El pasado 24 de enero, Terrassa inauguraba los Jardines de Eva Abad. Una plaza dedicada a la doctora de un CAP egarense que fue asesinada por su marido en julio de 2019. Un crimen que la justicia resolvió de forma rápida: el asesino, Manel Pérez Sucarrats, está en la cárcel, con sentencia firme de 24 años y el Tribunal Supremo le ha denegado ya una rebaja de condena.
Pero la sentencia también contemplaba una serie de indemnizaciones para la familia de Eva Abad. Aquí no hay avances. Su hermana Raquel denunció durante la inauguración de la plaza la situación en la que se encuentran: «Está siendo un proceso interminable. Casi siete años después del asesinato de mi hermana aún no está resuelto el tema de la responsabilidad civil. Le estamos pagando la hipoteca al asesino de mi hermana«. Un caso paradigmático de un drama añadido e invisible provocado por los crímenes machistas.
Periplo judicial interminable
Este caso ejemplifica el drama oculto de las sentencia por violencia machista: la ejecución de la condena penal va por una vía, más ágil, pero la ejecución de la responsabilidad civil, que incluye indemnizaciones económicas y patrimoniales, se estanca, provocando que las víctimas y sus familias queden atrapadas en un periplo judicial interminable.
Hasta ahora no hay estadísticas públicas oficiales específicas en España que midan de forma sistemática cuántas sentencias por violencia machista establecen responsabilidad civil y cuánto tiempo tarda su ejecución, ni sobre cuantías efectivamente cobradas o plazos de cumplimiento en estos casos. Esa ausencia de un estudio oficial con datos completos sobre la responsabilidad civil específica en estos procesos es en sí misma un dato relevante: evidencia la invisibilización estadística de la reparación económica en la violencia machista, más allá de las cifras de condenas penales.
Los abogados de las víctimas reclaman que el Gobierno legisle para habilitar una vía rápida «en estos casos traumáticos»
La doctora Abad dejó dos hijos, entonces menores de edad. Son los herederos directos de los bienes de su madre. El 50% de dos inmuebles: la vivienda principal y un piso en la costa. La primera, con una elevada hipoteca. Si dejan de pagar, la pierden. El 50% restante, a nombre del asesino, que no tienen ninguna prisa de llegar a acuerdos porque va a estar 24 años encerrado. El juzgado ordenó el embargo de los bienes solicitado por la sentencia. El caso entró entonces en ese periplo judicial interminable, que a día de hoy sigue sin resolverse.
Gastos infinitos
«Hasta que la sentencia no es firme, no se puede ejecutar aunque haya embargos», explica Isabel Cazorla, la abogada que llevó el proceso penal. Una sentencia que fue recurrida por el asesino y que no ha sido confirmada por el Supremo hasta 2023, cuatro años después del crimen. «Los hijos han ido creciendo, ahora van a la universidad, tienen que pagarse sus estudios, los gastos de vivir fuera…», apunta la hermana de la fallecida.
El caso ha sido un viacrucis desde el principio. Ya desde la instrucción, cuando aparecieron varios seguros a nombre de la doctora. Alguno vinculado a la hipoteca, otro por deceso: «En algunos casos hemos encontrado una buena predisposición del banco. En otros hemos tenido que pelear mucho», explica su hermana a EL PERIÓDICO.
La sobrecarga de los juzgados penales alarga la espera para tasaciones, nombramiento de peritos y ejecución forzosa de bienes
En lo referente a lo judicial, el proceso se ha ido dilatando. En primer lugar por la inherente lentitud de la justicia en España. «Si la administración de Justicia antes ya iba mal, ahora son palabras mayores con los cambios que hemos tenido con la nueva ley. Es un caos». Pero además, este tipo de casos tienen una particularidad: «Estamos en la sala penal, de una sentencia penal, en la responsabilidad civil. Esto deja de ser prioritario» resume la letrada.
Tasación interminable
«Ahí quedó encallado», explica Alex De Dios, el abogado especializado en Derecho Civil que ahora lleva el tema. «El problema es que las partes no llegan a un acuerdo y eso lleva a la ejecución forzosa. Los inmuebles han de ser tasados por un périto judicial». Hay que esperar a que la Sala de lo Penal (saturada de causas penales) designe tasador de una pieza civil. El problema se eterniza. El juzgado por fin nombra un perito. El perito renuncia porque se va a jubilar en breve. Vuelta a la casilla de salida.
Ahora siguen a la espera de nuevo tasador. Cuando se supere esa parte del proceso, los inmuebles pasarán casi con toda seguridad a subasta electrónica, convocada en el BOE, con la demora que ello conlleva. Los hijos, además, son solamente propietarios de un 50% de los inmuebles. ¿Y quién querría comprar solamente el 50% de un inmueble? Otro complicado proceso en el que los herederos tienen el derecho de tanteo si se lo quieren quedar, o alcanzar acuerdos con el postor.
