El Ayuntamiento de Alicante «complica» la adjudicación de viviendas protegidas para tratar de aumentar el control sobre el procedimiento y evitar que se repita el escándalo de Les Naus, destapado por INFORMACIÓN. El Patronato municipal ha aprobado este viernes ampliar durante tres meses más el plazo para la presentación de ofertas a la construcción del próximo bloque con pisos sociales en el barrio de San Blas e introducir nuevos requisitos para su comercialización, como más publicidad y la obligación de entregar los inmuebles por sorteo, baremación objetiva u orden de inscripción.
El organismo municipal ha dado cuenta este viernes del decreto que ordena dar marcha atrás en el pliego de condiciones de adjudicación de las obras, para incorporar más mecanismos de control y requerimientos a la hora de vender los futuros inmuebles. Una decisión que extenderá el concurso público tres meses más, en cuanto se modifique formalmente la documentación publicada en el portal de contratación, y que prolongará el plazo de recepción de pujas hasta el verano. Según se recoge en el expediente, «resulta pertinente en aras de garantizar los principios de accesibilidad universal, publicidad y concurrencia«, siendo necesario «introducir modificaciones respecto a las obligaciones del adjudicatario y, por ende, las condiciones resolutorias y las causas de resolución».
El Ayuntamiento de Alicante desistió a principios de año de la construcción de 32 viviendas públicas en el barrio de San Blas. Después de que el concurso para las obras quedara desierto, al no presentarse ninguna empresa interesada, el gobierno local cambió de fórmula y se inclinó por la venta de la parcela a un promotor privado a cambio, además, de la cesión de un mínimo de tres inmuebles. El mismo método empleado en el Plan Vive de la Generalitat y muy similar al de la polémica promoción de Les Naus. Sin embargo, después de que INFORMACIÓN destapara las adjudicaciones en la promoción de La Condomina, el alcalde anunció que endurecería el procedimiento para hacerse con un piso en el futuro bloque de la calle Ceuta, lo que ahora se hace efectivo.
Las medidas, al detalle
Entre las medidas que se ha aprobado incorporar, se incluye la obligatoriedad de firmar una declaración de ausencia de conflictos de interés tanto para los integrantes de la Mesa de Contratación y los intervinientes en la tramitación del expediente como para la futura adjudicataria, posibles subcontratas y comercializadores de las viviendas.
En estos documentos, será necesario suscribir que no se mantienen «vínculos económicos, profesionales, familiares o personales que puedan comprometer su imparcialidad». Además, se prohíbe iniciar la comercialización de los inmuebles hasta la obtención de la calificación provisional, para evitar que ocurra lo mismo que en Sant Joan, donde el Ayuntamiento revisa el proceso de compraventa de una promoción del Plan Vive en el barrio de Nou Nazareth.
En la misma línea, las modificadas condiciones del pliego buscan que no surjan nuevas dudas sobre la objetividad en las adjudicaciones de los pisos. Por ahora, de acuerdo con la normativa autonómica, los promotores son quienes deciden a qué candidato (siempre y cuando cumpla los requisitos económicos y administrativos) se vende cada uno de los inmuebles en cuestión. Un sistema que ha sembrado sospechas de nepotismo en el caso de Les Naus y que el Ayuntamiento de Alicante plantea sustituir por otros mecanismos menos subjetivos.
Al respecto, el futuro pliego incluirá que la forma de adjudicación de las viviendas de protección pública deberá ser mediante «sorteo, baremación o antigüedad de la inscripción», contemplando expresamente el modo de asignación de los pisos. En la misma línea, será necesario establecer una web para la inscripción de solicitantes, en la que también habrá de indicarse la fecha de apertura y finalización del plazo de inscripción, de al menos 30 días y anunciado con 10 de antelación.
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