La Unión Europea se lanzó a cortar su enorme dependencia del gas ruso tras la invasión militar de Ucrania y activó de manera simultánea medidas para garantizar la seguridad de suministro energético. Desde entonces y aún ahora, los estados miembros de la UE están obligados a llegar al invierno -el momento de mayor consumo de gas- con sus almacenes de gas al 90%.
Durante lo peor de la anterior crisis energética, con los precios del gas natural disparados, el Gobierno español ya dio facilidades económicas como parte de ese escudo ‘antiPutin’ para que las empresas gasistas pudieran cumplir con esa obligación de llenado de los depósitos a un coste menor. España recupera ahora esas facilidades por las tensiones en los mercados energéticos desatadas por la guerra en Oriente Medio.
El Gobierno ha incluido en el real decreto-ley de medidas ‘anticrisis’ por la escalada bélica una exención para las compañías energéticas del pago del canon por el uso de los almacenamientos subterráneos para alcanzar la obligación de elevar sus reservas de gas. Como ya hizo en lo peor de la anterior crisis energética por la guerra en Ucrania, ahora el Ministerio para la Transición Energética vuelve a aplicar esa exoneración de los pagos este año para el gas adicional que deberán inyectar en los almacenes para alcanzar el objetivo de tener los almacenes llenos más de un 90% de su capacidad total el próximo invierno (actualmente el llenado apenas supera el 55% de capacidad).
45 millones para cubrir el agujero
“El conflicto en Irán y las tensiones en el tránsito de buques metaneros por el Estrecho de Ormuz, así como en la capacidad de licuefacción de los países de Oriente Medio, ha tenido un impacto inmediato en los precios del gas natural. En este contexto de precios elevados, el cumplimiento de la obligación de llenado va a suponer un coste adicional para los usuarios obligados −comercializadores y consumidores directos− al mismo tiempo que tensionará tanto el mercado de gas como el mercado de capacidad de almacenamiento”, se recoge en el texto del real decreto-ley.
Y como se espera un sobrecoste millonario, “con el fin de mitigar el impacto directo en los sujetos obligados, se establece un canon de almacenamiento subterráneo cero a la capacidad anual contratada que supere el volumen correspondiente a 20 días de consumo o ventas firmes”. Esas reservas equivalentes a 20 días de consumo es la suma de las existencias mínimas de seguridad de carácter estratégico y las existencias mínimas operativas del sistema gasista, a las que están obligadas las compañías energéticas. Por encima de ese mínimo y para poder llenar las reservas, la inyección de gas a los almacenes se realizará sin que las empresas tengan que pagar ningún canon.
El Gobierno también ha aprobado aportar mediante un suplemento de crédito de 45 millones de euros para financiar esta exención de los pagos en la actividad de almacenamiento subterráneo. El Ministerio para la Transición Ecológica compensará con su presupuesto el coste que se ahorrarán las energéticas y para evitar un agujero en el sistema gasista nacional.
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