Durante más de cuatro horas, la Policía ha registrado la sede de la Federación de Comercios y Pymes de la provincia de Alicante (FACPYME) a la busca de documentación sobre el programa de los bonos consumo de los años de 2022 y 2023. Unas diligencias tras la que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha sido conducido a la Comisaría en calidad de detenido para tomarle declaración por las presuntas irregularidades. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, malversación y fraude de subvenciones, aunque será la marcha de las pesquisas la que determine finalmente si se imputa alguno de estos delitos. La causa se encuentra abierta en la plaza cuatro de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El registro ha coincidido con el mismo día en que ese juzgado se encontraba en funciones de guardia.
La Policía y la comisión judicial ha procedido a la detención de Baño y se ha personado en la sede en torno a las 10.30 horas de la mañana y han estado allí hasta pasadas las 14.30 horas. A lo largo del registro, Carlos Baño se ha mostrado colaborador y tranquilo ante los agentes. Con la ayuda de dos empleados de las oficinas ha entregado a los agentes y a la comisión judicial la documentación que se le pedía por las subvenciones investigadas. Aunque en ese momento no se le había tomado declaración formalmente, las fuentes consultadas por este diario han señalado que Baño ha negado ante los agentes cualquier irregularidad en su actuación. Los agentes han estado recabando la documentación tanto en las oficinas de Facpyme como en dos trasteros próximos a las oficinas. A lo largo de los próximos días, los agentes analizarán con lupa todos estos papeles para poder determinar si ha habido desvíos de dinero público. Los agentes han sacado más de tres cajas con documentación, aunque los investigadores han sido selectivos con los expedientes que se han llevado para su estudio.
Antecedentes
La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada abrió una investigación por un presunto delito de fraude de subvenciones para indagar si Facpyme, entidad que preside Carlos Baño, se lucró ejecutando a través de una sociedad instrumental las campañas del bono comercio de la Diputación correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia.
Al frente de la Corporación provincial en esa etapa se encontraba Carlos Mazón, impulsor de este programa y exjefe del Consell, a quien a mediados de 2023 sucedió en el cargo que aún ostenta el también popular Toni Pérez. La Diputación, que subvencionaba el 50 % del importe de los bonos adquiridos por el consumidor, hacía llegar la ayuda a las corporaciones locales que, a su vez, conveniaban con una entidad colaboradora su ejecución. Es decir, transferir las partidas económicas a los comercios adheridos, contratar la pasarela para la compra online de los bonos, publicitar las campañas, etcétera. Por estos conceptos cada ayuntamiento, en función del volumen de la campaña, tenía que abonar una cantidad, uno de los aspectos en los que está centrada la investigación. El objetivo es determinar si hubo cobros indebidos por esos trabajos.
El 13 de julio de 2022, poco antes de ponerse en marcha el programa de los bono comercio, Facpyme constituyó la mercantil Nexo Retail Alicante S.L., de la que Baño era administrador único y la federación, su único socio. Sobre el papel, la sociedad se constituyó para gestionar las ayudas ante la imposibilidad de que una organización empresarial sin ánimo de lucro, como es Facpyme, pudiera asumir la ejecución de un programa que conlleva transacciones económicas. Un extremo que se pretende esclarecer a través del estudio de la documentación obtenida.
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