En los últimos diez días, las cinco cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana han actualizado sus portales de transparencia tras publicar INFORMACIÓN una radiografía de vacíos informativos en algunas de ellas y de faltas graves en otras, caso de la Alicante. La rapidez con la que se hizo demuestra que, a pesar de las obligaciones que marcan tres normas legales y un código ético interno, sus responsables y quienes tutelan el cumplimiento de esas obligaciones hicieron una dejación de funciones como gestores de dinero de todos los ciudadanos. El escándalo de las viviendas de promoción pública en la ciudad de Alicante es la prueba patente de que la publicidad activa no es un capricho.
A pesar de esa llamada de atención pública, marzo se inicia con el reiterado incumplimiento por parte de la Cámara de Alicante. Siguen sin ser accesibles ni las subvenciones ni los convenios que ha realizado la entidad que este año se financiará con la friolera de 8,8 millones de fondos públicos.
En estas dos semanas, además, ha tenido lugar la visita del presidente de la Cámara de Valencia y del Consejo de Cámaras de la Comunidad, Vicente Morata, a la sede de la alicantina -pagada con fondos públicos – para decir a través de un comunicado oficial que – cita literal- estas corporaciones «no reciben subvenciones, desarrollan funciones de carácter público-administrativas», sino que desarrollan «programas». No se dio ningún dato. Eso sí, se felicitó al presidente alicantino por ser la entidad cameral que más fondos ejecutó en 2025 y la que mayor presupuesto tiene este 2026 en esa materia.
Resultado de la búsqueda en la BNS. / Firma: BNS
Lo que debería ser una felicitación sincera respondía a otra publicación de INFORMACIÓN en la que se reflejaba que Carlos Baño ha llevado a la entidad a uno de sus niveles máximos de dependencia de fondos públicos, concretamente al 88 %, un porcentaje muy por encima de lo que sucede en Valencia (66 %) y Castellón (64 %) en este ejercicio. Las cifras, extraídas de los portales de transparencia, no se ha traducido en un ejercicio de autocrítica o de análisis por quienes gestionan; sino que ha derivado en un juego de términos administrativos, donde el dinero público es menos público si se anota como programa que como subvención.
Así, es falso que las cámaras de comercio no reciban subvenciones. Lo hacen. Las cinco de la Comunidad Valenciana recibieron un total de 29 por valor de 4.025.629,97 euros en 2025, según los datos publicados en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que depende de la Intervención General de la Administración del Estado y a la que están obligados a dar cuenta todas las administraciones públicas de este país. Por demarcaciones, Alicante obtuvo 9 subvenciones por importe de 1,2 millones. Respecto a la de Valencia, fueron cinco por una cantidad de 2.385.967,92 euros; luego está Castellón con 11 ayudas y una cantidad de 285.558,85 euros y, por último, las de Alcoy y Orihuela con dos cada una y 44.041 euros y 35.562,05 euros, respectivamente.
La Cámara de Alicante depende en un 88 % de fondos públicos, un porcentaje muy por encima de lo que sucede en Valencia (66 %) y Castellón (64 %) en 2026.
Por otra parte, están los programas, que sin duda alguna son la principal fuente de financiación de las entidades. Estas iniciativas se computan como «subvenciones», tal y como refleja el presupuesto de la propia Cámara de Alicante, porque son ingresos que proceden de fondos públicos, principalmente europeos. Sin embargo, su sistema de gestión es diferente y por este motivo, administrativamente no cuelgan de esta línea, lo que abre un juego que invita a trampear en la explicación de cómo se financian las cámaras.
Nadie ha computado el alquiler que pagaba el Ayuntamiento de Alicante como «subvención» a pesar de que se pague con dinero de las arcas públicas. Es un «ingreso por explotación», los cuales, por cierto, se han desplomado y, por lo tanto, imputable a la gestión de la corporación.
Sin rendición de cuentas
Ahora, ¿qué impacto tienen esos programas, cuántas empresas se benefician y qué perfiles asisten? Esa información se publica en las memorias; pero la Cámara de Alicante no lo hace desde 2023.
Pero, sin desviarse del uso del dinero público, cabe destacar otra cuestión que Baño olvida y es la inversión que se ha hecho en Panoramis. ¿La adecuación de la fallida nueva sede que ha costado cuatro millones de euros la van a pagar las empresas camerales? ¿Se hará una derrama por parte de quiénes dieron el sí a todo sin tener licencia? ¿Nadie asume la responsabilidad?
Comparativa presupuestaria del reparto de ingresos públicos en las cámaras de Alicante, Valencia y Castellón. / Fuente: portales de transparencia
Otras dos cuestiones es que el retroceso en la independencia económica visibiliza la pérdida de ingresos «privados». La mayor es la relativa al fin del alquiler del antiguo Palas. Los 600.000 euros del Ayuntamiento d Alicante. Esto tampoco preocupa, al parecer.
Por último, el hecho de poner el acento en la dependencia de fondos públicos tiene una segunda consecuencia como es la pérdida de músculo empresarial. Las aportaciones del Club Cámara han bajado, según reconoció el tesorero en la presentación de las cuentas a la asamblea. Pero «la caída de ingresos privados de unos 800.000 euros con respecto al año anterior (…) se ve sobradamente compensada con los ingresos por ejecución de más programas financiados con fondos públicos y de la UE», dice textualmente el acta de la Cámara del pasado 26 de noviembre. Así que con esta filosofía, tan alejada del mundo empresarial, se gestiona el presupuesto de una entidad donde 9 de cada 10 euros son de procedencia pública.
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