El Gobierno ha abierto una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios para analizar posibles medidas contra los efectos en la economía española de la guerra de Irán. Está bien que el equipo de Pedro Sánchez deje en evidencia que no dispone de una mayoría estable para aprobar nada en el Congreso. Ha sido una iniciativa prudente porque también la ha supeditado a lo que se decida en el seno de la Unión Europea. Mientras, algunos partidos políticos han lanzado sus propuestas, algunas de ellas más ideológicas que efectivas, como la reducción de impuestos que propone el PP, y otras más efectistas que efectivas como, la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que quiere prohibir a las empresas los despidos mientras dure la guerra. Podemos y otros grupos han vuelto a proponer la prohibición de los desahucios. Todos menos el Gobierno han querido correr demasiado. Es pronto para saber cuánto va a durar este conflicto bélico y, en consecuencia, qué efectos va a tener sobre la economía. Si es larga, comportará una ola inflacionista como la que vivimos tras la invasión de Ucrania. Si es corta, el escenario es bien diferente. Y la duración es una incógnita porque está en manos de Trump, el presidente norteamericano menos previsible desde la Segunda Guerra Mundial.
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