Més per Mallorca llevará al Congreso de los Diputados su ley para restringir la ocmpra de vivienda por parte de no residentes en Baleares después de que PP y Vox tumbaran la propuesta en el pleno de este martes en el Parlament. Los ecosoberanistas pelearán en Madrid por impulsar una norma que consideran esencial para poner fin a la escalada de precios de la vivienda en el archipiélago.
El coordinación de la formación, Lluís Apesteguia, y el diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, han anunciado este viernes su nueva línea de actuación, poniendo el acento en que el mayor problema que sufre la ciudadanía de Baleares, el acceso a una casa, no solo no ha mejorado, sino que empeora año tras año y todavía lo hará más en vista a que no se ha renovado la prórroga de alquileres y esta semana ha caído el escudo social.
En este sentido, la iniciativa original de 2024 recogía que el precio medio de la vivienda había incrementado un 30 por ciento, un dato que ha aumentado hasta el 44 por ciento entre 2020 y 2025. «Seguimos siendo la comunidad con la tasa más elevada de transacciones realizadas por no residentes», ha incidido Vidal, que llegó al 26 por ciento el 2024 según la memoria del CES del año pasado. El 54 por ciento de las viviendas, además, les compran empresas o fondos de inversión.
Para Apesteguia, esto datos constatan el fracaso de las políticas de desregularización del territorio y la vivienda del Govern, al menos, «para la gente normal que quiere desarrollar su proyecto de vida en las Islas». «En vista de que el PP de Prohens prefiere continuar favoreciendo a los especuladores en vez de a la gente trabajadora, llevaremos la iniciativa al Congreso», ha afirmado, por su parte, Vidal.
Los dos diputados han coincidido en el hecho de que, a su parecer, en Baleares el PP «ya se ha retratado y ha elegido especulación». Sin embargo, han recordado que en el Congreso hay una mayoría de izquierdas que podría apoyar la iniciativa. La propuesta de la norma parte de la base de que ya hay territorios de la Unión Europea que aplican limitaciones a la hora de adquirir una vivienda.
Tanto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) como varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE prevén la implantación de medidas restrictivas al movimiento de capital relacionado con la adquisición de viviendas por parte de no residentes siempre que se cumplan las condiciones de razones imperiosas de interés general, especificidad, proporcionalidad, evaluabilidad y no discriminación.
En vista a justificar la proporcionalidad, la ley que propone MÉS detalla diez condiciones de las que los municipios tendrían que cumplir, como mínimo, tres, para aplicar restricciones en la compraventa de viviendas. Entre ellas, que el precio de compra o alquiler haya aumentado un tres por ciento por encima de la variación del IPC de Baleares los últimos cinco años, superar el umbral que se establece para viviendas vacías y no principales, que el precio medio de compra supere por lo menos el total acumulado de la proyección de diez años del salario neto media de Baleares o que el precio medio de compra o de alquiler supere en un 35 por ciento la media nacional.
La capacidad de evaluación se cumple fijando un plazo de diez años para aplicar y hacer balance del impacto de las restricciones para mantenerlas o retirarlas. La especificidad se justifica al aplicar, como máximo, tres medidas concretas como la limitación de la compra a no residentes, a personas jurídicas y a propietarios de una vivienda habitual.
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