El Ministerio de Defensa ha rechazado aplicar las medidas cautelares solicitadas por Santa Bárbara Sistemas para suspender la ejecución de los contratos de artillería adjudicados a la UTE formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), por un importe total de 7.240 millones de euros, según fuentes conocedoras del proceso y la resolución administrativa consultada.
La filial en España de General Dynamics presentó el pasado 22 de enero un recurso de alzada ante la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, en el que pedía la anulación de las resoluciones de adjudicación de dos programas: el sistema de artillería autopropulsada sobre ruedas (ATP Ruedas) y el sistema de artillería de cadenas (ATP Cadenas).
En concreto, el contrato de ATP Ruedas asciende a cerca de 2.686 millones de euros y cuenta con una prefinanciación mediante créditos estatales al 0% de interés de 1.181 millones. Por su parte, el programa de ATP Cadenas se adjudicó por 4.554 millones de euros, con un préstamo público sin intereses de 1.821 millones.
Defensa dispone de 90 días para resolver el recurso de alzada (hasta el 22 de abril de 2026). No obstante, debía pronunciarse en el primer mes sobre la solicitud de suspensión cautelar. De no haber contestación, se habría interpretado como silencio administrativo y las cautelares se habrían dado por aceptadas. La respuesta, sin embargo, ha sido negativa.
Según la resolución, la Asesoría Jurídica General de la Defensa emitió un informe desfavorable a la suspensión pedida por Santa Bárbara, un criterio que ha pesado en la propuesta de la Subdirección General de Recursos e Información Administrativa para desestimar las cautelares. El texto está firmado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, por delegación de la ministra, Margarita Robles.
En todo caso, fuentes próximas al procedimiento subrayan que la decisión de no paralizar los contratos “no prejuzga” el análisis de fondo del recurso de alzada, que deberá resolverse tras examinar los argumentos de las partes. Esa decisión, además, podría ser revisada posteriormente por la jurisdicción contencioso-administrativa.
Santa Bárbara sostiene que cuenta con capacidad técnica y experiencia acreditada en el sector y que, como mínimo, su candidatura debería haberse tenido en consideración. También cuestiona que la UTE Indra-Escribano sea la “única empresa capacitada” para cumplir los requisitos y reclama, en la práctica, poder concurrir a los proyectos. La compañía considera que suspender las adjudicaciones evitaría eventuales indemnizaciones futuras si su recurso fuese estimado.
Mientras tanto, el frente judicial sigue abierto. Santa Bárbara ha llevado el caso a los tribunales con recursos contencioso-administrativos —incluida la impugnación de la prefinanciación— y ha avanzado que, si finalmente Defensa desestima el recurso de alzada, recurrirá ante la justicia ordinaria una vez agotada la vía administrativa.
Desde Indra, su presidente ejecutivo, Ángel Escribano, ha calificado de “gran error” los recursos presentados por Santa Bárbara y ha afirmado que les ve “poco recorrido”, al tiempo que aseguró que la compañía trabaja “a pleno rendimiento” en estos programas. Sus declaraciones llegaron en el marco de la presentación de resultados de Indra, ejercicio en el que la empresa declaró un beneficio de 436 millones y mejoró las previsiones de su plan estratégico, con una reacción positiva del mercado y la acción en zona de máximos históricos, por encima de los 61 euros por título.
Con este primer pronunciamiento, Defensa despeja —por ahora— el riesgo de una paralización inmediata de las adjudicaciones, aunque el litigio de fondo continúa pendiente de resolución administrativa y judicial.
