Rastrear internet para medir y exponer cómo las plataformas digitales «alimentan la división y amplifican el odio«. El presidente Pedro Sánchez anunció este miércoles una polémica herramienta con la que pretende analizar la presencia de odio y polarización en las redes sociales, elaborar un ranking público y obligarlas a «rendir cuentas» por su rol en la proliferación de esos contenidos radicales.
Durante el I Foro contra el Odio, celebrado en Madrid, Sánchez comparó la huella del odio propuesta por el Ejecutivo con la huella de carbono que permite medir de forma empírica y cuantificable el impacto ambiental de una actividad.
Por ahora, las promesas de mano dura del Gobierno no cuentan con un texto legal que dé más detalles sobre la aplicación de lo que han denominado HODIO (Huella del Odio y la Polarización). Aun así, el plan preocupa a abogados especializados en privacidad y libertad de expresión, que advierten de que esta iniciativa podría censurar comentarios legítimos y erosionar el ejercicio de derechos fundamentales.
¿Qué es odio y qué no?
¿Quién decide qué es odio y polarización? Los expertos consultados por El Periódico de Catalunya coinciden en señalar que el principal problema del proyecto es que sea el Ejecutivo quién defina estos conceptos. El delito de odio ya está tipificado en el artículo 510 del Código Penal, que gira en torno a la incitación a la violencia o discriminación de un colectivo, una definición que organizaciones civiles como Article 19 han denunciado como excesivamente amplia.
«Todos los otros comentarios, aunque sean contrarios al sentido común o a la convivencia, están amparados por la libertad de expresión», explica Joan Barata, miembro del Center for Law, Democracy and Society de la Queen Mary University de Londres, que lamenta que «comparar la contaminación con formas de la libertad de expresión es propio de una mentalidad autoritaria». «Odiar no es delito, ni siquiera lo es expresarlo», añade Borja Adsuara, jurista experto en derecho digital.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es claro al dictaminar que la ley de expresión también protege las ideas que «chocan, perturban o inquietan» tanto al Gobierno como a sectores de la población, pues considera que eso es fundamental para las sociedades plurales y tolerantes.
El Gobierno pretende modificar el Código Penal para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos para amplificar esos contenidos. Sin embargo, para lograrlo necesitaría una mayoría parlamentaria cualificada. La falta de esos apoyos está llevando al Ejecutivo a buscar atajos parlamentarios para recortar los plazos de su tramitación, informa Iván Gil.
Fuera del odio, la jurisprudencia española establece otros delitos que atentan contra el honor como las injurias, las calumnias o las amenazas. «Todos los contenidos molestos ya están recogidos por el Tribunal Constitucional y forman parte de la libertad de expresión, nos guste o no. Erradicarlos es erradicar la propia democracia«, alerta Ofelia Tejerina, abogada y Doctora en Derecho Constitucional.
Competencia de la UE
La propuesta del Gobierno cuenta con otro problema. Y es que la Unión Europea ya cuenta con una ley que obliga a las plataformas a tomar medidas para mitigar sus riesgos sistémicos y que, bajo autorización judicial, también puede forzarlas a retirar contenido ilegal. Se trata de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que «define el problema de forma mucho más precisa que las declaraciones vagas y confusas de Sánchez», valora Barata. Además, también restringe el uso de algoritmos para amplificar los contenidos más incendiarios.
La Comisión Europea es la encargada de evaluar el cumplimiento de esa ley y de imponer multas, como ya ha hecho contra X, la red social de Elon Musk. «La competencia es de Bruselas, así que España no tendría margen para inventarse una ley nueva», recalca este experto internacional en derecho de expresión. «[La huella de odio] es un disparate, una propuesta política sin sentido, imposible de aplicar y que parte de una falta de comprensión absoluta sobre el funcionamiento de las plataformas digitales».
Adsuara considera que la DSA «abre una puerta peligrosa» al permitir que las redes sociales «puedan eliminar contenido no ilegal que vaya en contra de sus normas y contenidos», algo que «erosiona el pilar de la democracia».
«Ambigüedad y poca transparencia»
Más allá de la ambigüedad y falta de claridad jurídica, los expertos también critican la falta de transparencia del Ejecutivo. «Es preocupante la opacidad en cuanto al desarrollo técnico de la herramienta», señala Tejerina, profesora de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE de Madrid. «No sabemos quién la creará, qué coste tendrá o qué datos se utilizarán para determinar qué es odio y qué no».
El Gobierno ya utiliza una herramienta para monitorizar las redes sociales en tiempo real. Se trata de MOOD, un sistema para identificar discursos racistas, xenófobos e intolerantes en el fútbol que LaLiga presidida por Javier Tebas ha cedido al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), un organismo que pende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hace exactamente un año, el proyecto incorporó inteligencia artificial para «limpiar esos contenidos».
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