias cada año para tratar de contener la factura —en 2025 aportó 66,4 millones de euros—, el saldo de compensación no deja de crecer. Solo el apartado de «actualización financiera», gracias a esa revalorización blindada en el Real Decreto 1733/2011, supuso un aumento el año pasado de más de 28 millones de euros. Otros 27,6 millones, a «gastos de mantenimiento».
El Estado lleva inyectados al saldo de compensación más de 183 millones de euros en tres años, pero éste ha crecido igualmente en 25 millones
La única manera en la que el Estado podría librarse de esta losa sería el pago de una tacada de la deuda actual, esos casi 370 millones de euros. Es una opción que ya estuvo sobre la mesa del Consejo de Ministros durante esta legislatura, pero fue descartada por el Ministerio de Hacienda, según fuentes próximas al Ejecutivo. De modo que el resumen puede ser el siguiente: las aportaciones extraordinarias aprobadas por Madrid para reducir el saldo de compensación se situaron en el umbral de los 183,755 millones solo en los últimos tres ejercicios —55,9 en 2023, 61,4 millones en 2024 y otros 66,4 de 2025—, pero el saldo en sí creció en 25 millones más.
Las cuentas
Al margen de este pesado crédito, las cuentas anuales de Autopistas del Atlántico fueron, una vez más, positivas en todos los sentidos. Los tráficos, expresados en parámetros IMD (intensidad media diaria), crecieron en un 5%, hasta los 27.839 vehículos. Pero fue el resultado neto el que anotó un incremento de doble dígito, hasta los 100,8 millones de euros, íntegramente destinados al reparto de dividendo. Teniendo en cuenta los 231,77 millones de euros de facturación, de los peajes e ingresos de las estaciones de servicio, más del 43% de los ingresos de Audasa se convierten en ganancias netas. El capital de la sociedad, filial de Grupo Itínere, se reparte ahora entre el fondo de pensiones holandés APG Asset Management y el suizo Swiss Life, a través de una mercantil de Luxemburgo.
Con fecha del 23 de enero la concesionaria presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Estado para reclamar el pago de 34,75 millones de euros de peajes en sombra, más «intereses legales». La compañía está pendiente también del recurso de amparo formulado ante el Tribunal Constitucional frente a la sentencia que la ha condenado a devolver el importe de tarifas cobradas indebidamente durante las obras en Rande. Los nuevos carriles del puente se abrieron en 2018 con los trabajos sin rematar, pero fue lo que habilitó un incremento excepcional del 1% en las tarifas durante 20 años. Esta vez sucedió con el Gobierno de Mariano Rajoy.
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