Los tres menores que permanecieron encerrados por sus padres durante casi cuatro años en una casa de Fitoria, a cinco minutos en coche del centro de Oviedo, «echan de menos» a sus progenitores y mantienen contacto telefónico con ellos a pesar de que el matrimonio permanece en prisión preventiva. Así lo aseguraron este martes, a la salida de la primera sesión del juicio que se está celebrando en la sección segunda de la Audiencia Provincial, los abogados del matrimonio, un alemán de 53 años y una estadounidense de 48 que se enfrentan a penas que suman 25 años y cuatro meses de prisión. «Los niños no tienen ningún temor respecto de sus padres, ni tienen ningún ánimo de aversión«, sostiene Javier Muñoz, la defensa de la madre de los niños.
La declaración de las defensas introduce un elemento emocional en una vista marcada hasta ahora por el choque frontal entre la tesis de la Fiscalía y la de los abogados de los padres. Mientras la acusación mantiene que los hechos son constitutivos de delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal, las defensas insisten en que no existió una conducta criminal, sino una situación de aislamiento voluntario que, a su juicio, debió abordarse desde los servicios sociales y no desde la jurisdicción penal.
Sobre la situación familiar, los abogados también se refirieron este martes al papel de los abuelos de los menores, que declararán como testigos por videoconferencia en la jornada de este miércoles. Preguntados por la posibilidad de que los niños hubieran quedado al cuidado de sus abuelos, los letrados señalaron que esa opción es, por ahora, “prematura”, ya que la custodia fue asumida por el Principado y cualquier cambio exigiría un procedimiento separado. “Vamos a ver cuál es el resultado y cuál es la sentencia, que nosotros esperamos que sea absolutoria”, indica Elena González, que representa al padre de los pequeños.
Según su planteamiento, si la sala absuelve al matrimonio, el objetivo sería que la familia pudiera recomponerse de manera paulatina, con supervisión institucional y apoyo profesional. “Confiamos en que esto salga del foro penal y vaya al foro del que nunca debió salir, que es el de los servicios sociales”, señalaron.
Pánico al Covid
Otro de los aspectos sobre los que incidieron las defensas fue el origen del encierro. Uno de los abogados vinculó el aislamiento de la familia con “un temor irracional al mundo exterior”, motivado “sobre todo por miedo al covid”, aunque evitó entrar en más detalles al recordar que el juicio se celebra a puerta cerrada.
Esa referencia enlaza con la línea argumental que ya vienen manteniendo los representantes legales del matrimonio: que la familia decidió aislarse del exterior por razones que, según aseguran, se irán conociendo a lo largo del proceso, y que los progenitores no abandonaron a sus hijos, sino que se volcaron en ellos de una forma “quizá extravagante o heterodoxa”, pero no delictiva.
La vista oral continuará este miércoles con la declaración de los padres y otros nuevos testimonios, entre ellos el de los abuelos y el de varios peritos. Las defensas también dejaron entrever que el juicio podría prolongarse una tercera jornada, aunque en principio estaba previsto que concluyera este miércoles. Sobre el fondo del asunto, insistieron una vez más en su tesis de que no se trata de una causa penal, sino de un caso de intervención social y asistencia familiar.
El caso
Loa padres de los niños ingresaron en prisión dos días después de su detención, el 28 de abril del pasado año, tras una denuncia vecinal que alertó de la extraña situación en la vivienda familiar. El matrimonio llegó a Oviedo en noviembre del 2021 desde Alemania para instalarse en el chalé de Fitoria que habían alquilado a través de un portal inmobiliario.
Según sostiene la Fiscalía, los padres mantuvieron encerrados a sus tres hijos —dos gemelos de ocho años y otro niño de diez— entre diciembre de 2021 y abril de 2025, movidos por un miedo infundado a que pudieran contagiarse de alguna enfermedad después de la pandemia del Covid.
Durante ese tiempo, de acuerdo con el escrito de acusación, los progenitores incumplieron sus deberes de protección y privaron a los menores de sus necesidades educativas, sanitarias, emocionales y sociales. Los niños permanecieron aislados en el interior de la vivienda y sin contacto con otras personas, ni siquiera por medios de comunicación.
Los pequeños no conocían a familiares ni a otras personas que no fueran sus propios padres y tampoco salían al exterior, ni siquiera al jardín de la casa. La Fiscalía sostiene que los acusados les inculcaron el temor a contagiarse de cualquier enfermedad si abandonaban la vivienda. Sólo el padre se dejaba ver, la mayoría de las veces sólo en la puerta de entrada de la finca para recoger los envíos de comida a domicilio desde los supermercados.
Sin escolarización ni seguimiento médico
Los menores nunca fueron escolarizados en España. Cuando fueron rescatados, los gemelos no sabían leer ni escribir. Tampoco contaban con seguimiento sanitario: la última visita al médico se remontaba a 2019, antes de trasladarse a Asturias. Según el ministerio público, eran los propios padres quienes diagnosticaban y trataban los problemas de salud de los niños, para lo que utilizaban medicamentos adquiridos sin receta que fueron hallados en la vivienda.
Los menores presentaban además diversas consecuencias físicas derivadas de las condiciones en las que vivían. Tenían problemas de control de esfínteres por el uso prolongado de pañales, caminaban encorvados y con las piernas arqueadas, mostraban dificultades para subir y bajar escaleras y sufrían irritaciones en la piel. La casa, según la investigación, se encontraba en malas condiciones de higiene, con grandes cantidades de basura y suciedad acumulada.
Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía sostiene que los niños padecen distocia social, lo que implicará un retraso en su incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.
Petición de penas y medidas
El ministerio público acusa a ambos progenitores de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de tres delitos de detención ilegal con el agravante de parentesco. Por el primero de los delitos solicita dos años y cuatro meses de prisión, la pérdida de la patria potestad y la prohibición de acercarse a los menores durante tres años y cuatro meses.
Además, por cada delito de detención ilegal en concurso con abandono de familia reclama siete años y ocho meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y una prohibición de aproximación y comunicación con los niños durante ocho años y seis meses, con suspensión de cualquier régimen de visitas.
La Fiscalía solicita también que los acusados indemnicen a cada uno de los menores con 15.000 euros por los daños morales sufridos.
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