La Fiscalía de Barcelona ha creado un servicio pionero contra la violencia hacia menores y adolescentes, que también abarcará otros aspectos, como las agresiones sexuales en grupales o en serie cometidas por adultos y los delitos contra personas con discapacidad o con enfermedad mental. «En el centro está la protección de la víctima», ha asegurado efiscal Félix Martín, que, junto con otros cuatro fiscales —entre ellos, Elisabet Jiménez—, se encargará de esta unidad, impulsada por la fiscal jefe de la capital catalana, Neus Pujal. El servicio se creó el pasado 8 de enero y ya tiene encima de la mesa alrededor de 200 casos, entre ellos el del catedrático Ramón Flecha, denunciado por los presuntos abusos cometidos durante dos décadas en la Universitat de Barcelona. La fiscal jefe ha solicitado más refuerzos para completar este equipo. La idea es extender este servicio a toda la provincia de Barcelona, en coordinación con los fiscales de cada territorio.
Tanto la fiscal jefe como Félix Martín —que en su día se encargó del juicio con jurado por el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona— han remarcado este viernes, en la presentación del servicio, que el proyecto es muy ambicioso y que se ha creado a raíz de la puesta en marcha de los tribunales de instancia de violencia contra la infancia y la adolescencia, un órgano judicial novedoso recogido en la ley de eficiencia de la justicia, que entró en funcionamiento en abril de 2025.
Este nuevo servicio está en consonancia con la Unidad Central de Agresiones Sexuales (UCAS) de los Mossos y, por esta razón, también se encargará de los asuntos de violadores en serie. Pero la idea principal es «proteger a las personas que se encuentren en una especial vulnerabilidad», como los menores y adolescentes, pero también las víctimas de agresiones sexuales grupales. «El modelo sitúa en el centro a la víctima y su protección», ha insistido Martín, responsable de esta sección. «Hacer la justicia más humana», ha subrayado el fiscal, que será el único, por ahora, que se dedicará de forma exclusiva a esta unidad.
Martín ha querido dejar claro el concepto de vulnerabilidad y, sobre todo, que no depende únicamente de las circunstancias personales de la víctima, sino también de su contexto y de su entorno. Es decir, si tiene, por ejemplo, dependencia económica o miedo a la hora de enfrentarse a un proceso judicial, o temor al agresor. En el caso de menores y adolescentes, la mayoría de la violencia —tanto sexual como física— es ejercida por familiares o personas del entorno de la víctima.
«¿Por qué proteger es ser más eficaz?», se ha preguntado el fiscal, porque no solo se deben tener en cuenta las circunstancias de la vulnerabilidad, sino también «procurar no provocar un segundo daño», como sería revictimizar al niño o al adolescente que ha sufrido el delito. Por esa razón, el servicio no solo procurará que el proceso judicial sea más eficaz, sino que intentará por todos los medios «minimizar el impacto» en la persona afectada y que únicamente deba declarar una vez.
Una justicia adaptada a la infancia
Su compañera Elisabet Jiménez, que quien llevó el caso de Dani Alves, ha explicado que uno de los objetivos del servicio sobre violencia infantil y adolescencia es «ir más allá» de la corroboración de los hechos relatados por los menores y poner en práctica una protección especial de la víctima. Esta fiscal lo ha definido con pocas palabras: «Una justicia adaptada a la infancia», lo que comporta que la víctima declare solo una vez durante el proceso, pero también que no tenga contacto visual con su agresor y evitar «daños accesorios».
El modelo Barnahus, en el que los niños y niñas son atendidos por un equipo multidisciplinar, es fundamental para esta finalidad. Para ello, es importante ampliar «el foco» durante la investigación y tener en cuenta la relación entre la víctima y el denunciado, el modo de operar, la reacción del entorno, cuánto tiempo ha durado la violencia y la respuesta del menor. En este sentido, advirtió: «No podemos pretender que las víctimas reaccionen igual», porque «pueden no tener síntomas» o no recordar algunos detalles. Para eso, se debe «escuchar» a los especialistas, a los psicólogos. Los niños, además, pueden tomárselo como un juego y no como una agresión e, incluso, pueden sentirse culpables.
Personas con discapacidad
Otra de las funciones de las que se encargará este servicio son los delitos graves (castigados con penas de más de cinco años de prisión) en «asuntos de gran relevancia social o interés público» cometidos contra personas con discapacidad y personas mayores vulnerables. Según el decreto de creación de la unidad, se está produciendo un aumento de estafas, abusos patrimoniales y maltrato contra ancianos.
De ahí deriva, a juicio de la Fiscalía, «la necesidad de implantar protocolos probatorios específicos para acreditar la vulnerabilidad (coordinación con médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales), así como establecer una relación estable con residencias, centros de día y entidades tutelares, para la detección precoz de situaciones de riesgo». Y, con todo ello, con el propósito de ofrecer una respuesta unificada frente a «la criminalidad organizada que explota a mayores o personas con discapacidad en delitos graves».
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