El Gobierno de España aprobará en Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, comúnmente conocida como zona catastrófica, en todos los municipios de Andalucía que han sufrido las consecuencias del último temporal.
Así lo ha confirmado este domingo la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita a Villafranca, una de las localidades en riesgo donde se llevó a cabo el desalojo preventivo de 73 personas. Montero ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con los territorios afectados, asegurando que “no vamos a escatimar en esfuerzos económicos, igual que tampoco lo hemos hecho en los recursos humanos”.
La declaración llevará aparejada la activación de un fondo de contingencia económico que permitirá atender con rapidez los daños ocasionados, especialmente en infraestructuras como carreteras y en las viviendas de los damnificados. Además, el Gobierno solicitará la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, un mecanismo ya activado tras la DANA de Valencia, aunque la vicepresidenta ha reconocido que su tramitación es compleja y que su cobertura no es inmediata ni especialmente generosa: «En Valencia cubrió una parte muy pequeña».
María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, este domingo, en Villafranca. / Víctor Castro
En este sentido, Montero ha recalcado que la respuesta ante la emergencia debe ser coordinada: “Aquí no se trata de pedir a otras administraciones, sino de que cada una ponga lo mejor de sí misma”.
Operativo de emergencias
Durante el temporal, el Estado ha desplegado en Andalucía un operativo de más de 11.000 efectivos, entre agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha informado Montero.
A este dispositivo se suman 40 técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que trabajan en el análisis de los movimientos de tierra en Grazalema, uno de los puntos que más preocupa actualmente a las administraciones.
En esta localidad se decretó la evacuación total de la población, una medida que ha afectado a unas 1.500 personas, ante el riesgo derivado de los deslizamientos del terreno.
