El uso exponencial de la IA afecta a casi todas las profesiones, y una de ellas es la de abogado. Las herramientas de Inteligencia Artificial ya son utilizadas por el 80 por ciento de los despachos y cada vez más jueces y fiscales, que ven en ellas un elemento de optimización de su trabajo, si bien aparecen nuevos desafíos que ponen el peligro el derecho a la defensa de los ciudadanos y también el negocio de los bufetes.
Así lo cree el Colegio de la Abogacía de Madrid, el más grande de Europa en número de colegiados, que apunta al riesgo de las «consultas automatizadas» que ya se estarían produciendo a través de plataformas y ‘chatbots’ que ofrecen asesoramiento legal a los ciudadanos sin control profesional. Por ello ya han acudido a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para proponer una reforma legislativa contra este «neointrusismo profesional».
«Intentamos ir por delante», señala a EL PERIÓDICO Ignacio de Luis, jefe de los Servicios Jurídicos del colegio madrileño. Sugieren una reforma del delito previsto en el artículo 403 del Código Penal para que se incorporen salvasalvaguardas antes de que el fenómeno alcance dimensiones de alarma social.
Pese a que a esta institución no han llegado denuncias o quejas sobre el uso de estas plataformas, sí son conscientes de su existencia en redes sociales como es Tiktok para asesorar en materia de extranjería. Estas cuentas utilizan una imagen de un «supuesto abogado» para captar a afectados y ofrecer asesoramiento, pero en realidad no es más que una herramienta de IA sin supervisión profesional ninguna. «Sabemos que esto ya está aquí y podría ser una modalidad de intrusismo manejada por terceros porque el asesoramiento jurídico solo lo pueden dar los abogados».
Archivo – Imagen de recurso sobre la IA semántica. / GNOSS – Archivo
Dimensión extrajudicial
De Luis explica que los abogados usan la IA, y cada vez más, como herramienta de trabajo, pero si hace una demanda y está mal hecha, ese abogado es responsable de mala praxis. Sobre el intrusismo reconoce que afecta a la «dimensión extrajudicial» del trabajo de los letrados, puesto que a la hora de ir a un juez a presentar una querella o demanda la ley obliga a que vaya firmada por abogado y procurador.
No ocurre lo mismo en los campos en los que se asesora a un cliente en material laboral, fiscal, penal, familia etc. o se acompaña en negociaciones o mediaciones. Se trata de una un espectro muy amplio de negocio, que es el que puede verse afectado por este tipo de intrusismo. «Los honorarios pueden resentirse», reconoce De Luis. «Si cada uno mete su problema en ChatGPT, pues allá cada cual, mientras no se llamen despacho de abogados», agrega el experto, que apunta a que el intrusismo de la IA está afectando a otros profesionales liberales como son los arquitectos.
Propuesta de reforma
Por ello ya han entregado su propuesta a todos los grupos parlamentarios en el Congreso con el fin de que este «neointrusismo digital» termine convirtiendo el artículo 403 en un “tipo penal vacío” que únicamente resulte eficaz frente al intruso “humano” identificable. La propuesta advierte del peligro de dejar fuera una realidad de productos y servicios automatizados que son ofrecidos por plataformas «sin atribución personal de profesionalidad y con una autoría organizativa difusa que dificulta la imputación».
Así, se propone mantener intactos los apartados 1 y 2 del actual artículo 403 y añadir dos nuevos apartados (3 y 4) para cubrir supuestos de “intrusismo digital” sin criminalizar el uso legítimo de herramientas tecnológicas. Esos apartados deberían incorporar como criterio central la exigencia de que “siempre haya un profesional involucrado en el sistema”, para evitar un campo de impunidad y asegurar validación humana en servicios que puedan confundirse con asesoramiento profesional.
Deberían excluirse en todo caso, para no afectar a «usos lícitos», la difusión de información general sin personalización, las herramientas de apoyo interno usadas por profesionales y aquellos sistemas con supervisión humana profesional directa y efectiva, con identificación del profesional responsable ante el destinatario.
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