La aplicación de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha motivado la excarcelación de 24 detenidos en la operación Sombra Negra, que desmanteló hace meses una red que habría introducido 57 toneladas de cocaína en Europa, debido a que sus defensas no tuvieron suficiente información para impugnar la prisión al estar la causa secreta.
La operación se saldó con 105 detenidos en dos fases: la primera culminó en julio del año pasado en Canarias y la segunda finalizó en Andalucía en noviembre.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha tenido que poner en libertad a 24 de los investigados a la vista del criterio de la Sala de lo Penal, que ordenó hace semanas excarcelar a otro de los imputados en esta causa al considerar vulnerado su derecho de defensa por no haberle informado del «contenido de los indicios» que le llevaron a prisión provisional.
El Constitucional constata que algunos tribunales habían interpretado erróneamente su doctrina
Para adoptar su decisión, la Sala tuvo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, establecida desde 2017 a través de diferentes sentencias, y reforzada el pasado mes de febrero en una resolución, que estableció que, en una causa secreta, el juez debe «concretar» no solo el listado de fuentes de prueba contra el investigado, sino también «los datos que permitan la identificación de dicha fuente».
En su sentencia, el Constitucional constató que algunos tribunales habían interpretado erróneamente su doctrina, al entender que sólo debían informar al investigado del «tipo o clase de prueba de manera genérica, pero no su contenido efectivo».
Nuevas medidas cautelares
Algo similar ocurrió en la investigación de este caso de narcotráfico: la Sala concluyó que la jueza informó a uno de los imputados de su «participación concreta», pero «no el contenido de los indicios» que motivaron su entrada en prisión.
En concreto, no detalló el resultado de las vigilancias policiales, no proporcionó un resumen de la transcripción de los pinchazos telefónicos o detalles como con quién habló y cuándo en dichas conversaciones.
A la vista del criterio expuesto por la Sala en aplicación de la doctrina del TC, ahora la jueza Tardón ha acordado la libertad de 24 detenidos -a quienes se les ha impuesto medidas cautelares-.
Antidroga, preocupada por las excarcelaciones
El caso recuerda a lo ocurrido con otra importante trama de narcotráfico, en la que está procesado el exjefe de la UDEF en Madrid, Óscar Sánchez.
El considerado cabecilla, Ignacio Torán, fue excarcelado en abril del año pasado junto a otros investigados por motivos similares, si bien meses después volvió a ingresar en prisión tras recabar los investigadores nuevos indicios en su contra.
Desde la Fiscalía Antidrogaven estas excarcelaciones con mucha preocupación, según admiten fuentes consultadas por Efe, que claman por una reforma legal que permita perseguir a este tipo de organizaciones criminales, de gran envergadura, con herramientas propias de la lucha contra el crimen organizado, como refleja la última hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea.
La Fiscalía Antidroga clama por una reforma legal que permita perseguir a este tipo de mafias
Discrepan de la puesta en libertad de estos investigados, al considerar que sus defensas sí contaban con los datos necesarios para no mermar su derecho a defensa en una causa que está bajo secreto de sumario y que debe tener reservas por el buen futuro de la investigación.
Sienten además una profunda desolación por el lugar donde deja a los investigadores la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional a la hora de combatir el crimen organizado, en el que el secreto sumarial es esencial.
Golpe a la logística del narco en el Atlántico
La operación Sombra Negra supuso el desmantelamiento de una organización logística de apoyo al narcotráfico, con 105 detenidos en dos fases: la primera culminó en julio del año pasado en Canarias y la segunda finalizó en Andalucía en noviembre.
El operativo, que supuso un ataque al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, derivó en la intervención de 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, múltiples cuentas bancarias, dos ‘hexacópteros’ o megadrones, más de 800.000 euros y más de 150 móviles.
Según la investigación, el presunto líder de la organización, alias El Tapi, residiría en Dubai y se encargaría de la financiación de las partidas de droga que llegan a España. Su mano derecha, Hassan M.M., operaría desde Cádiz y se encargaría de dirigir y transmitir sus instrucciones.
El control de las narcolanchas
Otra persona identificada como «Escorpión» manejaba presuntamente desde Marruecos embarcaciones de alta velocidad cargadas de droga y daba las directrices sobre el lugar de entrega. Tendría el control de las narcolanchas que han transportado toneladas de cocaína hasta Canarias y la Península.
En el mismo escalón estarían los coordinadores, encargados de garantizar la entrada por las desembocaduras de los ríos, sobre todo el Guadalquivir, y dar provisiones a las embarcaciones que vienen desde mitad del Atlántico.
Después estarían los responsables del transporte de la droga y el personal en tierra que responde a órdenes de los coordinadores, y por debajo, las personas que, sin acceder directamente a la droga, se encargarían de alertar de la presencia policial o de dar salida a los beneficios del narcotráfico.
