Las claves
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El Gobierno ha intensificado este miércoles su ofensiva contra las grandes plataformas digitales tras la acusación del fundador de Telegram, Pável Dúrov, de que España avanza hacia un «estado de vigilancia» con la excusa de la protección digital.
Dúrov respondía así a las medidas anunciadas el martes por Pedro Sánchez que, entre otras cosas, prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
En Moncloa interpretan el mensaje que Dúrov ha enviado a todos los usuarios de Telegram como un «ataque ilegítimo» y sostiene que refuerza la necesidad de regular las redes. «Es la primera vez que ocurre algo así en la historia de nuestro país», subrayan.
Hasta el propio presidente del Gobierno y el ministro Óscar Puente se han lanzado a criticar la actitud de Dúrov en otra red social, X. Esta vez gestionada por el magnate Elon Musk, con quien Sánchez también ha tenido un ‘encontronazo’ por sus medidas sociales.
En el tuit polémico, Pedro Sánchez ha instado a «dejar que los tecno-oligarcas ladren», una expresión que, más que un gesto conciliador, evidencia la creciente tensión entre el presidente y los sectores tecnológicos críticos con su gestión.
Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2026
Según fuentes gubernamentales, el mensaje del empresario es una respuesta al intento del Ejecutivo de reforzar la regulación del entorno digital, especialmente en lo relativo a la responsabilidad legal de las plataformas y la supervisión de los algoritmos.
El anuncio de esas medidas ya había generado críticas por su alcance y por el riesgo de ampliar el control del Estado sobre internet.
Para Moncloa, el episodio confirma el diagnóstico del presidente: que el poder acumulado por las grandes tecnológicas y sus propietarios permite influir directamente en la opinión pública sin contrapesos democráticos.
«Los españoles no podemos vivir en un mundo en el que tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar nuestros teléfonos de propaganda a su antojo», señalan las mismas fuentes.
El Gobierno rechaza que las medidas anunciadas supongan un precedente para vigilar a todos los ciudadanos.
Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula. пока Pavel.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) February 4, 2026
En el caso de la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, defienden que responde a una lógica de protección comparable a las limitaciones existentes para el consumo de alcohol o la conducción.
El Ejecutivo aprovechó para cargar contra el modelo de funcionamiento de Telegram.
Recordó, por ejemplo, que Dúrov está siendo investigado por su posible responsabilidad en delitos graves, y que la plataforma ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control.
A su juicio, la arquitectura de mínima moderación diseñada por su fundador ha convertido la aplicación en «un espacio recurrente para redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas, con investigaciones abiertas en países como Francia, Corea del Sur o España».
El Gobierno también niega que la responsabilidad legal de los directivos de las plataformas implique censura o una retirada indiscriminada de contenidos.
Argumenta que esta obligación ya existe en el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea y que ningún tribunal europeo ha considerado que vulnere la libertad de expresión, al limitarse a contenidos ilegales previamente notificados.
Respecto a la denominada «amplificación algorítmica», Moncloa sostiene que su propuesta no busca decidir qué contenidos ven los ciudadanos, sino perseguir el uso fraudulento de datos personales y la manipulación de algoritmos para difundir desinformación o contenidos ilícitos, incorporando mecanismos de supervisión abiertos a instituciones, jueces y sociedad civil.
Aunque, sobre este asunto, ninguno de los ministerios implicados ha dado más información de las cuatro frases lanzadas el martes por el presidente del Gobierno.
Ahora, Sánchez parece ir a por los «tecno-oligarcas» apoyándose en lo que, a juicio de Moncloa, es una «preocupación social altamente compartida». Todo ello pese a que la propia Unión Europea le ha dado un toque de atención y le ha recordado que es «inviable» que él mismo pueda juzgar a directivos como Elon Musk o Dúrov.
Y es que, el enfrentamiento con el fundador de Telegram no es el único que su gobierno ha tenido este miércoles contra los «tecno-oligarcas». El ministro Óscar Puente ha usado también Twitter para anunciar que, tras el mensaje difundido en Telegram, se iba a desinstalar la aplicación.
«Nunca fue de gran utilidad», ha bromeado el ministro de Transportes. Tal vez, sin tener en cuenta que su propio Ministerio tiene un canal de difusión en Telegram para acercarse a la ciudadanía. Al igual que lo tienen el resto de instituciones. El suyo, bien es cierto, no es el que tiene más usuarios suscritos. Esa ‘medalla’ se la lleva la ministra de Sanidad, Mónica García.
De hecho, a la vez que Moncloa enviaba a los medios de comunicación el mensaje en el que acusaba al dueño de Telegram de gestionar una aplicación convertida en un «espacio recurrente para redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas», el canal oficial del PSOE enviaba su agenda diaria para el conocimiento de sus seguidores.
Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula. пока Pavel.
— Óscar Puente (@oscar_puente_) February 4, 2026
Sea como fuere, el choque con Telegram vuelve a situar en el centro del debate el equilibrio entre regulación, seguridad y libertades digitales. Y reabre, además, la discusión política sobre hasta dónde debe llegar el Estado en el control del espacio digital.
Los 3 ‘bulos’ de Dúrov según Sánchez
En el comunicado remitido a los medios de comunicación, el Gobierno «desmiente» los cuatro bulos que, según ellos mismos, ha lanzado el fundador de Telegram en su difundido a todos los usuarios de su aplicación.
Dúrov sostiene que la responsabilidad legal de los CEO en la retirada de contenidos forzará una sobrecensura, eliminando voces críticas y opiniones disidentes. Desde Moncloa responden que esta responsabilidad ya está recogida en la normativa europea y que solo afecta a contenidos ilegales previamente notificados, sin vulnerar la libertad de expresión.
Sobre la creación del delito de amplificación algorítmica, Dúrov acusa al Gobierno de controlar qué contenidos ven los usuarios, limitando la exploración libre de ideas. El Ejecutivo aclara que la propuesta persigue impedir el uso fraudulento de datos y manipulación algorítmica para difundir desinformación, con supervisión transparente y abierta.
En relación con la «huella del odio y la polarización» que uso Sánchez en su discurso, el fundador de Telegram alerta de que definiciones vagas como esas podrían usarse para silenciar críticas al Gobierno y reprimir a la oposición. Desde Moncloa recuerdan que las leyes contra el discurso de odio ya existen y que su intención es mejorar la detección y erradicación de esos contenidos para proteger a menores y promover un debate seguro.
Pese a mostrar la «evidencia» ante los bulos del fundador de Telegram, lo cierto es que el Gobierno no ha enseñado todavía ninguna bases legal sobre la que soportar sus medidas y, hasta ahora, el único borrador que existe al respecto es el que prevé limitar el uso de internet a menores de 16 años que se está debatiendo ya en el Congreso de los Diputados.
