La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, María Esperanza Collazos, considera incompatible que la abogada Rosa María Seoane, que actuó como abogada del Estado en el caso Plus Ultra en defensa de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ejerza la defensa de uno de los investigados en la pieza separada de la misma causa, que se mantiene en secreto, según informan fuentes del caso a esta redacción.
Seoane, cuyo nombre saltó a la opinión pública como responsable de la Abogacía en el ‘procés’, actuó en el caso Plus Ultra en defensa del expresidente de la SEPI Bartolomé Lora, que fue objeto de la querella que interpuso el sindicato de funcionarios Manos Limpias, que también incluyó a otros de los que consideró responsables del rescate a la aerolínea, entre los que se encontraba la ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Bartolomé Lora durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’. / SENADO – Archivo
Sin embargo, la causa acabó archivada después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid impidiera a la jueza Collazos llamar a declarar como imputado al representante legal de Plus Ultra Líneas Aéreas SA al constatar que en la fecha de la citación, el 25 de mayo de 2022, ya había transcurrido el plazo legalmente previsto para la instrucción de la causa sin que la misma hubiera sido prorrogada. El juzgado acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, y que se había aplicado correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.
Cuatro detenciones
Tras la detención en diciembre pasado del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; la de su ‘número dos’, Roberto Roselli; la del empresario español Julio Martínez Martínez y la de un abogado, trascendió que la jueza Collazos llevaba varios meses investigando en secreto presuntos delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias por el uso supuestamente irregular del dinero del rescate por parte de la SEPI de Plus Ultra.
En esta causa secreta también se ha conocido que la fiscal Lorente se opuso a que el letrado José María Bueno, quien había representado al denunciante Manos Limpias en la pieza principal, defendiera al empresario Julio Martínez Martínez, quien en declaraciones realizadas a ‘El Mundo’ confirmó que recurrió a los servicios del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero no para temas vinculados a Plus Ultra.
MADRID, 13/12/2025.- El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla. / Borja Sánchez-Trillo / EFE
Fuentes empresariales conocedoras de la actividad de Julio Martínez Martínez relatan a este diario que Plus Ultra encomendó a este empresario realizar gestiones relacionadas con la operativa de transporte aéreo en Venezuela. Además, el exconsejero de la aerolínea Rodolfo Reyes, uno de los ciudadanos venezolanos a los que la ex fiscal general del país sudamericano Luisa Ortega Díaz vinculó a los negocios irregulares del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue el personaje ‘clave’ para que la compañía recurriera a Martínez Martínez.
Otro caso
Los empresarios peruanos Felipe y Enrique Baca Arbulu se valieron de la empresa Trowbridge, creada en España, para adquirir al menos una vivienda en la localidad francesa de Hossegor, según informan a esta redacción fuentes implicadas en el caso Plus Ultra. La sociedad Trowbridge, que inició su actividad el 16 de diciembre de 2020 con un capital de 3.000 euros, amplió el 10 de mayo de 2021 este capital en 970.000 euros. Se da la circunstancia de que el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo de 2021 la operación de respaldo público a la aerolínea, que recibió el 18 de marzo de 2021 un préstamo ordinario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 19 millones de euros. El resto de la ayuda pública, hasta los 53 millones, se canalizó a través de un préstamo participativo de otros 34 millones de euros.
Precisamente, Felipe y Enrique Baca Arbulu fueron dos de siete querellados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Plus Ultra, en el que también estarían implicados Gabriela Puente Garaboa (Venezuela), Danilo Alfonso Diazgranados (Venezuela), Simon Leendert Verhoeven (Países Bajos y Suiza), Kristhian Alegre Walter (Perú) y un letrado español, cuyas fuentes consultadas desvinculan con las actividades de la compañía aérea.
Fondos de Venezuela
El Ministerio Fiscal acusa a directivos de Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones de la SEPI, cuyo dinero habría servido para llevar a cabo «operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela», según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, se trataría de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)», especifica un auto de la Audiencia Nacional.
MADRID, 13/12/2025.- El director ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra, Roberto Roselli (d), a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla después de quedar en libertad. / Borja Sánchez-Trillo / EFE
La Oficina de Denuncias de Blanqueo de Capitales de Suiza remitió el 1 de octubre de 2021 un informe al Ministerio Público helvético en el que alertaba de que varios de los denunciados en el caso Plus Ultra habían recibido al menos 2,7 millones de euros en las cuentas bancarias que habrían utilizado para blanquear fondos de países sudamericanos, sobre todo de Venezuela.
En concreto, habrían recibido un millón de euros el 24 de enero de 2019, 994.356 euros el 14 de mayo de 2019 y 750.000 euros el 15 de abril de 2020. Y cinco días después de recibir la denuncia de Antiblanqueo, el 6 de octubre de 2021, la Fiscalía suiza abrió una investigación por la que finalmente acusó a los integrantes de una «organización criminal» del lavado «a gran escala» de importantes sumas de dinero «de personas sujetas a sanciones internacionales«. Esta investigación de Suiza y la de las autoridades francesas están en el origen de las pesquisas abiertas en España.
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