Fuentes de la abogacía aseguran a este diario que «las subastas no siempre quedan desiertas. Hay una figura algo turbia que es el inversor de proindiviso; son fondos buitres que localizan este tipo de casos y compran esa mitad. Así pueden presionar a los propietarios del 50% restante. O le compras su mitad muy cara, o te hacen ellos oferta por tu mitad a bajo precio».
Haciendo reclama
Acabar cobrando esa indemnización no supone acabar con la pesadilla. Se pueden dar casos como el del asesinato de una mujer en Alcalá de Guadaira en 2015. Las hijas recibieron como indemnización no dinero sino bienes: la propiedad de la mitad de dos coches que poseía el matrimonio y de la vivienda donde convivían. Hacienda les reclamó el 8% de esos bienes. 5.000 euros que ellas, cobrando cada una una pensión no contributiva de poco más de 400 euros, no podían pagar. Se vieron obligadas a hacer campañas para recaudar ese dinero.
Otras veces no hay ni dinero, ni bienes. «A veces el otro no tiene nada», explican desde el Colegio de Abogados de Zaragoza. Todos los colegios en España tienen un Servicio de Asistencia a la Mujer, y en el aragonés recuerdan el caso «de un mujer asesinada, que era latinoamericana y estaba de okupa. Hubo problemas para deportar el cuerpo. No tenía papeles ni ayuda de ningún tipo. Al final la familia pidió ayuda y tuvo que ser el Ayuntamiento de Zaragoza el que se encargó de costearlo».
En otros casos, el asesino tiene propiedades… en el extranjero. Si sacar adelante un expediente así ya es lento en territorio nacional, en un caso internacional es casi imposible. Hace falta el reconocimiento de sentencia en el otro país. Un procedimiento que no impulsa el juzgado automáticamente. Lo tienen que iniciar los abogados de la familia en el país extranjero, con procuradores y abogados locales, traducciones juradas, tasas y a veces años de litigio.
Solución: legislar
Todas las responsabilidades civiles de las sentencias por asesinatos machistas están en salas penales que no están diseñadas para ejecuciones patrimoniales. Ahí pasan a ser secundarias, en un ya saturadísimo aparato de justicia. La solución, según Álex De Dios, pasa «porque el Ejecutivo legisle para una vía rápida en estos casos traumáticos». El Estado como responsable subsidiario.
Desde el Ministerio de Justicia han asegurado a este diario que para ellos «ha sido desde el primer día una prioridad la agilización de los procesos judiciales, con el fin de evitar prejuicios para la ciudadanía, que tiene derecho a un servicio público de justicia cercano, ágil, accesible y eficaz. Por ello en 2024 se aprobó la ley de eficiencia de la Justicia, con la que se ha creado una nueva estructura judicial que permite homogeneizar criterios, mejorar la carga de trabajo e impulsar la especialización. Esta norma transforma los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y ha entrado en vigor por fases durante el año 2025″.
«La ley de eficiencia también refuerza la lucha contra la violencia de género al ampliar las competencias de las secciones de violencia sobre la mujer (antes juzgados de violencia sobre la mujer) para incluir todos los delitos de violencia sexual. El objetivo es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente son investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad», concluyen.
A falta de tener un balance de cómo se ha ido implementando este ley, datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan que la ampliación de competencias que implica la reforma procesal puede elevar la carga de trabajo de las secciones de violencia sobre la mujer una media del 12,9 %, con variaciones territoriales entre aproximadamente 2,8 % y 20 % según el partido judicial. Fiscalía y jueces han advertido de que estos juzgados ya estaban sobrecargados de casos incluso antes de la reforma.
Los juzgados especializados en violencia machista, que son los que tramitan también las responsabilidades civiles derivadas de las sentencias penales, están saturados por su carga penal y ahora también por nuevas competencias civiles y penales sin medios adicionales suficientes. Esta sobrecarga estructural es precisamente la que alarga la espera para tasaciones, nombramiento de peritos y ejecución forzosa de bienes, porque esos trámites quedan subordinados dentro de un órgano con muchos casos pendientes.
Desde el Ministerio de Igualdad se remiten a «un pacto de Estado contra la violencia de género, a cinco años, que se está implementando desde este mes de marzo», pero aseguran que no tienen peticiones de abogados en ese sentido. «De momento estamos con violencia vicaria y medidas con el resto de administraciones. Cuando se aborde el apartado de violencia económica se irá viendo», apuntan.
Suscríbete para seguir leyendo
