La Justicia quiere saber quién es el actual propietario del Clúster del Maestrazgo, la combinación de 22 parques eólicos y fotovoltaicos proyectados en Teruel y que serían la mayor instalación de energías renovables de España. Un proyecto que está vigilado por la Guardia Civil, con varias denuncias ecologistas, y que fue el origen de la espiral investigadora que se cierne sobre Forestalia, la empresa aragonesa de energía verde. El juez instructor de esta investigación ha solicitado a Fernando Samper, presidente y dueño de la energética aragonesa, «aclarar» quién es el actual dueño del proyecto en el Maestrazgo, que teóricamente se vendió al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) por una cifra que rondaría los 500 millones de euros.
En un escrito del pasado 16 de marzo, el magistrado Juan José Cortés, instructor de la causa, requiere a la representación de Fernando Samper que, en un plazo de diez días, «aclare si las instalaciones (parques fotovoltaicos y parques eólicos) siguen siendo proyecto propiedad de las empresas que figuran en las declaraciones de impacto ambiental y resoluciones sustantivas o de tercero». El juez señala que, si el Clúster del Maestrazgo es ahora de otra firma que no esté vinculada a aquellas que realizaron la tramitación y lograron el visto bueno ambiental, Samper y sus representantes tienen que adjuntar «copia de contrato de transmisión». Todo con un objetivo: «Aclarar a quién debe citarse como posible perjudicado en la vista de medidas cautelares».
Las empresas que solicitaron las declaraciones de impacto ambiental y obtuvieron los permisos se llaman Energías Renovables de Ormuz, Quirón, Gladiateur o Satet, todas ellas vinculadas al propio Fernando Samper o a algunas de sus empresas matrices en la gestión del desarrollo renovable del conglomerado Forestalia, como son Fernando Sol SL o Nearco Renovables SL.
Nuevo encargo a la Guardia Civil
El juez asume con este escrito la petición hecha por el fiscal un par de días antes. En su texto, la Fiscalía enmarca en «la eventual urgencia» de valorar en una próxima vista la paralización cautelar del proyecto. El fiscal afirma que «no se identifica posible titular actual de derechos sobre los proyectos del denominado Clúster del Maestrazgo» en una respuesta en las diligencias hecha por la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil). El fiscal eleva al juez la petición, en la que pide que se le informe sobre «dicha titularidad, persona o representante de contacto en España» y a la que se pueda citar en la vista futura sobre la paralización o no del Clúster del Maestrazgo. El juez solicita a la Guardia Civil el encargo de averiguar quién es el actual representante del proyecto.
En una escueta declaración remitida hace unos días desde Dinamarca al medio especializado Renewables Now, CIP afirma ser “consciente de las investigaciones judiciales en España sobre presuntas irregularidades en los procesos de autorización ambiental en Aragón”, pero subraya que “no es parte de ninguna investigación”. El posicionamiento, aunque breve, cobra un especial valor ya que, hasta ahora la compañía había mantenido un absoluto silencio público pese a la creciente presión política, judicial y social sobre el proyecto. Parece que los integrantes de la investigación no han logrado alcanzar ese contacto con el fondo danés y con esta petición de juez esperan saber quién representa a la firma y quién puede defender, en caso de considerarse tercer afectado a CIP, la postura del fondo de inversión danés sobre la posible paralización del Clúster del Maestrazgo.
Ante la gran cantidad de documentación y la incorporación constante de nuevas instituciones, asociaciones o personas físicas y jurídicas a la causa, el juez ha vuelto a retrasar diez días los plazos del caso.
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